Amapola: nuestro cultivo

Por Yuriria Sierra

La legalización de las drogas es un primer paso para la paz. Ayer escuchamos esto, una vez más en las últimas semanas, sólo que ahora no del equipo de AMLO, sino de la organización Semáforo Delictivo, quien está encargada de registrar y analizar la violencia en nuestro país y sus causas. Y, mientras decían esto, con cifras, argumentaron: en el primer semestre de 2018, los homicidios subieron un 18% respecto al año pasado. Contaron 11 mil 241 homicidios entre enero y junio, todos vinculados al crimen organizado. Esto equivale a 60 ejecuciones por día. Así de fuerte. “Tenemos una oportunidad dorada para hacerlo y tenemos experiencia. No hay excusa, es momento de cambiar, con liderazgo ciudadano y compromiso político…”, agregó Santiago Roel, director de esta organización, que celebra la propuesta de Olga Sánchez Cordero.

Comentamos ayer en este espacio el valor, tan sólo en Iguala, Guerrero, del mercado de amapola: siete mil millones de dólares. Si se necesitan más referencias, según el análisis del CSN, al que tuvo acceso esta columna: un kilogramo de amapola produce un kilo de heroína, en esta producción se gastan cuatro mil dólares; pero el brinco se da en la venta, ilegal, por supuesto, ahí, este kilo vale 50 mil dólares.

Es por ello que en varias partes del mundo se crearon instrumentos legales para regular la oferta, demanda, desarrollo y hasta cooperación internacional. Este negocio ya es parte de la legalidad. En 1961 se establecieron bases jurídicas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de elaborar medicamentos, como la morfina, uno de los principales derivados de la goma de opio que da la amapola. Algunos países incorporados en este tratado (Turquía, Australia, España, Francia, Gran Bretaña, India y Hungría) tienen limitada la producción para la exportación, pero no para cubrir sus necesidades farmacéuticas. Otros sólo se dedican al autoconsumo, incluso pueden usar el opio decomisado por cosecha ilegal, no se destruye, como sucede en nuestro país. La finalidad siempre es médica. Según un análisis de Transnational Institute, con sede en los Países Bajos, en 2016, los países citados produjeron 463 mil toneladas de morfina. En este mismo estudio señalan la factibilidad de un mercado como el de la goma de opio, legal o no: “Para el productor, aun cuando el precio no siempre sea el esperado, el producto es relativamente almacenable y duradero, mientras que la venta es segura en algún momento y significa dinero en efectivo…”. Nuestro país sigue operando bajo el Acuerdo del Consejo de Salubridad Federal de 2014, que limita la prescripción de medicamentos para el dolor; medicamentos que, además, por su costo, no llegaron al 80% de las personas que murieron en 2016 y que necesitaban cuidados paliativos.

La propuesta, no hecha pública, del CNS, incluye la reforma al artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales. Esto permitiría operar como los países del tratado firmado en 1961: ya no se destruirían los decomisos de plantíos de amapola y se notificará a la Secretaría de Salud. Y esta dependencia sería la encargada del control sanitario, fiscalización y vigilancia de la producción, según otra reforma a la Ley General de Salud.

Con una propuesta ya en un escritorio del Consejo Nacional de Seguridad, la nueva administración tiene, además de su voluntad y valentía, un antecedente para comenzar este debate. México produce goma de opio a manos llenas, pero ésta termina en el mercado negro: para su venta en otros países (el 90% se va para Estados Unidos) y no precisamente con fines médicos.

Lo hemos dicho en repetidas ocasiones: aquí producimos droga y contamos muertos: y ahora en el mapa ya no sólo están los del crimen organizado, también debemos contar aquellos que no tienen acceso a medicamentos que se producen a partir de uno de nuestros principales productos de cultivo. Información Excelsior.com.mx