Anarquistas o conservadores, impunes

Por Jorge Fernández Menéndez

Las preguntas son inevitables, ¿quién está detrás de los llamados grupos anarquistas?, ¿en realidad no se puede saber quiénes impulsan y financian estos grupos?, ¿cómo puede mantenerse un movimiento que ha ocasionado más de mil millones de pesos en daños a negocios en apenas 72 horas en dos movilizaciones?, ¿quién financia sus operaciones, quién les compra equipos?, ¿cómo confluye su agenda con otros grupos violentos, incluso armados y criminales?

Son preguntas básicas que se haría cualquier interesado en la seguridad nacional e interior del país, pero no las autoridades federales y locales que los dejan operar con absoluta impunidad.

El sábado, con la marcha feminista, como ya había ocurrido el jueves con la de la conmemoración de los jóvenes de Ayotzinapa, el vandalismo alcanzó niveles brutales, desde intentos de incendios en librerías, restaurantes y hoteles hasta de las puertas de Palacio Nacional y la Catedral. Dicen las crónicas de la marcha del sábado que “diversos medios de comunicación fueron agredidos por mujeres con el rostro cubierto con máscaras que portaban pistolas, que usaron como rociadores de pintura y gasolina, que en diversas ocasiones fueron lanzadas contra camarógrafos y fotógrafos. También traían máquinas de choques eléctricos para atacar a los representantes de los medios que realizaban su trabajo”.

El viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador descubrió que los vándalos en realidad no son anarquistas, sino “conservadores” embozados. Pero lo cierto es que los anarquistas comenzaron su campaña de agresiones el primero de diciembre del 2012, cuando asumió Enrique Peña Nieto e, incluso, aquel primero de diciembre desde la tribuna de San Lázaro, Ricardo Monreal (ya encabezando lo que se convertiría en Morena) condenó al nuevo “gobierno represor” por haber intentado responder a las violentas agresiones de los que ahora son considerados conservadores.

Desde la Asamblea Legislativa de la ciudad, en esos días se cambiaron las leyes, en una iniciativa impulsada por Izquierda Democrática Nacional, el grupo que encabezan Dolores Padierna y René Bejarano, para que los delitos cometidos por los anarquistas detenidos fueran considerados como no graves; abogados de esos mismos grupos pagaron las fianzas de los detenidos y les pusieron abogados defensores a los que quedaron, por muy poco tiempo, detenidos. En tribuna se los consideró “presos políticos”.

Es verdad que la coordinación de los grupos anarquistas se da sobre todo por redes sociales. Pero tienen un centro de operaciones público.

En lo que fuera el auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, ahora llamado por sus ocupantes Che Guevara, se refugian muchos de los integrantes de los llamados anarquistas (aunque en su vida hayan leído al Che, que detestaba a los anarquistas, y mucho más a Bakunin). De allí parten a realizar actos vandálicos de todo tipo. Allí viven y duermen. El espacio, ocupado por estos grupos desde la huelga universitaria de 1999, sirve para todo, desde la realización de asambleas hasta de hotel de paso. Nadie, dentro o fuera de la UNAM, se mete con los ocupantes del auditorio porque se sabe que la respuesta es la violencia. El rector Enrique Graue se comprometió a recuperar el Ché Guevara para la comunidad universitaria cuando asumió la rectoría. El rector, es una buena noticia, está por reelegirse, pero hoy como hace cuatro años, como desde 1999, estos personajes que no son universitarios, que participan en todos estos actos violentos y que se relacionan también con la venta de drogas en los espacios de CU siguen ocupando el auditorio. Nadie los molesta.

Sean conservadores o anarquistas, lo cierto es que si las autoridades quisieran acabar con esas actividades brutales en contra de la ciudadanía no tendrían que hacer ningún esfuerzo mayor: siempre se trata de grupos de unas 70 personas encapuchadas, vestidas de negro. Bastaría con detener a algunos de ellos, ver quiénes son, cómo se comunican, quién los apoya o financia y se tendría un diagnóstico bastante transparente de quiénes están detrás de esta forma de violencia urbana, de grupos en realidad criminales.

Las instituciones del Estado siempre serán más fuertes que los grupos criminales. Pero, para que esto ocurra, se necesita que esas instituciones existan y funcionen. Se necesitan leyes y voluntad política. Las primeras existen, la segunda no.

MONTAÑO

Murió el jueves, sufría de cáncer, Arturo Montaño, un mexicano que durante años trabajó en las áreas de prensa de la Embajada de Estados Unidos en México con cercanía, profesionalismo, sentido político y de comunicación. Un tipo entrañable. Se lo extrañará. Descanse en paz.Información Excelsior.com.mx