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Por Yuriria Sierra
“La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos; esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes que constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado (…) Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos”, fueron las palabras que Andrés Manuel López Obrador escuchó del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Y al tiempo en que este informe se desarrollaba en el pleno, en Twitter, la institución acompañó con una foto de Benito Juárez el siguiente mensaje: “Este recinto honra el legado de Benito Juárez, ministro y presidente de este alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación…”. Innecesario explicar el contexto o, más bien, innecesario reparar en el conflicto. Lo que tendría que apurarnos es en dar con la adecuada solución, pues del choque del Ejecutivo con el Poder Judicial se ha dicho mucho, pero casi todo en equivocada dirección, tanto así que ayer, como pocas veces, vimos manifestaciones a las puertas de la Corte mientras el ministro Aguilar rendía su informe. La Ley de Remuneraciones ha polarizado y, lamentablemente, ese canto de sirenas dentro de las protestas evade lo que tendría que ser el centro de la discusión. No es el tema de los salarios, sino la vía donde se busca una solución.
Estamos, hoy, frente a un Presidente respaldado por un Legislativo que, si se esfuerza, logra ser mayoría calificada para aprobar lo que sea. Y esto es utilizado ahora en contra de ese otro importantísimo pilar del Estado: el Poder Judicial, ¿dónde queda entonces el respeto a la división de poderes? Ya algunos ministros se han expresado al respecto. Han hecho llamados a no rebasar esa línea de involucramiento innecesario y fuera de lugar, pero sigue en el aire la autonomía que, para el caso del Poder Judicial, debe ser atendida en todos sus frentes. Nos lo explica Pedro Salazar, uno de los mejores constitucionalistas del país: “El Presidente impulsa una política pública —en este caso el ajuste a las remuneraciones de los servidores públicos—, el Poder Legislativo acompaña la decisión con una ley que reglamenta a la Constitución, y quienes consideran que esa ley vulnera derechos constitucionales acuden al Poder Judicial. En este caso, los quejosos son miles de funcionarios públicos, la CNDH y un grupo de senadores de oposición. Esto sucede desde hace años en muchas materias y, aunque en el pasado ha habido momentos de fricción intensa entre los poderes, nunca habíamos asistido a una colisión de la magnitud de la actual (…) Es obvio que el entuerto tiene una dimensión política anclada a la voluntad del Presidente de transformar simbólica y materialmente múltiples aspectos de la vida pública. Para ese afán, los límites son un estorbo y en la lógica de los movimientos está el posible desbordamiento institucional. Pero hay otra vertiente que quiero subrayar. Se trata del desprecio por el derecho, sus formas y rigores. Más allá de la disputa política y de la dimensión económica del caso, lo cierto es que la Ley Federal de Remuneraciones es un documento jurídico muy defectuoso. Ello, como sostiene la CNDH en su acción de inconstitucionalidad, genera incertidumbre e incerteza a sus posibles destinatarios. Así que los problemas técnicos de la ley, también, son semilla del berenjenal en el que estamos atrapados. Una ley imperfecta es jurídicamente vulnerable y termina en la mesa de los jueces…”.
¿Qué es lo que espera AMLO del Poder Judicial? En qué momento pondrá alto y reparará en la vía correcta para terminar con este conflicto: en el respeto a las decisiones, sin adjetivos. Ya sabemos que la ley que impedía que funcionarios ganaran 108 mil pesos data del 2009, pero nos debe quedar claro que la Corte es la que se encarga de revisar que nadie, absolutamente nadie, pueda sacar provecho de ésta o cualquier otra ley. La Corte es el último escalón cuando se aspira a la justicia. Intentar sometarla —de esta forma y por estas causas— es provocar una fractura al Estado que de por sí está muy lastimado.“La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos; esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes que constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado (…) Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos”, fueron las palabras que Andrés Manuel López Obrador escuchó del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Y al tiempo en que este informe se desarrollaba en el pleno, en Twitter, la institución acompañó con una foto de Benito Juárez el siguiente mensaje: “Este recinto honra el legado de Benito Juárez, ministro y presidente de este alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación…”. Innecesario explicar el contexto o, más bien, innecesario reparar en el conflicto. Lo que tendría que apurarnos es en dar con la adecuada solución, pues del choque del Ejecutivo con el Poder Judicial se ha dicho mucho, pero casi todo en equivocada dirección, tanto así que ayer, como pocas veces, vimos manifestaciones a las puertas de la Corte mientras el ministro Aguilar rendía su informe. La Ley de Remuneraciones ha polarizado y, lamentablemente, ese canto de sirenas dentro de las protestas evade lo que tendría que ser el centro de la discusión. No es el tema de los salarios, sino la vía donde se busca una solución.
Estamos, hoy, frente a un Presidente respaldado por un Legislativo que, si se esfuerza, logra ser mayoría calificada para aprobar lo que sea. Y esto es utilizado ahora en contra de ese otro importantísimo pilar del Estado: el Poder Judicial, ¿dónde queda entonces el respeto a la división de poderes? Ya algunos ministros se han expresado al respecto. Han hecho llamados a no rebasar esa línea de involucramiento innecesario y fuera de lugar, pero sigue en el aire la autonomía que, para el caso del Poder Judicial, debe ser atendida en todos sus frentes. Nos lo explica Pedro Salazar, uno de los mejores constitucionalistas del país: “El Presidente impulsa una política pública —en este caso el ajuste a las remuneraciones de los servidores públicos—, el Poder Legislativo acompaña la decisión con una ley que reglamenta a la Constitución, y quienes consideran que esa ley vulnera derechos constitucionales acuden al Poder Judicial. En este caso, los quejosos son miles de funcionarios públicos, la CNDH y un grupo de senadores de oposición. Esto sucede desde hace años en muchas materias y, aunque en el pasado ha habido momentos de fricción intensa entre los poderes, nunca habíamos asistido a una colisión de la magnitud de la actual (…) Es obvio que el entuerto tiene una dimensión política anclada a la voluntad del Presidente de transformar simbólica y materialmente múltiples aspectos de la vida pública. Para ese afán, los límites son un estorbo y en la lógica de los movimientos está el posible desbordamiento institucional. Pero hay otra vertiente que quiero subrayar. Se trata del desprecio por el derecho, sus formas y rigores. Más allá de la disputa política y de la dimensión económica del caso, lo cierto es que la Ley Federal de Remuneraciones es un documento jurídico muy defectuoso. Ello, como sostiene la CNDH en su acción de inconstitucionalidad, genera incertidumbre e incerteza a sus posibles destinatarios. Así que los problemas técnicos de la ley, también, son semilla del berenjenal en el que estamos atrapados. Una ley imperfecta es jurídicamente vulnerable y termina en la mesa de los jueces…”.
