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Diputados de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación aprobaron por unanimidad dos dictámenes para que ningún servidor público, en cualquier rango, reciba obsequio alguno; así como otro que deberá ser enviado al Congreso de la Unión para otorgar beneficios a todas las mujeres y hombres del país en materia de salud, unión familiar y calidad de vida.
También en la jornada de este jueves, en comisión de Derechos Humanos, se solicitó a la Secretaría General la elaboración del proyecto de dos dictámenes, uno referente a reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, signada por el PRI; y el segundo sobre modificaciones a varias iniciativas en materia de personas con discapacidad, presentada por Elías Lixa Abimerhi (PAN).
Referente al Dictamen con proyecto de iniciativa para enviar al Congreso de la Unión propone modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que toda la población laboral del país tenga derecho a un día de licencia con goce de sueldo para poder acudir al médico a realizarse estudios para la detección del cáncer: de mama y cervicouternio para las mujeres, así como de próstata para los varones.
Asimismo, para que las mujeres trabajadoras que pronto darán a luz cuenten con un mes más de licencia por maternidad, para que sume un total de 4 meses para estar más tiempo con su bebés y promover la lactancia; por parte de los varones se garantiza que cuenten con una licencia de paternidad de ocho días hábiles con goce de sueldo para que estén en los primeros días de vida del recién nacido, que aplicará también para ambos en un proceso de adopción, contados a partir de que la institución responsable entregue físicamente al menor de edad.
Por último, plantea otorgar a los trabajadores un día de licencia con goce de sueldo para que puedan acompañar a sus hijos menores de edad cuando estos tengan que someterse a un tratamiento oncológico para combatir algún tipo de cáncer infantil.
“Busca ampliar el catálogo de derechos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, pero más importante, busca sensibilizar al Estado y a los patrones, para que el trabajo y la familia no sean nunca excluyentes”, enfatizó la presidenta de la Junta de Gobierno, Celia Rivas Rodríguez (PRI).
“La propuesta tiene una perspectiva de igualdad, con el fin de sentar las condiciones para que se pueda consolidar esto, creo que con estas reformas son fundamentales porque encontramos puntos trascendentales para que los todos puedan aprovecharán estos beneficios”, destacó Rafael Montalvo Mata (PAN).
Sobre el otro producto avalado para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas, Celia Rivas detalló que clarifica el papel de los órganos internos de control del Poder Judicial, quienes serán los encargados en aplicar las medidas preventivas, de investigación y de sanción a los servidores públicos de ese Poder que cometan faltas en su ejercicio, para lo cual se le otorgará 180 días para crear dichas instancias que hagan falta y capacitar a los funcionarios de las mismas.
Además, Rivas Rodríguez explicó que se deja claro que ningún servidor público, de menor o mayor rango en la administración pública, deberá recibir obsequio alguno, en aras de que el espíritu del combate a la corrupción no pueda verse manchado de sospechas de que algún funcionario favorezca a alguien que le haya otorgado algún regalo.
“Todo lo anterior sirve para armonizar la ley local con la nacional, para hacer más efectivo el actuar de las autoridades para que, cada una desde su ámbito de responsabilidad, colabore en la promoción de una nueva cultura de cero tolerancia con la corrupción”, indicó.
En el mismo sentido, Rafael Montalvo agregó que esta práctica regular se percibe como una actitud poco ética por parte de los servidores públicos y el establecer de una manera clara, expresa y tajante la prohibición de aceptar presentes de cualquier índole, se garantiza la salvaguarda de los principios de imparcialidad, objetividad y honradez.
“Los tiempos que vivimos actualmente no pueden dar pie a interpretaciones erróneas en el actuar de los funcionarios públicos, por lo tanto establecer medidas que permitan acabar con todo indicio de actos de corrupción, resulta no solo necesario, sino imperante para que la sociedad tenga garantías del correcto actuar de los poderes del Estado”, expresó.
