Ahora, para atrás

Por: Gerardo Galarza
Quienes hoy consideran como un triunfo histórico y medida inédita la reducción del financiamiento público de los partidos en Jalisco, aprobada ya por el Congreso de aquel estado y el número suficiente de municipios para que la reforma entre en vigor, quizás ignoren que hace tres décadas la entrega del dinero público a los mismos partidos fue considerada también como histórica e inédita.

A finales de los años 80 del siglo pasado (1988-89), una de muchas reformas político-electorales histórica (también, faltaba más, al igual que las anteriores y las posteriores), en México se aprobó el financiamiento público a todos los partidos políticos (el PRM-PNR-PRI siempre lo tuvo y lo ha tenido con ley o sin ella).

No era la primera prerrogativa oficial que gozaban los partidos, pero sí la primera por la que recibían dinero público, en efectivo. Antes, en 1962-63, se aprobó la exención de impuestos para esos organismos, y en 1973, se otorgaron franquicias telegráficas y postales y el acceso gratuito a la radio y televisión, entre otras.

Hasta entonces, los partidos políticos de oposición, los de a de veras, habían logrado sobrevivir como podían: rifando autos y casas, cuotas de sus militantes y simpatizantes, donativos de grandes y pequeños empresarios, mediante la creación de empresas de su propiedad. Al PAN le acusaban entonces de ser el partido de los empresarios y al Partido Comunista Mexicano (PCM) de sobrevivir gracias “al oro de Moscú”.

Y hubo escándalos cuando se reveló que el PAN recibía financiamiento de fundaciones y organismos extranjeros, como los de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos, entre otros países (pese a que organismo priistas como la CTM o instituciones educativas privadas también recibían esos fondos), o cuando se acusó al PCM de recibir dinero producto de secuestros políticos y “expropiaciones revolucionarias” (asaltos y robos) y también donativos de algunos empresarios.

A cambio de ello, el PRI era una dependencia sostenida generosamente por los gobiernos federal, estatales y municipales.

La presunta equidad en la competencia electoral fue el argumento principal para promover y aprobar el financiamiento público y nuevas prerrogativas para los partidos, basados en el artículo 41 constitucional. Por supuesto que también se habló, como se habla ahora, que era para evitar la llegada de dinero sucio (sobre todo de intereses políticos y económicos, porque en ese tiempo todavía no se hablaba del crimen organizado) a los partidos y organizaciones políticas.

En el PAN, el tema del financiamiento público avivó las llamas del enfrentamiento entre corrientes internas. Una de ellas, la conocida como “los foristas” en la que participaron personajes como Bernardo Bátiz y Vázquez y Jesús González Schmal, entre otros, sostuvo que el financiamiento público atentaba contra la libertad y la independencia de los partidos políticos.

Treinta años después, la corriente es inversa. Lo de hoy es al menos reducir el acceso a los recursos públicos; la moda es ir para atrás. El desprestigio de los políticos tiene, entre muchos orígenes, el desmesurado gasto (sostenido por el erario) de sus partidos, no siempre para asuntos político-electorales, sino también para el disfrute personal de sus dirigentes.

Además, el financiamiento público para los partidos no ha conseguido la equidad en la competencia político-electoral y tampoco ha evitado la infiltración de dinero sucio en las campañas. De acuerdo con una información en Excélsior, de las reporteras Leticia Robles de la Rosa, Tania Rosas y Aurora Zepeda, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene actualmente abiertas  30 investigaciones por el presunto uso de dinero de procedencia ilícita (en su mayoría proveniente del narcotráfico) en los cuatro procesos electorales estatales (Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz) que hoy celebran su jornada de emisión del voto ciudadano.

Los expertos juristas, politólogos, analistas, y también los comentócratas dicen que el financiamiento públicos para los partidos tiene más ventajas y beneficios que desventajas; que las leyes lo prevén y lo regulan; que son preferibles los excesos actuales al control de los procesos electorales y, por consecuencia, de las instituciones, por parte de particulares del talante que sean.

Y sí, tienen razón. El problema no está en el dinero. El problema es de quienes lo usan, aprovechan, abusan, derrochan sin control ni fiscalización alguna, ni mucho menos transparencia, pese que las leyes lo exigen y, por supuesto, las autoridades (que ya existen, por cierto) encargadas de aplicar esas normas. Más o menos, así ocurre en México. Información Excelsior.com .mx