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Tras varias semanas de análisis y trabajos, incluidas reuniones con las partes involucradas, diputados de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública aprobaron el dictamen para reformar la Ley del Notariado del Estado de Yucatán.
En sesión de este día, también se aprobó modificar el Código Penal del Estado de Yucatán para sancionar como conducta delictiva a quien altere o modifique documentos oficiales ante una autoridad o fedatario público.
“Con estas acciones se cumple con los temas que nos ha solicitado la sociedad. La voluntad de todas las fuerzas políticas permitió trabajar en torno a los cuatro dictámenes aprobados este día, lo que dará paso a productos legislativos de calidad”, afirmó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez.
A los dos dictámenes citados, durante la jornada legislativa también se aprobaron los concernientes a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en materia de Jueces de Primera Instancia y las reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre las instancias del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ambas enviadas por el Ejecutivo estatal.
Por lo que toca a las reformas a la Ley del Notariado, el dictamen fue aprobado por mayoría, con el voto a favor de Celia Rivas Rodríguez, Daniel Granja Peniche (PRI), Cindy Santos Ramayo (PANAL), Raúl Paz Alonzo, Ramiro Moisés Rodríguez Briceño y Marco Antonio Novelo Rivero (PAN) y un voto en contra del diputado Henry Sosa Marrufo.
Al detallar sobre las modificaciones en el tema de los notarios se destacó que el notario titular será responsable solidario de todos los actos jurídicos realizados por el notario suplente; es decir que exista corresponsabilidad de la función notarial entre ambos, con lo que se garantizará la seguridad jurídica del patrimonio de los yucatecos.
De igual manera, los notarios públicos podrán designar un máximo de tres personas para que lo auxilien en los trámites notariales ante el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, mismas que deberán estar registradas ante el Consejo de Notarios y la Dirección del Archivo Notarial, lo que se tendrán un mayor control y confianza.
Rivas Rodríguez, afirmó que otro punto innovador es que los notarios y escribanos deberán informar semestralmente al Consejo de Notarios Estatal sobre el índice cronológico de los actos notariales y escrituras públicas que otorgue por cada libro del protocolo.
Otro punto destacado es que los aspirantes al examen para notario público tendrán que acreditar un curso de ética y práctica notarial, que deberá tomarse una vez expedida la constancia de terminación de dichas prácticas y aprobarse dentro de los dos años anteriores a la presentación del examen a aspirante a notario.
Se propone delimitar que en ningún caso un notario podrá realizar convenios de suplencias vigentes con más de tres notarios públicos a la vez y que el notario que solicite licencia únicamente podrá ser sustituido por alguno de sus homólogos con los que haya celebrado el convenio de suplencia o por un aspirante a notario que cuente con la patente respectiva vigente.
En las citadas reformas aprobadas se establecen también las condiciones para revocar la patente de notario público cuando sea por resolución de una sentencia ejecutoria o cuando el propio notario lo solicite derivado de su edad avanzada o enfermedad o cuando ésta sea impuesta como sanción.
En torno a los escribanos públicos se implementará un modelo permanente de actualización y capacitación, modalidad que será condicionante para quienes deseen ser ratificados en sus funciones.
En cuanto al límite de sus operaciones se acordó aumentar la cuantía de sus actos pasando de 1200 UMAS a 2000; es decir, 160 mil pesos, a lo que se suman el tema de las patentes que seguirán vigentes hasta el 31 de diciembre
