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Por Jorge Fernández Menéndez
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, la misma que justificó la ola de violencia que vive el puerto atribuyéndolo al calor y a que la gente consumía muchos carbohidratos, rechazó que se realizara alguna acción judicial contra los vándalos que arrojaron un tráiler de la empresa Soriana contra los elementos de la Guardia Nacional que intentaban desalojarlos de la caseta de Palo Alto, porque el tráiler, dice la alcaldesa, no era conducido por nadie, por lo tanto, dijo, no hay delito que perseguir. Pocas veces hemos escuchado una mayor estupidez en nuestra ya de por sí prolífica clase política.
El viernes, los jóvenes que se identificaron como de la normal de Ayotzinapa, volvieron a mostrar en lo que se han convertido: una mezcla de grupo de choque, que ejercita una violencia sin límites, pero que en los hechos vive de una suma de acciones delictivas: tomar las casetas de cobro de las carreteras, robar camiones y tráileres, y quedarse con la carga y, en muchas ocasiones, hasta con los equipajes de los pasajeros.
El viernes, estos jóvenes, para tomar las casetas, secuestraron 11 camiones de pasajeros, además de tráileres como el de Soriana que lanzaron contra los elementos de la Guardia Nacional. En esos camiones llevaban, está documentado, desde explosivos hasta equipo para enfrentarse con las fuerzas de seguridad. El ataque lanzado con el tráiler dejó decenas de heridos entre los elementos de la Guardia Nacional y todo parece indicar que no pasará nada, porque existen autoridades miedosas, corruptas o cómplices, como en el caso de la alcaldesa Abelina López que, además criticó a la Guardia Nacional porque estaba protegiendo las casetas de cobro de las autopistas, en lugar de perseguir delincuentes, sin asumir que quienes cometen esos actos son, por definición, delincuentes: no se trata sólo de ocupar las casetas y cobrar para poder pasar, sino también del robo de mercancías, de tráileres, de camiones que se utilizan, en muchas ocasiones no sólo para trasladar a los jóvenes a sus cotidianos mítines siempre aderezados de violencia, sino también para transportar otras cosas, dada la relación que mantienen dirigentes de la escuela con grupos criminales como Los Rojos, la razón original por la que los miembros de Guerreros Unidos secuestraron y se deshicieron de los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala. Tomar casi diariamente las casetas no sólo les reditúa dinero, les da control sobre la carretera Cuernavaca-Acapulco, uno de los principales objetivos de los grupos criminales de Morelos y Guerrero.
La relación de Ayotzinapa con Los Rojos viene de tiempo atrás y se establecía sobre todo con El Carrete, Santiago Mazari, entonces líder de ese grupo criminal. Ya desde 2015, cuando comenzaron a tomar casi cada fin de semana las casetas de la autopista de Cuernavaca a Acapulco, los dizque representantes de los familiares, y alumnos de Ayotzinapa, y maestros de la CETEG, bloquearon la carretera federal para públicamente pedir “ayuda” al líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Hernández, El Carrete, uno de los criminales más violentos del país. En las cartulinas de aquella toma escribieron: “Señor Santiago Mazari Hernández, nosotros los padres de familia le pedimos de favor ayúdenos a dar con el paradero de nuestros hijos porque este mal gobierno no ha sido serio con nosotros, al contrario nos ha lastimado con sus mentiras. Nosotros somos gente pobre y han pisoteado nuestra dignidad”.
Los Rojos son un grupo criminal brutal, tan responsable de la muerte de los jóvenes como sus enemigos de Guerreros Unidos: han sembrado de cadáveres Guerrero y Morelos y parte del Estado de México. El “señor” al que le pedían ayuda y que se supone que era el que mantenía la relación con los líderes estudiantiles y directivos de la normal Isidro Burgos, es Santiago Mazari, que comenzó su carrera como sicario de los Beltrán Leyva en Morelos, pero a la muerte de Arturo, aniquiló a sus rivales para quedarse con el control de ese estado.
Quizás para comprender la relación de la normal de Ayotzinapa y de la CETEG con El Carrete hay que recordar que éste era sobrino del ex alcalde de Amacuzac y luego diputado local petista, Alfonso Miranda Gallegos, a quien en innumerables ocasiones se ha acusado de ser el operador político y abogado de Los Rojos. Alfonso Miranda Gallegos, como lo hacía Abarca para los de Guerreros Unidos, brindó protección a Los Rojos desde su cargo de alcalde de Amacuzac utilizando a la policía municipal como halcones y brazo operativo del grupo criminal. Actualmente está detenido, luego de haber logrado reelegirse como alcalde.
En Morelos, Guerreros Unidos y Los Rojos se disputan Cuernavaca, Jiutepec y Temixco, y ambos cárteles pelean por el control del corredor de drogas Acapulco-Cuernavaca. Además del tráfico de drogas, Los Rojos extorsionan, secuestran, roban y cobran derecho de piso en Morelos y Guerrero. Lo mismo que los grupos que atacan a la Guardia Nacional, a los transeúntes que se niegan a pagar cuota, que cometen delitos y que muchos funcionarios, que terminan temiendo, tolerando o siendo cómplices de los grupos criminales que pululan en el estado, justifican siempre políticamente, y así les otorga impunidad, tanto a los llamados grupos sociales como a los criminales que están asociados con ellos. Información Excelsior.com.mx