Por Ruth Zavaleta Salgado
Finaliza el 2019 con una agenda social, económica y política diferente a la que se pensó en enero por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres documentos muestran los objetivos y las buenas intenciones del Poder Ejecutivo: El proyecto de Nación 2018-2024, los 100 compromisos y el Plan Nacional de Desarrollo (PND). El primero sirvió como base para la campaña y evidenciar lo que aparentemente se haría diferente que en los otros sexenios, el segundo tenía que haber sido sancionado y corregido por los diputados federales (facultades exclusivas con base en el artículo 74 de la Constitución), pero prevaleció la confusión: en primer lugar, porque hubo dos planes, el del exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el que dice el Presidente que hizo él mismo y que los legisladores aprobaron con un anexo que emanó de un “parlamento abierto”, en donde se supone consultaron lo que debería contener el PND, pero después de haber sido presentado oficialmente.
Sobre los 100 compromisos hay tres balances sobre su cumplimiento: el del primer informe presidencial (1º de julio), el del segundo (1º de septiembre), que decía que había cumplido 78 compromisos, y el del tercer informe (1º de diciembre), donde dijo que había avanzado a 89 compromisos —recordemos que ha habido tres informes de gobierno a diferencia de los anteriores sexenios que sólo hacían uno al año—. Lamentablemente, la falta de datos para medir los resultados hace imposible evaluar o comparar lo dicho por el Presidente. Al igual que las conferencias matutinas, estos informes nos transmiten ideas y sentimientos del titular del Poder Ejecutivo, pero no información transparente, por ejemplo, entre los 100 compromisos se afirmó que se pondrían en funcionamiento 100 universidades, pero no hay un lugar en donde se puedan consultar los avances de esta promesa.
En el proyecto de nación, el Presidente definió siete ejes: legalidad y erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, desarrollo sostenible y buen vivir y reconstrucción nacional. Sobre el primer punto podríamos decir que, a pesar de que su lema es ser un gobierno honesto, en esta administración prevalece y se ha incrementado la adjudicación directa de contratos registrados en compranet, por otra parte, la forma en que se resolvieron los señalamientos contra el funcionario Manuel Bartlett fue semejante a la forma en que se resolvió el escandaloso asunto de la Casa blanca. Sobre el punto de recuperación de la paz, la inseguridad y la violencia prevalecen. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2019 se registraron 31 mil 688 homicidios dolosos en el país (2.7% más alta que el 2018). A nivel local, sólo 11 estados están por debajo de la comisión de delitos denunciados en el 2018, pero en la gran mayoría de los estados los delitos siguen creciendo, incluso entidades que no tenían tan desarrollada esta problemática o que, ya la habían controlado, han transitado a ser los más peligrosos en este sexenio, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Veracruz y la Ciudad de México.
Sobre el combate a la pobreza, el nuevo modelo de transferencias directas no sólo es opaco, sino que también no ha tenido los resultados prometidos, por ejemplo, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, de 62 mil 284 inscritos, solamente 48 mil 700 (4.5%) se colocaron en un empleo (5 mil 700 en la misma empresa donde cursaron la beca). En este caso cabe preguntarse, ¿cuáles serán los indicadores para medir el impacto en la movilidad social o disminución de desigualdad que este programa produce?
Respecto al tema de equidad y género, a pesar de los avances del Poder Legislativo en materia de paridad política, fue apenas el 21 de noviembre cuando el Presidente de la República firmó el acuerdo para la igualdad entre hombres y mujeres (programa con seis objetivos, 37 estrategias y 273 acciones). Mientras tanto, la violencia contra las mujeres siguió incrementándose al grado de que nuevos actores han irrumpido en el escenario público, tal es el caso de las jóvenes mujeres que, por medio de las redes convocan de forma espontánea a manifestarse en plazas públicas por esta problemática que, entre enero y noviembre de 2019 ha generado 890 feminicidios en el país contra 891 que hubo en el 2018 —al no estar contabilizado el mes de diciembre, lamentablemente, se prevé que el 2019 sea el más violento para las mujeres desde 2015—. Afortunadamente, frente a ello, aunque se escuche mediocre, hay que reconocer que en el caso de viabilidad financiera aun no estamos en crisis económica. Información Excelsior.com.mx