www.yucatanalinstante.com Noticias al Instante
Por Enrique Aranda
Antes de lo que muchos pudieran haberse imaginado, el diferendo que Andrés Manuel López Obrador (su gobierno) mantiene con cientos, miles de jueces y magistrados del Poder Judicial federal a consecuencia de su unilateral decisión —usando sus mayorías en San Lázaro y el Senado para ello, se entiende— de reducir sus salarios y la cancelación de prestaciones acumuladas a lo largo de años, décadas en algunos casos, llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A mediados de la próxima semana, el miércoles 13 para ser exactos, una delegación representativa de quienes promovieron amparos personales y/o grupales en contra de la medida que consideran arbitraria y lesiva a sus particulares derechos presentará el caso a los participantes en la asamblea extraordinaria del organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse en la ciudad boliviana de Sucre.
Si bien, como exponen promotores de la singular acción, se tratará de una “Audiencia Temática” (sin mayores consecuencias jurídicas vinculatorias para el gobierno nacional), en sentido estricto, es previsible que la Comisión pudiera dictar medidas cautelares respecto de la situación que afecta a juzgadores y personal secundario del Poder Judicial federal e, incluso, que pudiera darse un pronunciamiento específico dado que no se tratará de presentar sólo el caso de las remuneraciones, sino, en esencia, de “plantear el problema general de las amenazas a la independencia judicial, no sólo respecto de los salarios, sino de otros temas conexos y fundamentales”.
La audiencia, que tendrá una duración de una hora y cuya realización fue confirmada ya por parte de la CIDH, tiene en el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), el Instituto de Justicia Procesal Penal A.C. y HR-Americas a sus principales impulsores y, sin duda, incidirá en la evolución que viene mostrando el diferendo judicial prevaleciente entre la administración sexenal en curso y jueces y magistrados del Poder Judicial federal que, a contrapelo de la decisión asumida por los ministros de la Corte de reducir en 25% su ingreso personal, han decidido llevar hasta sus últimas consecuencias la defensa legal de derechos que estiman son transgredidos por la recién aprobada Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y cuya aplicación, en su caso, se encuentra en suspenso.
Al margen del resultado que la sesión que nos ocupa arroje, y el particular posicionamiento que el gobierno y detractores de la ley asuman ante el mismo, es inevitable que en las próximas semanas veremos una reactivación de un proceso judicial que, en principio, ambas partes pudieran prolongar al menos hasta agosto venidero que, dicen, sería cuando la Suprema Corte resolvería sobre la constitucionalidad del ordenamiento.
Habrá, pues, que estar atentos para conocer el desenlace de este nuevo capítulo en una historia cuyo término, insistamos, no parece inminente…
ASTERISCOS
- Nada bueno, por cierto, no al menos en aceptación popular, el balance que a las autoridades veracruzanas —de extracción morena muchos— dejó la gira presidencial. Desde el gobernador Cuitláhuac García hasta la alcaldesa de Córdoba, Leticia Lety López, por ejemplo, recibieron sus respectivas dosis de abucheos… ello, a pesar de que la panista se autoproclamó “soldado de la Cuarta Transformación”. AMLO, adivinó, defendió a ambos…
- De no ocurrir nada extraordinario que lo impida, la verde Mariana Boy será proyectada como parte de la terna que para el caso presentará Claudia Sheinbaum a la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) capitalina. Boy, vale recordar, fue toda una sorpresa en la puja por el gobierno de la Ciudad de México, que ganó la candidata por la coalición Juntos Haremos Historia. Información Excelsior.com.mx
Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza política.
Twitter: @EnriqueArandaP