¿Acción de inconstitucionalidad?

Por Enrique Aranda

Si bien en un primer momento varias decenas, cientos de funcionarios del más alto nivel y calificación profesional asumieron la decisión de iniciar su eventual “retiro adelantado” del servicio público ante la posibilidad de perder ingreso y/o prerrogativas, lo cierto hoy es que no pocos de ellos, con la debida asesoría legal, han comenzado a evaluar alternativas para mantener posiciones y trabajos, la promoción de una eventual “acción de inconstitucionalidad” incluida, contra un decreto que resultara lesivo a sus legítimos intereses.

Y esto, en virtud de que como en un principio ocurrió en dependencias de alta especialización y responsabilidad —Hacienda, Energía, Banco de México, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, entre otras— empleados de los primeros niveles del sector judicial —Suprema Corte de Justicia y/o el Consejo de la Judicatura, en concreto—, conocedores de la ley y de lo que con apego a la misma puede conseguirse, comenzaron a optar por asumir “lo que a su particular interés convenga”, ante la irrevocable decisión de Andrés Manuel López Obrador de que nadie, en adelante, reciba un salario superior al del Presidente.

Alineados ya, entonces, funcionarios de, al menos, dos de los tres niveles de gobierno, Ejecutivo y Judicial, aunque no falta quien asegure que, también, podrían sumarse algunos del Legislativo, liderazgos que en éstas ocasiones nunca faltan, han comenzado a evaluar alternativas de “resistencia” a la referida disposición del futuro mandatario, la más llamativa de las cuales es, precisamente, la referida acción de inconstitucionalidad a la que, los más “conocedores” del tema, otorgan amplias posibilidades de éxito.

Y esto, dicen, porque con la nueva disposición, el Ejecutivo y sus mayorías legislativas estarán imponiendo su decisión al Judicial, que (presumiblemente) debiera hacerlo de motu proprio y, también, porque la propia legislación refiere la no retroactividad en la aplicación de una norma como la que, de manera acelerada aprobaron diputados y senadores morenos, algo que, entre otras cosas, obligaría al próximo gobierno a optar por despedir a los inconformes… pero con apego a lo que hoy marcan sus condiciones de trabajo.

Ahí está entonces, creciendo, un primer frente formal de servidores públicos que, si bien reconocen que el gobierno entrante está en su derecho de proponer cambios en los altos ingresos que la estructura gubernamental ofrece a trabajadores de alta calificación y primer nivel, como ellos, también éstos tienen derechos a defender.

Veremos.

ASTERISCOS

* Si cuando de descubrir quién será llamado al próximo gabinete, desentrañar “mensajes” fuera el camino, ya podríamos asegurar que la presencia del almirante José Luis Vergara en la boda, este sábado en Puebla, de César Yáñez, uno de los más cercanos colaboradores del presidente electo, es una clara señal de que el actual oficial mayor de Marina será quien suceda a Francisco Soberón al frente de esa secretaría.

* Quien, también, se dejó ver en el evento fue el gobernador Antonio Gali, quien, vale decir, sigue sumando en lo que al combate del robo y comercio ilegal de hidrocarburos, y detención de criminales refiere pues, entre febrero y el viernes 28, se recuperaron ya más de 8.4 millones de litros de combustible, se aseguraron 252 tomas clandestinas, decomisaron 3,973 vehículos y, lo más importante, se detuvo a 903 participantes en el ilícito. Bien.

* Hoy será día de relevo de mandos en Yucatán y Morelos, donde Mauricio Vila y el siempre controversial Cuauhtémoc Blanco asumirán como gobernadores, y en 15 de las 16 nuevas alcaldías de la Ciudad de México. Lo relevante, la anunciada ausencia del impresentable Graco
Ramírez en el inicio de la gestión de su sucesor porque, dice, (El Cuau) habla mal de mí… y, claro, la instalación de una administración interina en Coyoacán.

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.

Twitter@EnriqueArandaP

Información Excelsior.com.mx