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Mérida, Yucatán, 14 de octubre de 2020.- La LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 18 votos a favor y 6 en contra, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo de Yucatán, para el ejercicio fiscal 2021, que plantea un total de $262,342,027, el cual será enviado al Poder Ejecutivo estatal para su evaluación.
En la sesión ordinaria de este miércoles, también se aprobó por mayoría los convenios para la solución de conflictos territoriales intermunicipales entre Mérida y Progreso, Mérida y Abalá; así como el de Mérida y Tecoh.
La diputada del PRI, Karla Franco Blanco, señaló que el aval a estos convenios es un hecho histórico, porque desde hace años se venía aplazando la atención de las zonas de traslape y las delimitaciones territoriales de los municipios en comento.
“Con determinación, voluntad política, diálogo y consenso, finalmente el día de hoy seguramente otorgarán su aval a los tres dictámenes que se pondrán a discusión a fin de preservar la unidad geográfica, económica y social de los municipios de Mérida, Progreso, Tecoh y Abalá”.
Por el contrario, el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, presentó una moción suspensiva al convenio entre Mérida y Progreso, al alegar que contenía presuntas ilegalidades el proyecto.
En respuesta, la coordinadora de la fracción de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, declaró que el diputado anterior “nos está ofendiendo por el trabajo que hicimos en la comisión”, ya que es un dictamen minucioso que se analizó en varias sesiones, donde se nos dieron las cláusulas y los planos de los convenios.
En el mismo sentido, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, indicó que este tema se ha discutido en varios años y se ha hecho un trabajo profesional tanto en la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación como ahora en la votación en el pleno de la LXII Legislatura, porque la Ley para la Solución de Conflictos de Límites Territoriales Intermunicipales establece que la labor del Congreso del Estado, ante este tema, es respetar los acuerdos tomados por los ayuntamientos respectivos en el convenio.
“Un conflicto de límites territoriales no es un pleito por límites territoriales; es cuando hay discrepancias entre dónde son los límites de cada municipio, ese es un conflicto, que se puede solucionar amistosamente; ¿quiénes lo pueden resolver amistosamente? Los ayuntamientos. Qué sucede si lo resuelven amistosamente, que nosotros únicamente debemos dar un visto bueno. Eso es lo que estaremos haciendo en un momento más, si así lo dispone la mayoría, darle el visto a un trabajo que ya realizaron dos ayuntamientos de conformidad y que ahora a nosotros nos corresponde validar dichos acuerdos como lo ordena la ley”.
Por otro lado, las siete fuerzas políticas aprobaron por unanimidad el dictamen de reformas a diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado.
La promovente de la iniciativa, María Moisés Escalante (PRI), mencionó que dichas reformas establecen la posibilidad de que las autoridades y dependencias de los tres poderes de gobierno, así como de los ayuntamientos, puedan realizar acuerdos de colaboración con instituciones, para efecto de auxiliar y atender solicitudes de rectificación, cancelación u oposición de datos personales.
“Cuando el solicitante hable alguna lengua indígena, cuestión que atiende al principio de no discriminación, y procura colocar a los particulares en igualdad de circunstancias en forma expresa en la norma”, agregó.
En la plenaria también se turnó a la comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno del Poder Legislativo y su Reglamento, suscrita por Movimiento Ciudadano; así como la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, propuesta por Marcos Rodríguez Ruz (PRI).
Así mismo, se envió a la comisión especial de Turismo, la iniciativa para modificar la Ley para el Fomento y Desarrollo del Turismo del estado, signada por Warnel May Escobar (PRI); al igual que se dieron a conocer los oficios de los Ayuntamientos de Cantamayec, Mayapán y Dzoncauich, por los cuales remiten su segundo informe de gobierno municipal 2018-2021.
En asuntos generales, la presidenta de la Mesa Directiva, Janice Escobedo Salazar (PRI), presentó una iniciativa por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Yucatán, con el objeto de reforzar e impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres del campo.
Haciendo lo propio, la diputada de Morena, Fátima Perera Salazar, presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Salud del Estado de Yucatán, en materia de parteras tradicionales; mientras que la diputada del PRI, Lila Frías Castillo, entregó una iniciativa para declarar como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, la fiesta patronal dedicada a San Pedro González Telmo “San Telmo”, Patrono del municipio de Progreso y de los pescadores.
En temas similares, la diputada del PRI, Mirthea Arjona Martín, hizo uso de la máxima tribuna para hacer un atento recordatorio y recalcar que octubre es el mes en que celebramos dos fechas muy importantes, el día Internacional de la Mujer Rural y la sensibilización sobre el Cáncer de Mama.
Por otro lado, la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, manifestó que no se ha resuelto el problema de las inundaciones en el estado por el paso de la tormenta tropical Gamma y el huracán Delta, por lo que informó que presentaron a la comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura realizar un análisis de la situación, invitando a expertos en la materia.
“No se está dimensionando y solo se habla del agua, no de la gente, existe una mala planificación de los asentamientos humanos porque no se consideraron los sistemas meteorológicos y la deforestación para construir las casas empeora esta circunstancia y causa más daños”, agregó.
Sobre el tema, el diputado Miguel Candila, mencionó que las inundaciones en Mérida no son casualidades porque son consecuencias de las decisiones de las constructoras, del gobierno estatal y del municipal.
En respuesta, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, recordó que Yucatán ha sufrido un año atípico con las lluvias, que ha sobrepasado el récord histórico, pero ahora, con la eliminación del Fondo Nacional de Desastres, a nivel federal, se complica la situación de los ciudadanos.
Aunado a esto, la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, expresó que también el manto acuífero fue rebasado, a causa de las lluvias y el problema no fue originado meramente por la construcción.
En su intervención, el diputado de Morena, Luis Loeza Pacheco dijo que en lugar de calificar o descalificar a las autoridades municipales, estales y federales, deberían presentar iniciativas de propuestas de prevención y solución a los sucesos que por experiencia ya pasaron, como la pandemia y tempestades que cruzaron como Cristóbal, Gamma y Delta.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Felipe Cervera, enfatizó que lo que ahora necesitan los ciudadanos son soluciones, sin importar de que gobierno vengan; además, según estudios plasmados en el atlas de riesgos, las zonas inundadas en Mérida son susceptibles a estas consecuencias, por lo que hizo un llamado a las autoridades a revisar cómo se otorgan los permisos de construcción y desarrollo urbano de la capital yucateca.
