Mérida, Yucatán a 25 de septiembre de 2024.- La apelación presentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), porque en su momento no se vinculó a proceso a V.M.S.I. acusado del delito de fraude en la construcción de una casa, arrojó nuevos datos, tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia que revocó la resolución emitida el año pasado y ahora el encausado continuará bajo proceso, tras las diligencias iniciadas por la denuncia interpuesta al no cumplir con el contrato para la edificación de una casa en la Privada Jardines de la Rejoyada, en la localidad de Komchén, comisaría de Mérida.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida y por orden del Tribunal de Alzada, se revocó el auto de no vinculación previo, permitiendo reanudar el proceso, donde se definió la situación legal del acusado, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria de la causa penal 230/2023.
Cabe recordar que previamente, los fiscales de litigación habían establecido que la denunciante y el imputado, en octubre del 2019 habían suscrito un contrato para la construcción de una casa habitación con un costo de dos millones de pesos, pero a pesar que la querellante había entregado 724 mil pesos en concepto de enganche y realizó otros pagos hasta llegar a un monto superior al millón y medio, el encausado no concluía la construcción del predio.
Así que en enero del 2021, a pesar de múltiples pretextos para no entregar la obra, la querellante acudió al sitio y pudo observar diversos desperfectos, que tras realizarse un peritaje a cargo de un ingeniero, se pudo comprobar que se habían utilizado materiales de menor calidad y sin apego al reglamento de construcción, motivo por el que la afectada interpuso la denuncia correspondiente.
Por último, antes de finalizar la diligencia, se solicitó la imposición de medidas cautelares, por lo que la Juez Segunda de Control estableció que el imputado deberá acudir a firmar periódicamente al Centro Estatal de Medidas Cautelares, presentar una garantía económica, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial, así como también deberá someterse al cuidado y vigilancia del citado Centro por todo el tiempo que dure el proceso.