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Las protestas contra el gobierno venezolano continuaron este miércoles, al cabo de siete semanas, y dejaron un muerto, 82 heridos, entre ellos dos diputados opositores, y la amenaza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de encarcelar a alcaldes si permiten el bloqueo de carreteras.
La Fiscalía General confirmó la muerte en una manifestación del estudiante de enfermería, Augusto Pugas, en la región sureña de Bolívar, a causa de un disparo en la cabeza. El deceso elevó a 56 el número de víctimas mortales en las protestas.
La jornada de protestas tuvo una dura represión, ya que una marcha que intentaba llegar al Consejo Nacional Electoral (CNE), en el centro de Caracas, fue disuelta por la policía con gases lacrimógenos.
La marcha en “defensa del voto” se movilizó para expresar rechazo al anuncio de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, quien aceptó tramitar la elección de los miembros de una Asamblea Constituyente que propuso el presidente Nicolás Maduro.
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La manifestación partió del municipio Chacao, en el este de la ciudad, pero en su camino al centro encontró las vías bloqueadas por la policía, antes de que la policía usó gases lacrimógenos y chorros de agua.
Los manifestantes fueron replegados hacia los municipios de Chacao y Baruta, donde continuó la represión de los cuerpos de seguridad.
Los municipios informaron que la jornada dejó 82 heridos, incluyendo a los diputados José Brito y Juan Andrés Mejías, ambos impactados por disparos de bombas lacrimógenas.
“La represión de hoy por parte de la Policía Nacional fue desmedida, disparaban las bombas lacrimógenas a quema ropa, los que estábamos en el lugar no veíamos de tanto gas que había, actuaron de una manera salvaje y desmedida”, dijo Brito, quien sufrió una lesión en una pierna al ser golpeado por una bomba.
Horas antes, la fiscal general, Luisa Ortega, advirtió sobre el uso excesivo de la fuerzas por parte de los cuerpos de seguridad contra las protestas y que las bombas lacrimógenas pueden convertirse en armas letales si son disparadas al cuerpo.
En la región occidental de Zulia, la Fiscalía informó que la sede de la Defensoría del Pueblo fue atacada por manifestantes.
A la vez, las fuerzas militares informaron sobre la detención de más de 100 manifestantes en la región llanera de Barinas, región natal del extinto líder bolivariano Hugo Chávez, donde murieron siete personas de balazos en solo dos días.
Mientras, la Sala Constitucional del TSJ advirtió sobre la eventual detención de ocho alcaldes, incluyendo a tres opositores del área metropolitana, si permiten los bloqueos de vías públicas durante las protestas.
Una sentencia emitida hoy advierte que los alcaldes de Chacao, El Hatillo, Baruta, Los Salias y Carrizal, en el estado norteño de Miranda, y de Libertador, Alberto Adriani y Campo Elías, del estado de Mérida, podrían ser encarcelados hasta por 15 meses si continúan los bloqueos de calles en sus jurisdicciones.
La sentencia los exhortó a realizar todas las acciones y utilizar recursos humanos y materiales necesarios a fin de evitar obstaculización de vías, además de proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías libres de barricadas.
Asimismo, los instó a proteger a vecinos y habitantes de sus municipios, impidiendo reuniones en vías públicas que coarten el libre tránsito.
Dijo que de incumplir las órdenes, se les aplicará la sanción que prevé penas de entre seis y 15 meses de prisión. Información noticiasmvs.com
