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El proceso de selección de jueces en México ha arrojado cifras que merecen un análisis detallado. Con 18,447 personas registradas para participar en la elección de personas juzgadoras, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo enfrenta una tarea monumental. Lo anterior fue dado a conocer por el ministro en retiro Arturo Zaldívar durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes 25 de noviembre.
Antes del cierre del registro, varios analistas y expertos en derecho expresaron escepticismo sobre la efectividad del proceso de selección popular de jueces. Argumentaban, sobre todo, que no habría una respuesta adecuada a la convocatoria, lo que podría llevar a un número bajo de registros.
Los números hablan por sí solos: 6,101 mujeres, 10,862 hombres y 105 personas no binarias buscan un lugar en el sistema judicial. Esta disparidad de género plantea interrogantes sobre la representatividad en la judicatura mexicana.
Para la Suprema Corte, 480 aspirantes compiten por 9 plazas. El Tribunal de Disciplina atrae a 333 candidatos para 20 puestos. La Sala Superior del Tribunal Electoral tiene 77 interesados para sólo 2 vacantes. Estos números reflejan un interés significativo en los altos cargos judiciales.
En los niveles intermedios, 5,192 personas aspiran a 2,784 puestos de magistrados. Para jueces de distrito, 10,599 candidatos buscan 2,316 plazas. Esta sobresaturación de aspirantes presenta un desafío logístico para el comité evaluador.
El proceso de insaculación reducirá estas cifras. Por ejemplo, de 480 aspirantes a ministros, sólo 27 llegarán a la etapa final. Este filtro busca asegurar que sólo los perfiles más calificados alcancen las posiciones clave.
El comité tiene hasta el 14 de diciembre para analizar los perfiles. Posteriormente, los finalistas enfrentarán entrevistas públicas. Este calendario ajustado exige eficiencia en la evaluación de miles de expedientes.
La magnitud de esta convocatoria plantea preguntas cruciales: ¿Cómo garantizar la objetividad en la selección? ¿Qué criterios prevalecerán para elegir entre tantos candidatos? ¿Logrará este proceso la renovación judicial que México necesita? ¿Podrá el sistema de elección popular favorecer a candidatos carismáticos en lugar de aquellos con la experiencia y formación necesarias, lo que resultará en una administración de justicia menos calificada? ¿Existen riesgos de que intereses políticos y económicos influyan en las elecciones, favoreciendo a candidatos con recursos para financiar campañas en detrimento de la meritocracia? ¿Qué porcentaje del padrón electoral acudirá a votar en las elecciones de juzgadores?
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del comité para navegar entre la cantidad y la calidad. La transparencia en cada etapa será fundamental para mantener la credibilidad del proceso.
La elección de jueces en México ha entrado en una nueva era. Los números están sobre la mesa. Ahora, el reto es lograr una participación masiva de los ciudadanos para intentar construir un sistema judicial más eficiente y cercano a las necesidades de los mexicanos. El 1 de junio de 2025 marcará el inicio de esta nueva etapa en la justicia mexicana. El tiempo dirá si este proceso logra la transformación prometida. InformaciónRadio Fórmula