¿Qué es lo que espera AMLO del Poder Judicial? En qué momento pondrá alto y reparará en la vía correcta para terminar con este conflicto: en el respeto a las decisiones, sin adjetivos. Ya sabemos que la ley que impedía que funcionarios ganaran 108 mil pesos data del 2009, pero nos debe quedar claro que la Corte es la que se encarga de revisar que nadie, absolutamente nadie, pueda sacar provecho de ésta o cualquier otra ley. La Corte es el último escalón cuando se aspira a la justicia. Intentar sometarla —de esta forma y por estas causas— es provocar una fractura al Estado que de por sí está muy lastimado.“La independencia del Poder Judicial debería ser considerada por todos los ciudadanos como una garantía de verdad, libertad y el respeto de los derechos humanos; esta cualidad es un corolario del principio democrático de la separación de poderes que constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado (…) Queremos trabajar en conjunto por un México mejor, resolviendo las controversias conforme a las leyes que expide el Congreso de la Unión acordes con la Constitución, protegiendo los derechos de todos”, fueron las palabras que Andrés Manuel López Obrador escuchó del ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales. Y al tiempo en que este informe se desarrollaba en el pleno, en Twitter, la institución acompañó con una foto de Benito Juárez el siguiente mensaje: “Este recinto honra el legado de Benito Juárez, ministro y presidente de este alto Tribunal. Esos valores universales guían nuestra actuación…”. Innecesario explicar el contexto o, más bien, innecesario reparar en el conflicto. Lo que tendría que apurarnos es en dar con la adecuada solución, pues del choque del Ejecutivo con el Poder Judicial se ha dicho mucho, pero casi todo en equivocada dirección, tanto así que ayer, como pocas veces, vimos manifestaciones a las puertas de la Corte mientras el ministro Aguilar rendía su informe. La Ley de Remuneraciones ha polarizado y, lamentablemente, ese canto de sirenas dentro de las protestas evade lo que tendría que ser el centro de la discusión. No es el tema de los salarios, sino la vía donde se busca una solución.
Estamos, hoy, frente a un Presidente respaldado por un Legislativo que, si se esfuerza, logra ser mayoría calificada para aprobar lo que sea. Y esto es utilizado ahora en contra de ese otro importantísimo pilar del Estado: el Poder Judicial, ¿dónde queda entonces el respeto a la división de poderes? Ya algunos ministros se han expresado al respecto. Han hecho llamados a no rebasar esa línea de involucramiento innecesario y fuera de lugar, pero sigue en el aire la autonomía que, para el caso del Poder Judicial, debe ser atendida en todos sus frentes. Nos lo explica Pedro Salazar, uno de los mejores constitucionalistas del país: “El Presidente impulsa una política pública —en este caso el ajuste a las remuneraciones de los servidores públicos—, el Poder Legislativo acompaña la decisión con una ley que reglamenta a la Constitución, y quienes consideran que esa ley vulnera derechos constitucionales acuden al Poder Judicial. En este caso, los quejosos son miles de funcionarios públicos, la CNDH y un grupo de senadores de oposición. Esto sucede desde hace años en muchas materias y, aunque en el pasado ha habido momentos de fricción intensa entre los poderes, nunca habíamos asistido a una colisión de la magnitud de la actual (…) Es obvio que el entuerto tiene una dimensión política anclada a la voluntad del Presidente de transformar simbólica y materialmente múltiples aspectos de la vida pública. Para ese afán, los límites son un estorbo y en la lógica de los movimientos está el posible desbordamiento institucional. Pero hay otra vertiente que quiero subrayar. Se trata del desprecio por el derecho, sus formas y rigores. Más allá de la disputa política y de la dimensión económica del caso, lo cierto es que la Ley Federal de Remuneraciones es un documento jurídico muy defectuoso. Ello, como sostiene la CNDH en su acción de inconstitucionalidad, genera incertidumbre e incerteza a sus posibles destinatarios. Así que los problemas técnicos de la ley, también, son semilla del berenjenal en el que estamos atrapados. Una ley imperfecta es jurídicamente vulnerable y termina en la mesa de los jueces…”.
¿Qué es lo que espera AMLO del Poder Judicial? En qué momento pondrá alto y reparará en la vía correcta para terminar con este conflicto: en el respeto a las decisiones, sin adjetivos. Ya sabemos que la ley que impedía que funcionarios ganaran 108 mil pesos data del 2009, pero nos debe quedar claro que la Corte es la que se encarga de revisar que nadie, absolutamente nadie, pueda sacar provecho de ésta o cualquier otra ley. La Corte ese el último escalón cuando se aspira a la justicia. Intentar sometarla —de esta forma y por estas causas— es provocar una fractura al Estado que de por sí está muy lastimado. Información Excelsior.com.mx