1º de julio

Por Pascal Beltrán del Rio

Hace un año, más de 30 millones de mexicanos votaron por poner fin a la corrupción, la inseguridad y el pobre crecimiento económico.

Un año después, los tres deseos que pidieron los electores siguen sin cumplirse. Ni la corrupción ni la inseguridad ni el pobre crecimiento económico han dado muestras de ceder pese a que el gobierno surgido de esa elección asegura que sus políticas tendrán éxito.

El problema es que mientras los grandes corruptos continúen impunes, los incentivos para practicar el patrimonialismo seguirán ahí. El simple cambio de jugadores en la cancha de la administración pública no garantiza el fin de las mañas. Es más, corremos el riesgo de una regresión en la lucha contra la corrupción porque, con el pretexto de que los nuevos funcionarios son honestos —o al menos eso dicen ellos—, se han relajado los controles para frenar ese tipo de abusos.

“Como en administraciones anteriores, se continúa con los vicios y excesos del pasado en las compras y contratos gubernamentales e, incluso la contratación de dos empresas fantasma”, dice el recuento realizado por Causa en Común y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que la revista Nexos publica en su edición de este mes.

Si a eso agregamos el frenón que el gobierno metió en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción y las resistencias que ha mostrado para transparentar su gestión, podemos decir que la lucha contra este flagelo no sólo no ha avanzado durante los siete primeros meses de la administración, sino que se corre el riesgo de sufrir retrocesos.

No menos se puede decir de la lucha contra la inseguridad. Es verdad que México venía de un periodo sumamente violento de su historia, el más sangriento desde la Revolución, pero este gobierno no ha demostrado —más allá de un diagnóstico que cualquiera podría haber hecho— un entendimiento cabal del problema ni de cómo hacerle frente.

Eso se nota en el avance de la descomposición. Varios de los meses que han transcurrido de diciembre a la fecha se han distinguido por ser los más rojos desde que se lleva la cuenta de los homicidios dolosos, como sucedió en mayo y muy probablemente ocurra en junio.

Contra la opinión de diversos expertos, el gobierno se ha resistido a construir cuerpos policiacos municipales y ha apostado por una nueva organización de corte federal, la Guardia Nacional, para hacer frente a la inseguridad. Ésta comenzó ayer sus operaciones de manera formal, pero cerca de la mitad de sus elementos ya estaban asignados para cumplir el compromiso con Estados Unidos de frenar la ola migratoria que viene de Centroamérica, lo que limitará su despliegue.

Por último, el lento crecimiento económico de décadas recientes ya se había traducido en falta de oportunidades para todos. López Obrador prometió en campaña que la expansión promedio de 2% anual se multiplicaría por dos durante su gobierno. Sin embargo, los pronósticos no son alentadores, pues ninguna entidad especializada cree que México crecerá más de 1% este año. Una de las razones principales es la incertidumbre económica que se ha generado, derivada de algunas medidas de esta administración, así como de la impredecibilidad de su política económica.

Nadie debiera esperar que un gobierno dé resultados en siete meses, pero el balance se hace necesario por la decisión del presidente López Obrador de rendir un informe de labores justo en el aniversario de su triunfo electoral.

Es razonable que desee celebrar la efeméride con sus simpatizantes, pero transformar la fiesta en acto de rendición de cuentas lo puede dejar sin nada que presumir. Claro, si ha de informar con la verdad. Información Excelsior.com.mx