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Por Jorge Fernández Menéndez
Lo de la termoeléctrica de Huexca, en Morelos, ha resultado, hasta hoy, el experimento más fallido del sistema de consultas que impulsa el gobierno federal. Pero el conflicto en sí demuestra, más allá de las evidentes dificultades de una consulta realizada sin los controles y mecanismo de confianza mínimos cuando hay posiciones polarizadas, los desafíos que el gobierno debe afrontar ante una izquierda radical que consintió durante años de campaña, pero que a la hora de gobernar sólo le genera costos.
El presidente López Obrador fue muy duro hace una semana con los integrantes del Frente que se oponen a la operación de la termoeléctrica de la Huexca. Tiene razón: la agenda real de esos grupos pasa muy lejos de la ecología o del simple reclamo de las tierras, que son el instrumento para movilizar y organizar bases tras un proyecto ideológico, en este caso muy cercano al EZLN.
Si desde el domingo de la semana pasada la situación se había tensionado mucho, el asesinato de Samir Flores la llevó al límite. No imagino, como dicen los del Frente de la Tierra y los grupos que los apoyan, que el gobierno que encabeza López Obrador haya ordenado ese crimen. Parece, en realidad, al contrario: quien asesinó a Samir le hizo un regalo envenenado al gobierno federal y al estatal, que sólo ha servido para hacer intransitable la situación. La dureza del gobierno que continuó con la consulta, a pesar del crimen y de los hechos de vandalismo sólo se explica, también, a partir de esa lógica: demostrar a sus exaliados de la ultra que no dará marcha atrás ante presiones.
El gobierno federal ha tenido con esos grupos varios gestos desde el inicio de la administración. Desde la liberación de “presos políticos”, que en realidad estaban detenidos por delitos graves sin relación con la política, hasta los miles de millones de pesos que terminaron recibiendo los de la CNTE (una de sus vertientes acusa ahora al gobierno federal de asesinar a Samir) son parte de una estrategia que busca dividir a esas corrientes para que tengan que optar entre López Obrador o sus liderazgos tradicionales. Eso está sucediendo en Morelos, en la Coordinadora y ocurrirá en forma notable, ya lo veremos, en cuanto se comience a construir el Tren Maya y pase por zonas de influencia zapatista (lo mismo sucederá con el transoceánico, aunque allí la presencia radical es mucho más localizada). Sin duda, muchos se disciplinarán con el gobierno lopezobradorista, pero otros se alejarán y radicalizarán aún más para hacer manifiesta esa distancia.
Mientras eso sucede a la izquierda del gobierno, a su derecha también hay desconcierto. Resulta evidente que en Morelos, Morena ha dejado solo al gobernador Cuauhtémoc Blanco y al superdelegado y líder del PES (partido por el que fue candidato el exfutbolista) Eric Flores. Ni sus legisladores ni los dirigentes del partido se han aparecido por Morelos.
El enfrentamiento del gobernador con la dirigencia de Morena se ha hecho en estos días, ante los hechos, más evidente que nunca.
Decía el presidente López Obrador, en Chetumal, durante el acto del Día de la bandera, interrogado sobre el caso Huexca, que hay que dejar que la gente decida, porque “la gente siempre actúa de manera responsable”. La verdad es que la historia demuestra exactamente lo contrario, son demasiadas las ocasiones en que la gente, movida por uno u otro interés, actúa en forma muy irresponsable.
GUARDIA NACIONAL Y FUERO DE GUERRA
Cuando regrese esta semana a la Cámara de Diputados la reforma que crea la Guardia Nacional y que logró ser aprobada, por unanimidad, en el Senado de la República, los legisladores tendrán que poner atención en algunas contradicciones de la minuta aprobada que pueden causar daños serios a la operación de la nueva institución de seguridad.
Existe una grave contradicción entre el párrafo que se adiciona al artículo 13, con el que se prevé la subsistencia del fuero de guerra (el fuero militar) para la GN (que no puede tener jurisdicción sobre personas que no pertenezcan a las Fuerzas Armadas), con los párrafos décimo y décimo primero del artículo 21, que señalan que la Guardia Nacional es de carácter civil.
Por eso el agregado al artículo 13 es incomprensible. Se dice que la GN estará “homologada” a las Fuerzas Armadas, pero no se explica qué se entiende por homologar. Si se trata de aplicar el fuero militar a los miembros de la GN que tengan origen militar podría entenderse, pero no dice qué pasará entonces con los provenientes de la PF ni con los de nuevo ingreso. Ese párrafo modificaría lo que hasta ahora se ha preservado en la jurisdicción militar, que es que todos los delitos del fuero común o federal, si se comenten en actos de servicio o con motivo del mismo, son competencia militar.
El riesgo, opinan los especialistas, es que de esa forma se termine por contaminar toda la jurisdicción militar, incluso para el resto de las Fuerzas Armadas. Eso se podría solucionar, dicen, adicionando al párrafo existente que “…los tribunales militares en ningún caso extenderán su jurisdicción sobre individuos que no pertenezcan al Ejército o la Guardia Nacional…”.