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WASHINGTON.
El gobierno de Donald Trump ha renovado su amenaza de retirar los fondos federales asignados a las policías de las comunidades que se niegan a cooperar con los esfuerzos por combatir a los inmigrantes que están en el país sin autorización.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo esta semana que el Departamento de Justicia no dará fondos a las ciudades que violan las leyes federales que regulan la forma en que las policías locales deben compartir la información con las autoridades federales y criticó a las ciudades que se niegan a cumplir los pedidos de arresto del servicio de inmigración, que no es un requisito de la mencionada ley.
Sessions no dio muchos detalles sobre cómo hará el Departamento de Justicia para decidir cuáles ciudades serán castigadas ni los pasos que se darán para privarlas de los fondos.
Lo que hay que saber sobre el tema:
¿HAY ALGUNA NOVEDAD?
Sí y no. Sessions no dio a conocer una política nueva, sino que dijo que estaba esclareciendo una que se puso en vigor en los últimos meses del gobierno de Barack Obama. Esa política estipulaba que las municipalidades no recibirían fondos del gobierno nacional si no cumplen con una ley que dice que las autoridades locales y estatales no pueden prohibir a los trabajadores compartir con el gobierno información sobre el status inmigratorio de una persona.
Bajo la era de Obama, se daba “un tiempo razonable” a las ciudades para que se pusiesen a tono. Pero da la impresión de que durante ese gobierno no se le retuvo fondos a nadie.
El Departamento de Justicia se abstuvo de dar más detalles.
La directiva de Obama, no obstante, no habla de la posibilidad de quitarle a las municipalidades dinero ya asignado, como amenazó hacer Sessions el lunes. Y el secretario de justicia indicó asimismo que su departamento podría fijar requisitos más estrictos para conceder esos fondos.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Las ciudades podrían quedarse sin fondos para financiar una serie de programas policiales. En el año fiscal del 2016 se concedieron casi 3.000 subsidios por un total de 3 mil 900 millones de dólares a ciudades, condados, estados y otras administraciones locales.
La mayor parte de ese dinero fue a dependencias estatales que ofrecen servicios a las víctimas de delitos.
Pero también hubo partidas para programas más pequeños y específicos: un millón de dólares para que los policías del condado de Broward, en la Florida, puedan llevar cámaras consigo; 1.2 millones de dólares para exámenes sobre violaciones en Charlotte, Carolina del Norte; 12 mil 966 dólares para actividades encubiertas de la policía de Lawndale, California, en ocasión del desfile del Día de la Juventud y los festejos del 4 de julio, el día de la independencia.
Filadelfia, que se identifica a sí misma como una ‘ciudad santuario’, recibió 57.5 millones de dólares en subsidios en el 2016, la mayor parte de ellos para financiar actividades encubiertas durante la convención nacional demócrata. Ese dinero también permitió modernizar la tecnología y las denuncias de delitos, acelerar los análisis de ADN, que estaban demorados, y pagar por un programa de protección del menor.
¿QUÉ ES UN ‘DETAINER’?
Se llama así a un pedido que hace el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas a los organismos policiales para que retengan bajo custodia a un inmigrante que se sospecha debe ser deportado el tiempo suficiente como para que los agentes del servicio de inmigración puedan hacerse cargo.
El ICE, como se conoce al servicio de inmigración, por sus siglas en inglés, solicita que se le avise con 48 horas de antelación cuando una persona va a ser liberada o que se la retenga por otras 48 horas si se ha estipulado su excarcelación.
En estos momentos se está discutiendo si esos avisos son voluntarios u obligatorios.
El gobierno sostiene que son de cumplimiento obligatorio. Pero funcionarios locales de todo el país no están de acuerdo y a lo largo y ancho de la nación se han aprobado normas que estipulan cuándo se debe cumplir con las solicitudes. En algunos casos se dispone que solo deben ser retenidas las personas que cometieron delitos graves. Muchos juzgados federales dictaminaron que los “detainers” no bastan para que una comisaría retenga a un inmigrante más tiempo que el de su sentencia o si se ha pagado una fianza.
¿Es acertada la relación que hace Sessions entre los detainers y la violencia?
Ha habido algunos casos trágicos, muy publicitados, que involucran a inmigrantes que están en el país ilegalmente y que cometen delitos graves después de ser liberados por la policía.
Pero no hay evidencias que sustenten su afirmación de que “una gran cantidad de estadounidenses estarían vivos hoy” si las autoridades locales hubiesen cooperado con los “detainers” del servicio de inmigración.
¿LOS DETAINERS SON ALGO NUEVO, QUE IMPUSO EL GOBIERNO DE TRUMP?
No. De hecho, están vigentes desde hace años.
Durante el gobierno de George W. Bush se difundió más su uso y numerosas comisarías entregaron las huellas digitales de los detenidos al FBI, el cual las pasó al ICE.
El ICE usó esa información para identificar a inmigrantes con órdenes de deportación como parte del programa Comunidades Seguras.
Bajo el gobierno de Obama, el programa fue ampliado más todavía, hasta incluir todos los estados, y ayudó a la deportación de una cifra récord de inmigrantes, 409 mil, en el año fiscal del 2012.
El programa Comunidades Seguras fue desmantelado posteriormente en medio de demandas y de quejas de que abarcaba a inmigrantes que no habían sido convictos por delito alguno o que habían cometido infracciones de tráfico menores.
Fuente. Excelsior.com.mx
