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Con el fin de complementar el trabajo de las fuerzas estatales, la comisión de Justicia y Seguridad Pública aprobó por unanimidad el dictamen para reformar la Ley para la Prestación de Servicios de Seguridad Privada que establece nuevas responsabilidades para las empresas de este giro en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
“Ellos son los primeros en responder al ser encargados de vigilar de manera directa las plazas, centros comerciales, supermercados, estacionamientos, cines entre otros lugares donde a diario asisten un gran número de familias”, expuso la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, Celia Rivas Rodríguez (PRI).
En su turno, Moisés Rodríguez Briceño (PAN) indicó que el dictamen también contempla propuestas de su fracción parlamentaria para que en caso de sancionar a estos negocios, las resoluciones sean publicadas en el Diario Oficial del Estado, dos periódicos de circulación estatal y en la página de internet de la SSP.
Celia Rivas, reiteró que con estas modificaciones a la mencionada Ley, se obligaría que las empresas que presten este servicio cuenten con un mínimo de empleados, así como el material y equipo necesario para realizarlo, que será bajo la supervisión de la SSP.
El dictamen será enviado a todos los diputados de la LXI Legislatura para su discusión y votación en una próxima sesión ordinaria del pleno.
Juicio de Amparo
En la comisión también se distribuyó entre sus integrantes el expediente sobre la sentencia del Juzgado Quinto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito del Estado, referente a un juicio de amparo resuelto a favor de un ex magistrado, así como un resumen informativo del procedimiento llevado a cabo por el Congreso sobre este tema.
Elías Lixa Abimerhi (PAN), puntualizó que el documento no cuenta con una firma de quien lo realizó, por lo que su bancada quisiera saber quién es el responsable de tomar las decisiones sobre el asunto y una justificación de sus acciones.
“Vamos a evaluar esta situación con base a los documentos aunque todavía no encontramos las razones, solicito un informe justificado de las acciones emprendidas donde se detallen las razones, causas y circunstancias del por qué el Congreso actuó de esa manera”, indicó.
Rivas Rodríguez, detalló que la dirección jurídica de esta soberanía es quien toma estas acciones y trabaja los juicios de amparo, así como otros litigios que recaen en el Congreso, por lo que invitó a revisar puntualmente los documentos recibidos, al tiempo de recordar que el colegiado amplió 30 días hábiles a partir del 21 de septiembre, para resolver sobre el caso.
“Hay que revisar qué es lo que tiene de fondo la decisión del colegiado, se le pide al Congreso del Estado tomar una decisión entre ratificar al quejoso o brindarle su haber de retiro, incluso que nos expresemos en qué otro sentido se puede resolver, siempre de acuerdo con la ley”, aclaró.
En el mismo sentido, David Barrera Zavala (PRD) declaró que independientemente de la preocupación por la forma en que se llevó el caso a cargo del Congreso del Estado “me reservo mi opinión porque no tengo la claridad, pero que se haga constancia que en la siguiente sesión haré una manifestación”.
Por el contrario, Raúl Paz Alonzo (PAN) reiteró que su fracción parlamentaria quiere conocer quién tomó la decisión, “aunque por lógica tengo entendido que fue la dirección jurídica”, pero insistió en el reporte detallado para revisar si las acciones fueron correctas o no.
En su turno, Verónica Camino Farjat (PRI) señaló que lo más idóneo es leer los documentos, independientemente del otro informe solicitado, ya que los diputados no son jueces, al mismo tiempo que citó uno de los puntos expuestos en el resumen del expediente que menciona “que el Honorable Congreso no tiene la competencia para tomar la decisión que un juez sí puede tomar”.
Asimismo, Henry Sosa Marrufo (PRI) expresó que el expediente debe contener todos los actos que integran el juicio, además de que en la Ley de Gobierno del Poder Legislativo establece que quien representa al Congreso en los juicios de amparo es el director jurídico porque es un órgano especializado que le permite litigar en representación de esta soberanía.
Para finalizar, Daniel Granja Peniche (PRI) concordó en no poder emitir una opinión hasta no leer los documentos, instando a conducirse como lo marca la ley y en caso de que algo se tenga que complementar instruyó a la Secretaría General y a la Dirección Jurídica que así sea, al igual que recalcó que “la dirección jurídica debe defender los temas del Congreso y eso fue lo que hizo”.
