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POr Francisco Garfias
Los maestros de la Sección 22 de la CNTE levantaron ayer el plantón de tres días que tenían en el Palacio Legislativo para exigir la abrogación de la Reforma Educativa.
Las avenidas Congreso de la Unión y Emiliano Zapata dejaron de lucir como un campamento del magisterio abarrotado de casas de campaña en forma de iglú. El Hotel de la Nación, rezaba una de las pancartas que ayer retiraron de las rejas de San Lázaro.
En sus mantas y pancartas, los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora aseguran que luchan por una educación que los enseñe a pensar y no por una educación que los enseñe a obedecer.
Pero en realidad quieren presionar al gobierno de AMLO para recuperar los viejos privilegios que tenían con los anteriores gobiernos de Oaxaca.
Buscan que les devuelvan el manejo y la venta de plazas; administrar los recursos que se otorgan a Educación; premiar a los que asistan a las protestas convocadas por la Coordinadora y castigar a los maestros que no obedezcan las directrices del sindicato.
Para sintetizarlo: buscan un “acuerdo a la antigüita” como lo hicieron saber sus compañeros de la sección 18 de Michoacán a las actuales autoridades educativas.
Quitaron el plantón a los tres días, pero no por gusto, sino porque simplemente ya no tienen dinero para permanecer semanas y hasta meses en la Ciudad de México, como lo hacían en otros tiempos.
La Reforma Educativa de Peña les quitó el control de esos recursos; el de AMLO no se los devolverá. Sería echarse la soga al cuello.
Por cierto que las negociaciones sobre la nueva Reforma Educativa avanzan en San Lázaro, aunque persisten algunas diferencias.
Morena y sus aliados quieren desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa —demanda central de la CNTE—y sustituirlo por el Centro para la Mejora Continua de la Educación.
La oposición ya aceptó la muerte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero no la naturaleza jurídica que quiere darle el gobierno y su mayoría, ni en su integración.
En lo que hay unanimidad es que juntos, mayoría y oposición, harán prevalecer la rectoría del Estado en la Educación.
Así lo dice un documento ya consensuado: “La educación será universal, pública, gratuita, obligatoria y laica y corresponderá al Estado su rectoría”.
Agrega que “deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualad sustantiva, las libertades y la dignidad de las personas, la cultura de paz, la honestidad, los valores y el máximo grado de aprendizaje”.
En otras palabras, la nueva reforma mantendrá centralizada la nómina y no cederá a las presiones de la CNTE para que vuelva a tener los viejos privilegios.
Me atrevo a pronosticar que el gobierno de AMLO se inclina por fortalecer al SNTE para debilitar el “conservadurismo” de izquierda de la CNTE.
Una última legislativa. Las comisiones en la Cámara de Diputados no le movieron una coma a la minuta del Senado sobre la Guardia Nacional que aprobaron ayer. Hoy va al pleno, sin problemas.
El trancazo del primero de julio del año pasado cambió el “chip” en el PRI. Ahora fue la cúpula del otrora partidazo —y no la siempre ignorada militancia— la que tomó la iniciativa para solicitar y acordar con el INE un proceso de elección abierta con el voto secreto, universal y directo para renovar la dirigencia nacional para el periodo 2019-2023.
Fue la mismísima presidenta del CEN, Claudia Ruiz Massieu, la que propuso modificar el orden del día para incorporar la democrática iniciativa que acabó siendo aprobada por aclamación.
En la carrera para ocupar la principal oficina del edificio de Insurgentes Norte hay favoritos y outsiders.
En el primer grupo colocaríamos a la exgobernadora de Yucatán Ivonne Ortega, quien lleva meses en campaña con la militancia; al exrector José Narro, apoyado por figuras de la vieja y la nueva cúpula del tricolor, y al gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, el más joven de todos.
Entre los outsiders colocamos a Enrique de la Madrid y a José Calzada. El que de plano la tiene muy difícil es el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz. No lo deja su pasado.
Ya falta poco —el 4 de marzo—para que el PRI cumpla 90 añotes.
Vamos a lo nuevo. Se llama Partido Digital. Busca construir democracia desde la tecnología de la información. Trabajar para que tengamos una ciudadanía informada que debata con argumentos y participe activamente en los procesos políticos de México “sin comprometer ideología alguna”.
El INE ya le dio el visto bueno para que inicie el proceso para obtener su registro como partido político. Lo encabezan los activistas en medios digitales Ricardo Fernández Audiffred y Amado Avendaño Villafuerte.
El objetivo, dicen, es abrir un canal directo de participación política en todos los temas de la agenda nacional. Llevar a la política los que no participan, puntualiza Avendaño.
Los promotores de este partido quieren aprovechar el crecimiento exponencial del acceso a internet en México para hacer política desde las computadoras, los celulares, las tablets. Se comprometen a hacer a un lado la simulación y actuar con transparencia.
“Hasta hoy las únicas opciones formales son los partidos tradicionales”, subrayan.
Ya hay ejemplos de partidos simulares en otros países. Argentina, Uruguay y España son pioneros. Los promotores del Partido Digital alegan que es momento de cambiar la forma de hacer política a fin de que “ la ciudadanía ejerza el poder sobre sus políticos, y no al revés”. Información Excelsior.com.mx