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El presidente Andrés Manuel López ha dicho en múltiples ocasiones que por encima de la ley está la justicia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una y otra y quién determina lo que es justo o no?
La ley se refiere a un conjunto de reglas y normas establecidas por una autoridad gubernamental, que se espera que las personas obedezcan y que se apliquen en la sociedad. Las leyes se establecen para garantizar la seguridad, el orden y la justicia en una sociedad y para mantener el equilibrio entre los derechos y deberes de los individuos y la sociedad.
Por otro lado, la justicia se refiere a un concepto más amplio y subjetivo que se basa en la idea de que todas las personas deben ser tratadas con equidad y de manera imparcial. La justicia se enfoca en la igualdad y la equidad en la distribución de los recursos y oportunidades de una sociedad, así como en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas.
Mientras que la ley establece reglas y normas que deben ser seguidas, la justicia busca asegurar que estas reglas y normas sean justas y equitativas.
En una sociedad democrática, la justicia es determinada por el conjunto de leyes y normas establecidas por las instituciones democráticas, como son los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Estas son responsables de garantizar que las leyes sean aplicadas de manera justa e imparcial, y que los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sean protegidos.
Además, en una sociedad democrática, la opinión y el debate públicos también influyen en la determinación de lo que es justo. La sociedad democrática valora la participación ciudadana y el diálogo constructivo como una forma de llegar a acuerdos y decisiones justas.
Por lo tanto, en una sociedad democrática, la justicia es determinada por un proceso que involucra a las instituciones democráticas, la opinión pública y el diálogo constructivo.
En un sistema autoritario, la determinación de lo que es justo es realizada por la autoridad que detenta el poder, ya sea un individuo o un pequeño grupo de personas. En este tipo de sistemas, el poder se concentra en manos de una sola persona o de un pequeño grupo de élites, lo que significa que las decisiones sobre lo que es justo o injusto están altamente centralizadas.
En un sistema autoritario, las leyes y normas son establecidas y aplicadas por el gobierno sin la participación activa de la sociedad civil, lo que significa que la opinión pública no tiene un papel significativo en la determinación de lo que es justo. En algunos casos, la justicia en un sistema autoritario puede estar influenciada por las creencias y valores personales de la autoridad gobernante.
En resumen, en un sistema autoritario, la determinación de lo que es justo se encuentra bajo el control de la autoridad gobernante, sin una participación activa de la sociedad civil o la opinión pública.
Por sus palabras y acciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otras instituciones, Andrés Manuel demuestra que pretende eliminar el sistema democrático que tanto ha costado construir en nuestro país para sustituirlo con un sistema autoritario similar al que rigió hasta 2000, en donde un solo hombre y su camarilla definían lo que es justo o no.
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Información Radio Fórmula