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Desde su fundación en 1929 hasta hace pocos años, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el actor político más importante en México. A lo largo de su historia, estuvo asociado con numerosos casos de corrupción, abuso de poder, represión y enriquecimiento ilícito.
Hasta que perdió la presidencia en 2000, los gobiernos priistas incurrieron en excesos que afectaron el desarrollo político y democrático del país y violaron los derechos humanos y políticos de miles de mexicanos. Durante décadas, el PRI manipuló elecciones para mantenerse en el poder, utilizando métodos como el “ratón loco”, el “carrusel” y la compra de votos. Además, mantuvo un control férreo sobre la política y las instituciones, reprimiendo a la oposición y cooptando a líderes políticos y sindicales. Entre los actos de represión más notorios se encuentran la “Guerra Sucia” (1964-1982) y la matanza de Tlatelolco en 1968. El partido también utilizó su influencia para controlar los medios de comunicación y limitar la libertad de prensa, asegurando que la narrativa oficial predominara.
Desde 1929, varios presidentes de la República, así como cientos de gobernadores, presidentes municipales, legisladores y funcionarios priistas, protagonizaron escándalos de corrupción y enriquecimiento personal. La mayoría de ellos no acabó en la cárcel debido a que los órganos de procuración e impartición de justicia, controlados por priistas, los protegieron contra cualquier acción en su contra.
Varios presidentes fueron denunciados por enriquecerse ilícitamente, y otros, aunque no fueron acusados, vivieron su retiro en una comodidad que difícilmente podrían haber pagado con sus sueldos burocráticos. Este es el partido que, durante los últimos días, supuestamente trató de salvar una centena de prominentes priistas que, cuando tuvieron la oportunidad, no se molestaron en reformar, democratizar y librarlo de los delincuentes que hicieron de la política el negocio de sus vidas.
Estos priistas se opusieron infructuosamente a que ayer, en la 24 Asamblea Nacional del PRI, se reformaran algunos estatutos del partido para permitir que su actual presidente, Alejandro “Alito” Moreno, pueda reelegirse hasta 2032. Entre los más de 200 priistas que firmaron un pronunciamiento contra los planes de Alito se encuentran exgobernadores como Guillermo Mercado (Baja California Sur), José Antonio González Curi (Campeche), Fernando Baeza y José Reyes Baeza (Chihuahua), Enrique Martínez (Coahuila), Miguel Ángel Núñez (Hidalgo), Arturo Montiel (Estado de México), Víctor Manuel Tinoco (Michoacán), Rigoberto Ochoa (Nayarit), Natividad González, Benjamín González Clariond y Sócrates Rizo (Nuevo León), Miguel Borge Martín y Pedro Joaquín Coldwell (Quintana Roo), Francisco Labastida (Sinaloa), Armando López Nogales (Sonora) y Dulce María Sauri (Yucatán). La honestidad de varios de ellos ha sido cuestionada en múltiples ocasiones y algunos también fueron presidentes del PRI sin que hicieran algo por mejorarlo.
Los adversarios de Alito aseguran que por su culpa el PRI desaparecerá. Sin embargo, se equivocan. El PRI desaparecerá, tal vez en tres o seis años, por la voluntad de los mexicanos expresada en las urnas. Dudo mucho que lo extrañemos.
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Información Radio Fórmula