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El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores dedicados a proporcionarnos seguridad tienen una razón bien justificada para celebrar que en 2022 se registraron bajas importantes en las incidencias de diversos delitos.
Por ejemplo, el homicidio doloso descendió 7.88%, el feminicidio 5.68%, el secuestro 17.39%, el robo con violencia 6.57%, el robo de vehículo 2.70%, el robo a casa habitación 0.88%, el robo a negocio 3.59%, el robo en transporte público 1.11%.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte Cuatro Años Perdidos en Materia de Seguridad elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, se elevaron las incidencia de otros crímenes: homicidio culposo aumentó 5.90% (por un incremento importante en el número de muertes en accidentes de tránsito), extorsión 16.31%, trata de personas 22.70%, violación 8.08%, violencia familiar 5.70% y narcomenudeo 4.09%.
El mismo reporte anota que, desafortunadamente para AMLO y todos los mexicanos y pese a los éxitos obtenidos por su gobierno el año pasado, durante el periodo 2019-2022 las tasas (número de casos por cada 100 000 habitantes) de 11 delitos establecieron récords históricos. En 2019 alcanzaron su máximo histórico las tasas de homicidio doloso, robo a negocio y otros delitos que atentan contra la sociedad; en 2021 fueron las de feminicidio; y en 2022 fueron las de extorsión, narcomenudeo, trata de personas, violación, violencia familiar, otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal y contra la libertad personal.
Algunas conclusiones del reporte seguramente no serán del agrado de AMLO ni de los secretarios de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, de la Marina José Rafael Ojeda, de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Icela Rodríguez o del comandante de la Guardia Nacional David Córdova Campos. Entre ellas:
A pesar del “cambio de estrategia” del gobierno federal, las organizaciones delictivas no solo han permanecido, sino que su operación ha evolucionado en detrimento del bienestar de la población.
La crisis de violencia y de salud generada por fentanilo ha sido prácticamente invisible durante los últimos años, pese a que la incautación de este opioide sintético ha aumentado año tras año.
La prometida “receta mexicana para la pacificación del país” ha sido superada por la realidad a 4 años de la llegada de la actual administración federal.
La relevancia del gasto público en seguridad ha disminuido durante los últimos años. En 2018 de cada 100 pesos de gasto público se dedicaban 4.2 pesos a seguridad pública; en 2022 se dedicaron solo 3.2 pesos.
El reporte anota 14 riesgos de nivel alto de seguridad para 2023, entre ellos: injerencia de grupos delictivos en elecciones de Coahuila y Estado de México; feminicidios o intentos de feminicidio con alta repercusión en la opinión pública; aumento de extorsiones con efectos en cadenas de suministro; reacomodo de grupos delictivos en zonas del territorio y en mercados ilícitos; homicidios de periodistas; bloqueos carreteros y de vías de comunicación por parte de grupos delictivos; ataques cibernéticos dirigidos a la administración pública federal, descubrimiento de fosas clandestinas o de sitios de entierro múltiples con amplia publicidad en medios.
El tiempo se le acaba a Andrés Manuel y le heredará a su sucesor o sucesora un país en donde la delincuencia organizada ha ido ganando terreno y poder.
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