Sin embargo, la propuesta técnica para que sea en un artículo transitorio fue de Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), secundada por los diputados Felipe Cervera Hernández (PRI), Miguel Candila Noh (Morena) y Miguel Rodríguez Baqueiro (PAN), porque el cambio de fecha es que no se tiene certidumbre de que pasará en los próximos meses, debido a la pandemia de Coronavirus, pero después se podría estudiar si se cambian los plazos de manera definitiva.
En el mismo sentido, el diputado Felipe Cervera, indicó que urgía avalar este tema porque también el Congreso estatal se quedaría sin tiempo para legislar en la materia y el IEPAC para aplicar posibles cambios.
En otro punto, el seno de la comisión aprobó por unanimidad reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo, en materia de Parlamento Abierto, con las propuestas de la legisladora, Silvia López, para que el glosario de los principios de Parlamento Abierto estén al principio del capítulo y no repetirlos constantemente en la ley; así como para que el Congreso del Estado cuente con 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de este Decreto, para implementar estas medidas en cada área de esta Soberanía.
Por otro lado, continuó el análisis de las reformas a la Constitución Política de Yucatán, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia, suscrita por el PRI, para lo cual, el legislador Miguel Candila, presentó una propuesta al artículo 19 Bis.
Sobre el tema, López Escoffié, indicó que la reforma es irrelevante porque no debe establecerse en la Carta Magna del Estado, sino sólo en las legislaciones secundarias, ya que la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, establece que se deposita en una Asamblea de Representantes donde quiera que estén, como es el caso de las sesiones de manera virtual, vía internet, como propone dicha iniciativa.
En respuesta, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera, aclaró que las autoridades pueden hacer lo que la ley les permita y en la Constitución Política de Yucatán, en su artículo 19, establece que entre las obligaciones del Presidente del Congreso estatal, debe garantizar la inviolabilidad del Recinto donde los diputados deban sesionar, en caso de modificar el lugar, se debe especificar la dirección del predio y el tiempo en que este fungirá como Recinto Legislativo, por lo que no se puede determinar 25 lugares diferentes cuando se quiera realizar una reunión.
En su turno, Alejandro Cuevas Mena (PRD), consideró que se debe clarificar en la Constitución las sesiones virtuales por casos extraordinarios, pero sin modificar mucho la misma normativa; por consiguiente, la presidenta de la Comisión, Karla Franco Blanco (PRI), respondió que la dictaminación del tema será hasta una próxima sesión para aclarar el punto.
Así mismo, en el cuerpo colegiado continuó el análisis de la iniciativa que reforma y adiciona al Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de sesiones en línea, suscrita por Movimiento Ciudadano; la iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, en materia de sesiones fuera del Recinto Legislativo por contingencia, signada por el PRI.
Al igual que la iniciativa para adicionar una fracción al artículo 43 de la Ley de Gobierno de los Municipios, en materia de suicidio, de Kathia Bolio Pinelo (PAN); además de la Iniciativa para adicionar diversos artículos a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento, por el que se crea la Contraloría Interna de esta soberanía, presentada por Felipe Cervera Hernández (PRI).
Para esta última, el diputado Miguel Rodríguez presentó una propuesta, en conjunto con su compañera de bancada Díaz Lizama, para modificar el artículo 75 Bis y la fracción 22 del artículo 75 Quater, así como solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas del Congreso local, un estudio presupuestario sobre la viabilidad financiera de esta propuesta, porque contempla la creación de nuevos puestos laborales.
Por último, también continuó el estudio de la iniciativa para modificar la Constitución Política del Estado, en materia de educación, signada por el Ejecutivo estatal, para lo cual se pedirá la opinión de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia y Tecnología sobre el tema, como propuso la diputada Díaz Lizama.