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WASHINGTON (apro).- Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas armadas mexicanas cometen “reiteradamente” todo tipo de violaciones de derechos humanos bajo el cobijo del gobierno de Enrique Pena Nieto, justificando los atropellos y crímenes con el combate al narcotráfico y crimen organizado.
“Durante el gobierno del presidente Peña Nieto miembros de las fuerzas armadas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos”, sentenció HWR, organización internacional dedicada a defender las garantías individuales de las personas en el mundo.
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En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 2016, HRW anota que las violaciones, crímenes y atropellos cometidos por las fuerzas armadas mexicanas van desde “ejecuciones extrajudiciales hasta desapariciones forzadas y torturas”, todo esto llevado a cabo dentro de la estrategia de seguridad de Peña Nieto para contener el tráfico de drogas y el crimen organizado.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico”, se advierte en el capítulo de siete páginas que dedicó HRW al caso mexicano.
Las graves violaciones a los derechos humanos que continúan cometiendo y con reiteración los integrantes de las fuerzas armadas mexicanas, de acuerdo con el reporte de la organización internacional, se enmarcan en “un clima de impunidad” y son “sistemáticas y endémicas”.
La decisión del gobierno mexicano, desde el sexenio de Calderón, de sacar de los cuarteles a los miembros del Ejército y de la Armada para combatir el narcotráfico y crimen organizado, dio como resultado que los militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos.
“Hasta julio (pasado) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había recibido 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil durante el gobierno actual”, indica el informe de HRW para ejemplificar su denuncia.
Pese a estas denuncias, el reporte sostiene que el gobierno de Peña Nieto no ha hecho nada para esclarecer los casos ni castigar a los militares que cometen las graves violaciones a derechos humanos.
Y cita como evidencia de impunidad la falta de aplicación de justicia contra los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que participaron en las ejecuciones extrajudiciales de 22 de los 42 civiles muertos en un enfrentamiento con miembros de un grupo criminal en Tanhuato, Michoacán, en 2015.
También destaca el caso de los 22 civiles asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México, donde varios de los implicados en esas ejecuciones fueron absueltos el año pasado por un tribunal federal.
“Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. En general, las torturas se aplican en el periodo entre que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Publico”, destaca HRW.
“Durante ese tiempo”, continúa el reporte en el inciso de las torturas, “las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales. Las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y abuso sexual”.
Como otros casos de evidencia grave de violación a derechos humanos, de impunidad y falta de interés de parte del gobierno de Peña para esclarecerlos, HRW subraya la carencia de una solución e investigación creíbles al caso de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre 2014 en la ciudad de Iguala.
Da cuenta a su vez de que, en abril del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo del gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entregó su informe definitivo sobre el asunto y formuló algunas recomendaciones.
“El informe documentó gravísimas falencias en la investigación del caso, refutó las principales conclusiones de la Procuraduría General de la República, e instó a las autoridades a iniciar nuevas líneas de investigación”, se destaca en el reporte de HRW.
Entre otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron en México en 2016 y que también son reiterativas, además de que muchos de los casos siguen impunes, HRW cuenta los ataques a periodistas y el acceso limitado a derechos reproductivos y atención de la salud que padecen muchos mexicanos.
“Numerosos periodistas, especialmente aquellos que tratan temas vinculados con la delincuencia o critican a funcionarios, han sido víctimas de persecución y agresiones. Es habitual que periodistas opten por la autocensura ante los ataques por parte de autoridades o grupos delictivos”, enfatiza HRW.
Las mujeres, las niñas y los homosexuales son también victimas constantes de abusos a sus derechos humanos, lo mismo que los homosexuales, las personas discapacitadas y los indígenas, acota el informe.
HRW explica que el clima de impunidad y de falta de justicia por la crisis de derechos humanos se enerva ante la descalificación que hace el gobierno de Peña de quienes, a nivel nacional e internacional, denuncian esa realidad.
El informe explica cómo el gobierno de Peña Nieto criticó a la CIDH cuando en marzo de 2016, en su informe sobre México, alertó que el país atravesaba por una “crisis de graves violaciones a los derechos humanos”.
Entonces el gobierno mexicano reaccionó asegurando que no había tal crisis de derechos humanos. En ese mismo mes, el gobierno de Peña negó la autorización al relator especial de la ONU sobre la tortura a regresar al país.
En 2015, el relator especial determinó que en México la tortura era una práctica generalizada. Las autoridades mexicanas reviraron acusándolo de actuar de manera poco ética.
“En abril (de 2016), los relatores especiales de la ONU sobre derechos humanos, libertad de expresión y libertad de reunión y asociación manifestaron preocupación por una campaña deliberada en los medios mexicanos, por medio de la cual se acusaba a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil de incurrir en fraude, corrupción y favorecer la impunidad al realizar denuncias –que calificaron de falsas–, en el sentido de que se torturaba a personas detenidas”.
Por ello “Instaron al gobierno a garantizar un ambiente seguro en el cual tales personas y organizaciones pudieran actuar en forma libre de cualquier tipo de acoso”, remata el informe anual de HRW sobre el estado de los derechos humanos en México. Información Proceso.com
