90% de lealtad, 10% de jurista

Por Víctor Beltri

Feliz Navidad, señor Presidente. El escándalo de la ministra de la SCJN, y los medios ilegales que utilizó para obtener su título profesional, no sólo es un golpe directo a la línea de flotación del gobierno y su presunta honestidad, sino que representa un parteaguas para la nación entera: no es arriesgado asegurar que, después de esto, nada volverá a ser igual.

El asunto, en los hechos, parece muy claro: la ministra presentó, como de su propia autoría, una tesis profesional prácticamente idéntica a otra anterior, como se demuestra en los registros de la UNAM, y la propia Universidad define esta situación como causal de nulidad del título profesional. Esto supondría, de inmediato, la falta de validez de cualquier actuación en la que hubiera intervenido como abogada: la magnitud de las repercusiones, tratándose de alguien que ha hecho carrera en el Poder Judicial, son simplemente inconcebibles. Y vendrán en cascada: en estos momentos ya no se trata de la legitimidad de una profesionista, sino que los atajos tomados por la ministra han puesto en entredicho no sólo su carrera, sino a la Suprema Corte, al titular del Ejecutivo y, principalmente, a una de las instituciones más antiguas y prestigiadas del país, que no merece celebrar su aniversario 470, el próximo 25 de enero, en medio del escándalo.

Por un lado, la nulidad del título profesional de un ministro de la Corte afectaría la legitimidad de las resoluciones que en tal capacidad hubiera tomado, lo que nos arrojaría a una debacle jurídica como jamás hemos enfrentado. ¿Cuántos amparos, cuántas sentencias, cuántos recursos? La Corte misma es un tema aún más complicado, dado que la posible defenestración de la ministra no sólo cambiaría el equilibrio de fuerzas al interior, sino que le daría al traste a las pretensiones presidenciales de control absoluto sobre los otros poderes de la Unión. El Presidente, por su parte, se juega mucho más al asumir la defensa de una causa indefendible, y que cuestiona lo que —supuestamente— define su mandato: la honestidad valiente al parecer nunca existió, y las ideas expresadas en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes son letra que nació muerta aun antes de ser publicadas.

Incrementando la complejidad, la UNAM es una de las instituciones más amadas y reconocidas por el pueblo mexicano, a la cual se le guarda veneración y gratitud: el desprestigio que podría sufrir nuestra universidad, por el capricho de una persona, no será fácilmente perdonado por una ciudadanía que ha creído en la honestidad de este gobierno y que, en su momento, ha tenido que cumplir con los requisitos establecidos para el ejercicio legal de su profesión. La impunidad de la ministra afectaría la credibilidad de nuestra máxima casa de estudios, cuyos títulos profesionales se verían devaluados de inmediato: todos sabemos que hay gente que comete plagios, o que compra su tesis al mejor postor, pero nadie se imaginó —sin embargo— que alguien así pudiera llegar a la Suprema Corte e incluso aspirara a presidirla, con la venia del Presidente. Esto no es, tan sólo, una falta de respeto para cualquier profesionista: lo que estamos presenciando es, sin más, el mayor agravio que el gremio jurídico de nuestro país ha recibido.

Feliz Navidad, señor Presidente. El problema es mayúsculo, y cualquier solución entrañará consecuencias que el titular del Ejecutivo —definitivamente— no tenía entre sus planes. El mandatario no sólo ha perdido uno de sus alfiles más importantes, sino que en el proceso exhibió su hipocresía, mancilló el orgullo Azul y Oro y pisoteó su propia Cartilla Moral. El Presidente se acorraló a sí mismo, y esta vez no puede culpar a nadie más que a su propia estulticia para elegir a sus colaboradores más cercanos: el proverbial 90% de lealtad, y 10% de capacidad, ésta vez le ha salido demasiado caro. Información Excelsior.com.mx