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Se concursarán 323 plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional
Ratifica la Junta General Ejecutiva legalidad de sus decisiones
La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la Segunda Convocatoria del Concurso Público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional correspondientes al Sistema INE; es decir, se trata de posiciones adscritas a la autoridad electoral nacional.
La difusión de esta Convocatoria se llevará a cabo durante 10 días naturales a partir del 25 de enero de 2020, a través de las redes sociales y medios de comunicación institucionales; en diarios de circulación nacional y mediante carteles que serán distribuidos en las juntas locales y distritales.
El registro e inscripción iniciará al día siguiente de aquel en que concluya la difusión de la convocatoria y, se realizará en un periodo de siete días naturales, comprendido del 4 al 10 de febrero de 2020; mientras que la aplicación del examen de conocimientos se llevará a cabo el sábado 28 de marzo. Posteriormente, tendrá lugar el cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos, así como la evaluación psicométrica y las entrevistas, cuyas fechas serán notificadas en el sitio web del Instituto.
El Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que este será el concurso más grande que haya tenido el Instituto, debido al número de personas que se tiene previsto se inscriban para ocupar una de las 323 plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional.
“Será la convocatoria más grande en la historia de la institución en términos de la oferta de plazas, por lo que es de esperase que sea el concurso con mayor número de aspirantes”, añadió.
Edmundo Jacobo explicó que el ejercicio podría llegar a los 25 mil aspirantes por tratarse de una convocatoria abierta a nivel nacional. Adicionalmente, para acortar la brecha de género existente en el Servicio Profesional Electoral, se designará el 66.6 por ciento de plazas vacantes a la lista de mujeres y el 33.3 por ciento de plazas restantes, se ofrecerá a la lista de hombres.
Precisó que ésta sería la segunda convocatoria del Concurso para estar en condiciones de atender con equipo completo el Proceso Electoral 2020-2021 que dará inicio en septiembre próximo.
La convocatoria cumplirá con todas las disposiciones y normativas al respecto, “llama la atención la oferta que hará la institución, lo riguroso de la convocatoria y la transparencia para integrar todo el equipo profesional del Servicio Civil de la institución que se hará cargo de la próxima elección”.
Enseguida, Carlos Alberto Ferrer Silva, Director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, dijo que la convocatoria pone en relieve el prestigio del INE, porque no sólo se trata de una aspiración legítima de obtener un empleo, sino la de pertenecer a la mejor institución del Estado mexicano.
Respeto a la Constitución y las leyes, objetivo común del INE y el OIC
Durante la primera sesión ordinaria del año, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Jesús George Zamora, anunció que abrirá, de oficio, una investigación administrativa respecto a la emisión del acuerdo de la Junta General Ejecutiva INE-JG-245/2019, a partir del cual este órgano de dirección del INE aprobó el tabulador para todo el personal de la institución en 2020.
“Para el Órgano Interno de Control existe una posible -quiero recalcar la palabra posible- violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular a sus fracciones II y III”, ya que –añadió- a consideración del OIC, hay servidores electorales que no cabrían en la excepción respecto a tener un trabajo calificado o un trabajo de especialización en razón a su función.
Al respecto, el Director Jurídico del INE, Gabriel Mendoza Elvira, respondió que los integrantes de la Junta General Ejecutiva “estamos convencidos de la legalidad del acuerdo y su apego a la Constitución”.
Argumentó que difícilmente la aplicación directa de la Constitución pueda implicar su violación, por lo que pidió al titular del OIC no entrar al terreno de las interpretaciones jurídicas respecto de las normas que rigen el actuar del Instituto.
“Hay muchos precedentes de los tribunales, de la Corte, en el sentido de que la interpretación de las normas o la discrepancia que pueda haber entre criterios interpretativos, no puede ser motivo de responsabilidad. Yo lo único que pediría es que se cuide ese aspecto”, enfatizó.
No obstante lo anterior, Gabriel Mendoza refrendó la apertura de los integrantes de la Junta General Ejecutiva para que se pueda llevar a cabo este ejercicio. Finalmente, dijo, tanto el OIC como las áreas ejecutivas del INE tienen un objetivo en común: que en el INE se respete la Constitución y las leyes.
Asimismo, el Presidente del INE, Lorenzo Córdova, refrendó su disposición al diálogo que siempre se ha propiciado desde la Presidencia con el Órgano Interno de Control, bajo la premisa de que, cuando se interpreta la norma, difícilmente hay verdades absolutas; y reiteró que en las decisiones que ha tomado el INE y la Junta General Ejecutiva, hay una vocación permanente de cumplir la Constitución.
Por su parte, el titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, Carlos Alberto Ferrer Silva, solicitó al Titular del OIC que en su investigación tome en consideración todo el contexto jurídico del caso, particularmente el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que el salario del Presidente de la República debe basarse en criterios objetivos, que a la fecha no existen.
