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Mérida, Yucatán, 18 de agosto de 2021.- En sesión de la comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad modificar el Código Penal del Estado para crear un Registro de Deudores Alimentarios de Yucatán, para inscribir a los insolventes de una pensión y hacerlos responsables de su obligación de dar alimentos, ordenadas por los jueces y tribunales o establecidas por convenio judicial.
Por lo cual, la Fiscalía General del Estado (FGR) deberá llevar el mencionado registro electrónico que estará a disposición para su consulta a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los tres poderes de gobierno, de manera gratuita y exclusivamente para el ejercicio de sus funciones.
El presidente de la Comisión y promovente de la iniciativa, Luis Borjas Romero (PRI), afirmó que la creación de este instrumento del estado es para coadyuvar en el pago de la pensión alimenticia en favor de dos sectores más vulnerables de la sociedad: los menores de edad y las mujeres.
En el dictamen se plasmó también que el deudor alimentario no podrá tramitar o renovar la licencia de conducir ni acceder a beneficios económicos otorgados por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán por decreto, mientras esté inscrito en dicho registro.
Lo anterior, a propuesta del diputado de Morena, Miguel Candila Noh, salvo que se demuestre que la licencia de conducir sea una herramienta indispensable de trabajo para solventar las obligaciones alimentarias; así como tampoco podrán presentar propuestas ni celebrar pedidos o contratos con el Gobierno del Estado, salvo las excepciones previstas en la ley.
De la misma manera, el cuerpo colegiado aprobó por unanimidad el dictamen que adiciona el artículo 278 bis, y la fracción VII al artículo 308 del Código de Familia para el Estado de Yucatán y se adiciona el artículo 394 Septies al Código Penal del Estado de Yucatán, presentada por el legislador Candila Noh.
El producto legislativo plantea que en caso de feminicidio u homicidio entre quienes compartan la Patria Potestad de un menor de edad, el juez también considerará la asignación de ésta, en preferencia a los familiares de la víctima, en el siguiente orden: abuelos por parte de la víctima y a los hermanos de la víctima.
Las y los diputados de la comisión también aprobaron por unanimidad modificar el Código Penal del Estado de Yucatán, suscrita por la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín, para establecer que, en el delito de feminicidio, la acción penal para su persecución es imprescriptible.
De la misma manera, avalaron por unanimidad otro dictamen para reformar el Código Penal del Estado, presentada por el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, para determinar que se aplicará de uno a tres años de prisión y de cien hasta doscientos días multa a quien imparta, obligue, permita, consienta o aplique sobre una persona, terapia, método, tratamiento o actos tendientes a anular, obstaculizar, modificar, menoscabar o reprimir el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, expresión o manifestación de género de la víctima mediante la violencia física, moral o psicoemocional que atente contra la dignidad humana.
Además, a propuesta del diputado promovente, se agregó la leyenda – cause o no daño físico o emocional -, ya que explicó que lo que se condena “es el abuso, aunque no se haya llegado a causar un daño en la víctima; la conducta es lo que se busca sancionar”.
De la misma manera, se aprobó por mayoría la no ratificación del Mtro. Luis Jorge Parra Arceo, como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y se le anexo al dictamen una convocatoria para que la designación del cargo sea por medio de propuestas ciudadanas, signada por los diputados del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, Kathia Bolio Pinelo y Víctor Sánchez Roca.
El también presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera, manifestó que la convocatoria “es una barbaridad jurídica” porque estos cargos no se concursan, sino que son acciones potestativas de cada poder del estado, ya que son los únicos que faculta la Constitución Política del Estado para presentar propuestas para ocupar dicha vacante.
En dado caso, continuó, todos los requisitos deben conocerlos los 25 diputados de la LXII Legislatura en una sesión plenaria, cuando se convoque para la elección de los Consejeros y ahí anunciar cuales son los requisitos para proponer.
A parte, el diputado del PRI presentó un voto particular, que es un punto de vista disiente del dictamen en lo general, o de uno o varios artículos en particular, que fue presentado por él y sus compañeros de bancada, Karla Franco Blanco y Luis Borjas, para ratificar al ciudadano, Parra Arceo, como consejero de la Judicatura, así como para que quede sin efecto cualquier convocatoria o acto emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública.
En respuesta, la coordinadora de la fracción el PAN, Díaz Lizama, explicó que la convocatoria fue con estudio a fondo de la Constitución de Yucatán, la cual no marca un procedimiento como tal y con esto se brindaría una oportunidad de participación ciudadana, “estamos proponiendo una metodología de elección para el próximo consejero y podemos sentar un precedente”.
De la misma manera, la diputada Silvia López Escoffié, añadió que la carta magna local no establece ni tampoco prohíbe un procedimiento específico y se puede abrir a la ciudadanía la consulta, “me parece una innovación, no está prohibido en alguna de nuestras facultades”.
Ante estos argumentos, el legislador Felipe Cervera recordó que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les mandata, por lo que la Constitución estatal y la ley en la materia no dice que se deba emitir una convocatoria, toda vez que el Consejo de la Judicatura no es similar a los órganos autónomos, “estamos hablando del órgano de gobierno del Poder Judicial, no es un tema de participación ciudadana”.
En la comisión también continuó el análisis y discusión de la iniciativa de Ley que reforma la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, suscrita por el diputado del PAN, Manuel Díaz Suárez; al igual que la iniciativa que expide la Ley de Amnistía para el Estado, del legislador Candila Noh.
