Por: Yuriria Sierra
“Los censores nunca jamás han sido protectores de la gente (aunque así se vendan): son protectores de los poderosos que no quieren que nadie los exhiba. Al grado de defender, incluso, lo indefendible. El IFT está a tiempo de recapacitar y no contribuir a lastimar todavía más nuestra ya de por sí muy lastimada democracia…”, escribí esto hace apenas una semana. Hoy, siete días después, el IFT tendrá que esperar a que la SCJN resuelva la controversia constitucional que interpondrá Presidencia de la República, según lo anunció ayer. Son ocho los artículos de la Ley Federal de Televisión y Radiodifusión que fueron señalados por el Ejecutivo para buscar su anulación. Entre ellos está, justamente, al que hice referencia hace unos días.
El gobierno de la República justifica su intervención en que el IFT no tiene facultades para emitir disposiciones que regulen lo que entendemos (o entienden) como derecho de las audiencias. Esto es parte de las obligaciones del Estado, y pretender regularlo era invadir facultades del Presidente. Y como detallamos varios colegas, definir qué debe ver y de qué forma la audiencia, es un asunto sumamente delicado y, sí, de corte autoritario y diseñado sobre criterios que subestiman a televidentes y a radioescuchas, que pretendían “proteger” a las audiencias a partir de subestimarlas y privarlas de toda voz que propicie debate, opinión, signos de interrogación, irreverencia, cuestionamiento o hasta la mera interpretación de los hechos que aporta la realidad.
El recurso de controversia constitucional que interpuso Peña Nieto corresponde a una urgencia para asegurar que la manera en cómo comunicamos quienes nos dedicamos a los medios de información, no sufra alteraciones que corresponden más a regímenes censores que a una democracia abierta y deliberativa.
“Me gusta mi mundo sucio, contradictorio, mugriento y bajo. No lo cambio por el lugar desinfectado que, dentro de poco, será…”, escribía Leila Guerriero hace un par de semanas en su blog en El País. Se refería —por supuesto— a la lluvia de reglas o normas morales que, con el tiempo, la sociedad ha diseñado como resultado de un boom por la corrección política. Búsqueda de mejores códigos que se han convertido en estrategias de manipulación por parte de quienes ejercen el poder. Cuando lo correcto se vuelve lo incontrovertible. Le decía yo en el texto del 27 de enero: lo que pretende el IFT es evitar que yo que escribo en este diario y conduzco dos espacios informativos, en radio y televisión, respectivamente, me guarde sólo para mí (o lo aturda a usted, querido televidente o radioescucha, con cortinillas de advertencia de que lo que diré es opinión mía y nada más que mía, como si usted fuera un tonto incapaz de distinguirla) cualquier apreciación sobre la realidad. Ni pensar en decir que Javier Duarte es un ratero, aunque la Interpol ya lo busque por ello: antes el IFT me exigiría una cortinilla de “opinión”. Otra nueva legislación para menospreciar el criterio, la inteligencia y el discernimiento de los ciudadanos: el Estado siempre tratándolos como niños de pecho para protegerse a sí mismo (o a su clase política) de todas las críticas y cuestionamientos. Mejor te pongo una venda (o una cortinilla) en ojos y orejas para que no veas ni oigas que en realidad soy santaclós (o bueno, que soy un ratero).
El IFT esperará la resolución de la Corte, que antes de discutir el tema deberá aceptar el recurso del gobierno federal. ¿En qué pensaba el IFT con esta ley que sería la envidia hasta de Nicolás Maduro? El gobierno federal hace lo correcto al interponer la controversia para no permitir que esta sociedad reciba, como escribía Leila, la información “desinfectada”. Que de tan desinfectada termina siendo incolora, inodora, insípida y… homogénea. Repito lo que anoté: una sana democracia se enriquece por la diversidad de voces y de vías que éstas tienen para expresarse. Cualquier intento de restringirla —lejos de los principios éticos de cada informante—, corresponde a un acto de censura. Y las mordazas siempre sacan sangre: no sólo a las bocas a las que se imponen; también a las manos que las amarran… Es turno de la SCJN para defender una libertad fundamental para toda democracia que se precie de serlo. Información Excelsior.com.mx