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Por Eduardo Ruiz-Healy
2020 fue el año más letal para los activistas de la tierra y el medio ambiente, asegura la ONG británica Global Witness, que ayer difundió su reporte “Last Line of Defense, The industries causing the climate crisis and attacks against land and environmental defenders” (Última Línea de Defensa, Las industrias causantes de la crisis climática y los ataques contra los defensores de la tierra y el medio ambiente).
227 personas fueron asesinadas en 21 países por actuar pacíficamente contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o dañina de los recursos naturales o el medio ambiente.
Con 65 asesinatos, Colombia es en donde más activistas perdieron la vida, seguido por México (30), Filipinas (29), Brasil (20), Honduras (17), República Democrática del Congo (15), Guatemala (13) y Nicaragua (12). Es decir, que el 88.1% del total ocurrieron en ocho de los 21 países. Casi tres de cuatro asesinatos ocurrieron en América y siete de los 10 países en donde más personas fueron asesinadas están en América Latina.
23 de los muertos estaban involucrados en temas de explotación forestal, 20 en asuntos de agua y presas, 17 en la industria minera y extractiva, 17 en la substitución ilegal de cultivos, 17 en los agronegocios, 12 en aspectos de reforma agraria, seis combatían la caza ilegal, dos en cuestiones relacionadas con caminos, uno en asuntos legales y 112 en diversos temas relacionados con la tierra.
En donde se detallan los casos, siete de cada 10 fueron asesinados por defender los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. Otros murieron por proteger ríos, áreas costeras y océanos.
De acuerdo con los reportes, más de un tercio de los crímenes están vinculados a la explotación de recursos –tala, minería y agroindustria a gran escala–, y a la construcción de presas hidroeléctricas y obras de infraestructura.
Cinco de siete asesinatos fueron de indígenas, a pesar de que solo representan el 5% de la población mundial. Estos casos fueron documentados en México, Centro y Sudamérica y Filipinas.
En México, se registraron 30 asesinatos, un aumento del 67% respecto a 2019. La tala se vinculó a casi un tercio de estos crímenes y la mitad de todos los ataques fueron dirigidos contra comunidades indígenas.
La impunidad para los asesinos de los activistas sigue siendo sorprendentemente alta y una investigación reciente que clasifica a los países según el acceso a la justicia para sus ciudadanos colocó a México en el lugar 60 de los 69 países evaluados. Hasta el 95% de los asesinatos no son castigados.
El reporte dedica dos páginas al caso de Óscar Eyraud Adams, defensor de los derechos del agua de las comunidades indígenas de Baja California que fue asesinado el 24 de septiembre de 2020 en Tecate, luego de que denunciara el despojo de agua por trasnacionales y la negativa de Conagua de permitirles cavar un pozo en Neji, BC.
Global Witness acusa a las empresas privadas de actuar irresponsablemente durante décadas, contribuir y beneficiarse de los ataques contra la tierra y el medio ambiente ante la mirada complaciente de las autoridades.
Queda claro, después de leer el reporte en www.globalwitness.org, que para el gobierno de la 4T no es importante proteger a los activistas y al medio ambiente, y menos aclarar los 30 asesinatos.
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Información Radio Fórmula
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