Banderazo electoral

Por; José Rubinstein

Se elegirá presidente de la República, 500 integrantes del Congreso de la Unión, nueve gobernadores, 27 congresos locales y 26 ayuntamientos. En total se disputarán tres mil 326 cargos y serán convocados a votar 88.7 millones de mexicanos inscritos en el listado nominal de electores.

Entre las propuestas que serán presentadas en la XXII Asamblea, para aspirar a la candidatura presidencial, figuran el reactivar la cláusula referente a haber ganado un cargo previo de elección popular —de mayoría— y el eliminar el requisito de militancia partidista mínima de diez años. Dichas peticiones difícilmente transitarán, ya que exclusivamente del primer equipo presidencial podrían contender Miguel Ángel Osorio Chong, José Calzada, Pedro Joaquín Coldwell y el aún gobernador Eruviel Ávila.

La actual coyuntura por la que atraviesa el PRI, con sus proporciones guardadas, podría semejarse a los sucesos de 1987 que culminaron con la fractura interna que dio pie al surgimiento del Frente Democrático Nacional, liderado principalmente por los entonces priistas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y Rodolfo González Guevara, y con la posterior fundación del PRD. Las diversas facciones disidentes que ahora se expresan al interior del tricolor reclaman un espacio libre y abierto que escuche y reconozca las voces discordantes de sus afiliados con respecto a las decisiones cupulares. Prevalece la opinión que para reposicionarse ante la sociedad es necesaria la autocrítica, reconocer errores, utilizar un nuevo discurso con un definitivo cambio coherente y creíble, ya no más de lo mismo; de lo contrario, el partido quedaría a expensas del cada vez menos confiable voto duro. Claman las voces disidentes por la participación libre y abierta de sus delegados, pretendiendo que los actuales dirigentes nacionales renuncien a sus cargos, que el presidente Enrique Peña Nieto se abstenga de intervenir en la designación del candidato a sucederlo, que sean las bases del partido quienes lo decidan, que le sean suspendidos sus derechos partidistas a militantes con órdenes de aprehensión, que sea constituida una comisión para investigar y entregar un informe de la situación de Pemex y la CFE, que se renueven las dirigencias estatales vencidas y que los legisladores impulsen gobiernos de coalición. La aspirante presidencial Ivonne Ortega rechaza la limitación de participación en la Asamblea, mediante la aplicación de complejos procedimientos de adscripción a delegados a cada mesa, lo que impulsa la imposición de la voluntad cupular sobre los intereses de cada delegado. El líder priista Enrique Ochoa sostiene que la Asamblea será incluyente y receptora de todas las voces para seguir impulsando un país en el cual construyamos cada quien nuestra historia de éxito. Las facciones aludidas son: Alianza Generacional, representada por la ya señalada Ivonne Ortega; Democracia Interna, por Ulises Ruiz; Alternativa, por César Augusto Santiago, y Nueva Corriente Democrática, por Hugo Díaz-Thomé. Obviamente, las actuales voces críticas no contienen el peso político que en su momento tuvieron los disidentes de 1987, sin embargo, allí están y hacen ruido. A propósito, algo se debe estar cocinando cuando el presidente del Senado, Pablo Escudero, repentinamente propone al senador Carlos Puente como candidato propio del PVEM a la Presidencia de la República. Probable estrategia para venderle más caro su amor al PRI —o al PAN— en el momento oportuno.

El panorama que se le presenta al PRI es por demás delicado. De 21 entidades federativas gobernadas al inicio de sexenio, ahora gobierna en 15 —menos de la mitad de estados del país— y recién perdió Nayarit, con el elevado riesgo de restar Coahuila, de celebrarse nuevas elecciones. Predomina, en general, un compartido hartazgo ciudadano, achacándole al tricolor cuantos males nos aquejan, con o sin fundamentos. La popularidad del presidente Enrique Peña ronda en el 20% de aceptación, es decir, cuatro de cada cinco mexicanos rechazan su gestión. Las tempraneras encuestas para 2018 colocan al PRI en tercera posición.

Sin duda, Enrique Peña intervendrá —decidirá— en la designación del candidato presidencial de su partido y es entendible, el Ejecutivo ha evaluado, en la práctica, las aptitudes, carácter y cualidades de sus distintos colaboradores y, por lo mismo, posee una válida evaluación sobre el indicado para afrontar la circunstancia específica del país.

La incógnita para el 2018 estriba en la tendencia que predominará en las urnas: voto de castigo contra el PRI o voto del miedo contra Morena. Información Excelsior.com.mx