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-Con amplia mayoría y consenso, este día se aprobó después de casi 30 años, la reforma a la Ley del Poder Judicial enviada por el Gobernador Mauricio Vila Dosal con lo que se moderniza y actualiza este importante órgano impartidor de justicia.
-Con la aprobación de la propuesta de dictamen se eliminan lujos y pensiones vitalicias y se garantiza una justicia pronta y expedita para los yucatecos
Mérida, Yucatán, 29 de abril de 2022.- El poder judicial de Yucatán se moderniza después de casi 30 años con amplia mayoría y consenso, se aprobara la propuesta de reforma enviada al Congreso del Estado por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, como resultado de ello, se agilizarán los trámites en los juzgados, se fortalecerá la independencia y autonomía de este órgano, además de que se reducirán los tiempos de espera para los ciudadanos y se eliminan privilegios, pensiones de los magistrados, así como sueldos exorbitantes que le costaban al erario estatal.
Cabe recordar que, luego de una exhaustiva revisión en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local, la iniciativa enviada por Vila Dosal para modificar la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado y la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán en materia de Reforma al Poder Judicial del Estado, fue aprobada por mayoría para ser turnada al Pleno, no sin antes enriquecerse de algunas modificaciones planteadas por diputados de todos los partidos.
Luego de dicho proceso, el proyecto fue turnado este día a la sesión ordinaria del Pleno del Congreso donde tras su revisión y discusión fue aprobada por mayoría en lo general con 19 votos a favor y 6 en contra, así como 19 votos a favor y 5 votos en contra en lo particular, sentando con ello las bases para la transformación del Poder Judicial, a través de la modernización y actualización requerida, a fin de beneficiar a la ciudadanía, así como a sus futuras generaciones.
Luego de una larga sesión ordinaria en el Pleno del Congreso se consolidó este importante paso y avance para la transformación de Yucatán con el que los ciudadanos podrán acceder a una impartición de justicia pronta y expedita, servicios y trámites ágiles que contribuirán a resolver procesos judiciales de forma más eficiente.
Es importante resaltar que, previo a la aprobación del mencionado dictamen, los magistrados que se retiran, ya sea por cumplir 15 años en el encargo o 30 años al servicio del Estado, durante 2 años podían percibir su salario como si estuvieran en funciones y a partir del tercer año recibían el 80 % de dicho monto.
Bajo tal esquema, y de acuerdo a un cálculo realizado a través del tabulador de sueldos y salarios vigentes del Poder Judicial, un magistrado recibe como ingreso promedio, un sueldo base de 133,434.89 pesos mensuales, lo que anualmente representa 1.6 millones de pesos, sin incluir aguinaldos, primas vacacionales ni otras prestaciones.
Partiendo de tal consideración y de que la edad mínima para ser magistrado es de 35 años de edad y la duración actual del cargo, conforme a la ley previa a esta aprobación de reforma, era de 15 años, por lo que, en un escenario hipotético, una persona puede acceder al cargo a los 35 años y al concluir el período máximo de duración, con base a la normatividad vigente, tendría 50 años, al retirarse.
Y si se considera que, de acuerdo al INEGI, la esperanza der vida en Yucatán es de 74 años, el Poder Judicial pagaría alrededor de 38.4 millones de pesos por 24 años a partir de la terminación del encargo del magistrado supuesto, resultado en gastos para el erario estatal que ahora, luego de la aprobación de reforma, se reducirán de forma considerable.
Sin embargo, con la aprobación a la reforma de ley el día de hoy, se mejorará el funcionamiento del Poder Judicial, ya que los magistrados integrantes al Tribunal Superior de Justicia deberán retirarse al alcanzar los 70 años de edad o 30 años de servicio al estado.
Además, se establece el haber por retiro forzoso vinculado a los años de servicio del estado y a la incapacidad física o mental, y se habilita el pago de haberes correspondientes, y la propuesta para que el haber de retiro sea solo por un año.
En este sentido, también se acordó crear la Comisión de Conflictos que fungirá con imparcialidad para privilegiar la mediación y arbitraje para la resolución de conflictos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
El robustecimiento y mejora al Poder Judicial, también incluye el incremento gradual de los juzgados de primera instancia, de acuerdo con criterios poblacionales y territoriales. También se garantiza el respeto a los derecho humanos y laborales de los servidores del Poder Judicial, gracias a un nuevo modelo de solución de conflictos entre ambas partes, entre otros beneficios.
Aunado a ello, se implementará un sistema tecnológico que permita el acceso en línea a los juzgados de primera y segunda instancia a lo largo y ancho del estado para de esta forma beneficiar a los yucatecos y al mismo tiempo, agilizar trámites en este aámbito.
Las modificaciones a la propuesta de dictamen presentado ante el Pleno este día, establece que el presupuesto para el Poder Judicial será del 2% del gasto programable y no podrá ser menor al año previo por lo que se fijará anualmente de acuerdo con la ley correspondiente con lo que se consolida la autonomía presupuestal y de gestión para ese órgano.
De igual manera, para continuar con la transformación de Yucatán y a fin de adaptar las condiciones que exige el mundo actual, modernizar el sistema judicial y mejorar la impartición de justicia, se busca ampliar los servicios de este órgano, por lo que el Tribunal Superior de Justicia estará integrado por 11 magistrados con sus respectivos suplentes y su número aumentará de forma progresiva hasta 15 integrantes.
El resultado del trabajo legislativo coordinado y consensuado efectuado en el Congreso local contribuye a la transformación de nuestro estado, y al mismo tiempo, refleja los cambios necesarios para que el Poder Judicial se adapte a los tiempos actuales y de esa forma se construyen los mecanismos e instituciones que la ciudadanía requiere para la correcta impartición y acceso de justicia.
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