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Mérida, Yucatán
Yucatán es un estado de avanzada hacia el nuevo modelo de justicia para adolescentes que actualmente se encuentra en tránsito hacia un sistema integral regido por Comisiones interinstitucionales federal y estatales contempladas en la nueva ley en la materia en vigor desde junio del año pasado.
En el marco de la conferencia “Los efectos de la instalación de la comisión intersecretarial del sistema de justicia para adolescentes”, Raquel Olvera Rodríguez, Directora General de Prevención y Tratamiento para Menores del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, resaltó la preparación que los operadores del sistema en Yucatán realizan para este cambio.
Dijo que en su artículo 77 la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes que entró en vigor el 16 de junio de 2016 establece que los poderes Ejecutivo y Judicial se organizarán para establecer una comisión intersecretarial que incluirá a todas las autoridades corresponsables establecidas en dicha legislación, tanto a nivel federal como local. En el caso de los estados serán las Secretarías Generales de Gobierno quienes encabecen estas comisiones y a nivel federal la Secretaría de Gobernación.
Este artículo transforma toda una forma de ver la atención de esta población juvenil, con una visión de Estado, aseguró Olvera Rodríguez.
Este evento, realizado en el auditorio del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA) al sur de la ciudad, constituyó la clausura de las “Mesas de Análisis de los efectos de la operación del Sistema de Justicia para Adolescentes”, coordinadas por el magistrado presidente de la sala unitaria de dicho sistema del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, Magistrado Santiago Altamirano Escalante.
Momentos antes de la conferencia se entregaron constancias a cinco de los 49 participantes que se hicieron acreedores a las mismas por su participación en dichas mesas que iniciaron desde el pasado 22 de marzo con la participación de diversas instituciones, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, la Fiscalía General del Estado, el Instituto para la Defensa Pública del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, el DIF, la Consejería Jurídica de Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, entre otros.
Nosotros los operadores estamos generando los compromisos e instrumentos normativos y operativos para una adecuada implementación, reconociendo que esta labor no se puede seguir realizando de manera aislada, es ahora toda una red del Estado que de manera coordinada deberá brindar todos los servicios a nuestra población objetivo, es decir, a los adolescentes que fueron considerados responsables de la comisión de un delito, lo que representa que la labor de reinserción y reintegración ya no es una responsabilidad exclusiva de las autoridades integrantes del sistema de justicia penal, sino una responsabilidad Estado y esta figura es el medio para hacerla efectiva, apuntó la funcionaria.
Agregó que los servicios serán proporcionados por áreas especializadas, por ejemplo la secretaría de salud para el tema de adicciones, ya que se hizo un levantamiento entre jóvenes privados de la libertad y 98% tenía problemas con drogas y se hizo un modelo de atención especializada, lo que significa que todos los jóvenes que entran al sistema su primer paso será pasar por este proceso para ser atendidos.
Esto nos permitirá trabajar de forma corresponsable con diversas instituciones para atender los aspectos de educación formal y diversos aprendizajes, deporte y otros factores y servicios que el Estado proporciona y se van a poner a servicio de esta población. Las instituciones corresponsables prestarán dichos servicios obligatoriamente y no de buena voluntad, señaló, lo que incluye programar recursos especiales para la atención a esta población objetivo que son los jóvenes en conflicto con la ley.
Dijo que si bien estas comisiones estarán encabezadas por la Secretaría de Gobernación a nivel federal y por las Secretarías de Gobierno el los estados, deberán también estar integradas por representantes de las Secretarías de Desarrollo Social, Economía, Educación, Salud, Trabajo y Conade entre otras, o sus equivalentes en los estados.
Detalló que dichas comisiones podrán gestionar apoyos del sector público y privado, establecer las partidas, promover políticas públicas, impulsar convenios de colaboración con sector público y privado, proponer reformas al marco legal, fomentar generación de foros académicos, vigilar que los integrantes actúen de manera corresponsable y atender a los jóvenes que están bajo medidas no privativas de la libertad, que es la mayor población.
Por su parte, el magistrado Altamirano Escalante apuntó que en las mesas realizadas en Yucatán se avanzó en dos temas fundamentales, uno de ellos es la participación de la policía procesal dentro de las audiencias de justicia para adolescentes y el contar con un mediador especializado dentro de los juzgados del Poder Judicial.
