Ayotzinapa, cinco años

POr Yuriria Sierra

En una semana serán cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Lo ocurrido, aun a la distancia, es indescriptible. El dolor de las familias no es equiparable con nada. De ahí, que la empatía es lo único que nos ofrece una vía de acercamiento a ellas y cualquier otra que ha perdido un hijo, un padre, una madre, un amigo.
Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto poco de esto se encontró. La actuación de las autoridades obligó a que organizaciones internacionales pusieran lupa en la investigación que realizaron. Sin embargo, a pesar de las evidencias, de las recomendaciones, de las dudas y de las condiciones del hecho y lo que vino detrás de él, no hay aún nada que permita trazar la ruta, de un camino que nos lleve a una conclusión que, más complicado aún, dé certezas, sin lugar a dudas, a las familias de los jóvenes.

Mucho habrá representado que la instalación de la Comisión de la Verdad haya sido una de las primeras acciones de Andrés Manuel López Obrador. Mucho también, que el mismo Presidente haya hecho el llamado “pase de lista”; más aún que lo haya hecho en las escalinatas de Palacio Nacional. Una mera vía para reconocer que el Estado tiene una deuda con ellos, sobre todo, cuando antes, pocas veces fueron atendidos.
Ante las promesas del Gobierno de México, el tema ahora está en qué van a ofrecerles a estos padres y madres. El contexto no da para hallar un camino que proporcione muchos más elementos de los ya conocidos.

¿Qué significa que Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, en aquel entonces, amplíe su declaración? ¿Qué aportará lo que el también procurador del estado en 2014, Iñaki Blanco, pueda expresar a cinco años de lo ocurrido? Qué será distinto si el proceso ha arrojado más preguntas que respuestas y aquellas que han logrado ser respondidas, lo han hecho a través de la liberación de los involucrados. De los 142 detenidos por el caso, casi 80 han recuperado su libertad.

Ésta es otra de las pruebas que se ha puesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si hoy la administración afirma que la liberación de implicados es “una burla a la justicia”, como lo expresó Alejandro Encinas, tendrá que proveer instituciones que garanticen lo que hoy pide la CNDH: nuevas consignaciones presentadas, ahora sí, de manera sólida. La gran falla, sabemos, del sistema de justicia del país.

Y esto tendrá que ser la línea con la que se dirija la nueva investigación. Porque, ante todo, lo que se debe generar son respuestas para los familiares de los normalistas. Provocar la reaparición pública de funcionarios de la pasada administración como estrategia para la búsqueda de justicia, en realidad tiene más forma de estrategia política. Si bien, ir tras los responsables de aquella “verdad histórica” calificada como “insostenible” por la ONU, será consecuencia necesaria, paso requerido para fortalecer nuestras instituciones encargadas de impartir justicia; más allá de eso, la pregunta es la misma que anotamos anteriormente, acotada aquí en varias ocasiones:
¿Qué es lo que lo que las autoridades pueden ofrecer a los familiares de los normalistas? ¿Qué, además de otra larga espera? Lo escribí antes: la prueba para este gobierno también estará en su manejo de la esperanza. Información Excelsior.com.mx