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POr Pascal Beltrán del Río
Hay tiro. Y es que para pelearse se necesitan dos. El pleito escala. Aquí es irrelevante quién lo inició.
Ambos, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el grupo de mandatarios estatales insumisos, ya están arriba del ring, dándose con todo.
“No me van a ningunear”, demanda el Ejecutivo. “No somos súbditos”, responden los gobernadores.
¿De qué cuero saldrán más correas?
Dos grupos de mandatarios estatales se han convertido en la oposición de facto del país ante la irrelevancia en que han caído los partidos políticos.
Están, por un lado, los gobernadores del noreste –Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila–, a los que se han ido sumando los de otros estados: Durango, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Colima.
Por otro, los de los estados gobernados por Acción Nacional: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.
En total, 14 de los 32 mandatarios estatales –más otros que eventualmente podrían sumarse a la bola, como el de Nayarit– se encuentran en abierta rebeldía contra la Federación, con demandas como la aplicación de su propio semáforo epidemiológico y el replanteamiento del pacto fiscal.
No se había visto tal activismo de los gobernadores desde las reuniones que llevaron a la conformación de la Conago, durante la primera mitad del sexenio del presidente Vicente Fox.
Éste terminó por dar su brazo a torcer y se dio un acomodo entre el centro y los estados que duró tres sexenios, durante los cuales los gobernadores se convirtieron en señores de su feudo.
Sin embargo, López Obrador decidió cambiar el arreglo y comenzó su periodo metiendo calambres a los mandatarios estatales, colocándolos bajo la vigilancia de los llamados superdelegados y hostigándolos mediante manifestaciones de simpatizantes de la Cuarta Transformación.
Hoy los gobernadores rebeldes han logrado equilibrar el juego, colocándose todos juntos en el otro lado de la balanza. Si el Presidente pesa 30 millones de votos, esos 14 estados pesan 45 millones de habitantes y 40 por ciento del PIB nacional.
No han podido aplacarlos ni con la amenaza de lanzarles al “pueblo” a las calles, como amagó, el mes pasado, la senadora morenista Ana Lilia Rivera.
Ayer, en la conferencia mañanera, López Obrador siguió su andanada contra los gobernadores que se salieron del redil en el que quiso meterlos.
Les advirtió que estará vigilando su actuación en las elecciones que se celebrarán el año entrante, cuando habrá comicios locales en todas las entidades del país, además de la renovación de la Cámara de Diputados.
“Vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres. Que no estén pensando los gobernadores que no se va a meter el gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas…
“Y, además, existe la fiscalía electoral y es delito grave el fraude electoral. Y si se meten y se demuestra que se está utilizando dinero público o está interviniendo el gobierno en las elecciones, el responsable tiene que ser castigado y yo estoy obligado a denunciarlo y lo voy a hacer, porque otro de los compromisos que tenemos como parte fundamental de la transformación es acabar con los fraudes electorales, garantizar que haya democracia, que el pueblo elija libremente a sus autoridades”.
Eso les mandó decir desde Tlaxcala, en el segundo día de su segunda gira desde que comenzó a levantarse el confinamiento por el covid-19.
Un par de giras en las que, por cierto, el Presidente se ha ido rodeando veredas, como dice la canción. No ha pasado por Guanajuato ni por Jalisco ni por Tamaulipas, quizá porque se imagina parado en una mañanera junto a Diego Sinhue Rodríguez, Enrique Alfaro o Francisco García Cabeza de Vaca y ahí lo hiere el recuerdo. O el orgullo. Información Excelsior.com.mx