A debate ya, ley de remuneraciones

Por Enrique Aranda

Esta semana, de no ocurrir nada extraordinario que lo impida, la Suprema Corte resolverá las impugnaciones a la recién aprobada Ley Federal de Remuneraciones que reduce los ingresos de los trabajadores del Estado y, más específicamente, la procedencia de sendas acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el ordenamiento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, conforme a derecho, por poco más de un tercio de senadores de oposición.

Amén el fondo del controversial asunto, el problema a la vista de quienes mejor conocen sobre el mismo, es que la discusión deberá realizarse con base al proyecto de resolución elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán que, a decir de quienes lo han revisado, “deja mucho que desear…” dado el cúmulo de contradicciones, superficialidades y marometas argumentativas que exhibe a lo largo de sus casi 400 páginas y que, en principio al menos, abonan a la resistencia de la mayoría a apoyarlo.

Hay preocupación pues, tanto por la forma en que se aborda el asunto como, también, por ciertas afirmaciones del ministro sobre el procedimiento legislativo, pues llega al extremo de señalar que los legisladores no deben aprobar leyes que no sean acordes a los tiempos actuales, a los cambios jurídicos que se vayan dando, así como a las situaciones sociales y económicas imperantes, lo que mueve a preguntar si ¿corresponde a la Corte determinar si el Congreso tomó en cuenta la realidad social y el contexto jurídico?¿cómo puede saber la Corte las preocupaciones concretas o consideraciones de los legisladores —democráticamente electos— para aprobar el ordenamiento? o, incluso, ¿qué consideraciones cree Pérez Dayán que debieron prevalecer?

Todo ello entonces, más la falta de consistencia de los senadores promotores de la acción de inconstitucionalidad para impugnar, en su momento, cambios hechos a la Ley de Remuneraciones ajustada e, incluso, el Presupuesto de Egresos 2019, hacen pensar que la mayoría de los ministros podrían no aprobar el proyecto que la declararía inconstitucional, dando paso con ello a tener que optar entre reconocer su constitucionalidad y proponer un sobreseimiento del proceso con lo que, vale decir, dejarían abierta la opción para que los miles de amparos promovidos en contra del polémico ordenamiento sigan su curso en los juzgados en donde estén radicados, en completa “libertad de jurisdicción”.

Así pues, flaco favor hizo el ministro Pérez Dayán a los casi 21,000 promotores de amparo contra la referida ley, con un proyecto que los definen como “mucha retórica y poca sustancia jurídica”.

Veremos…

Asteriscos

* En la última semana de mayo, en principio, el Congreso intentará sacar adelante la normatividad secundaria de la ley que crea la (otrora) Guardia (civil) Nacional en un nuevo periodo extraordinario que, se asegura, acordaron ya los coordinadores de las distintas fracciones. Bien.

* Más tardó la cuestionada secretaria fifí Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, en advertir que el gobierno no toleraría que migrantes violaran la ley, que en confirmarse la detención de ocho centroamericanos por el incendio que consumió la estación migratoria de Tapanatepec, Oaxaca. ¿Y ahora?

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política. Información Excelsior.com.mx