Por Jorge Fernández Menéndez
Está muy bien que el gobierno mexicano, como sostuvo ayer el canciller Marcelo Ebrard, haya manifestado su “profundo descontento” por la forma en que fue detenido el general Salvador Cienfuegos y por no haber sido informados de la investigación en su contra. Está muy mal que hayan pasado quince días desde ese hecho y que, según se ha informado, el gobierno mexicano no tenga todavía información de fondo sobre el caso, más allá de lo que se presentó en la corte de Los Ángeles.
Incluso ayer, el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció que sabía desde el primer día que llegó como representante de la Casa Blanca a México que había una investigación contra el general Cienfuegos, pero que no informó del tema porque, dijo, estaba obligado a guardar silencio.
No se puede responsabilizar de ese silencio al embajador porque esa era la orden que tenía de su gobierno, pero ese hecho no quita el que no hubo comunicación y se trabajó en forma clandestina dentro del país, porque se tuvo que haber realizado un operativo en México de la DEA sin conocimiento de las autoridades mexicanas, de las anteriores y de las actuales, incluso interviniendo teléfonos de las más altas autoridades.
No es tampoco un hecho aislado, como se dijo en la mañanera. Es un hecho, en este caso una investigación y una detención, que se prolongó muchos meses en el tiempo y en el que nunca hubo la intención de comunicarse con el gobierno de México. Se trata de un caso diferente, pero tampoco hubo cooperación o intercambio alguno en la detención de Genaro García Luna. Para muchos es una suerte de venganza por la liberación de Ovidio Guzmán, requerido en extradición por la DEA, y puede que tengan buena parte de razón.
La nota de protesta de la que habló Ebrard se tuvo que emitir porque, en muchos estamentos, incluyendo en forma muy destacada el militar y el de seguridad, con el paso de los días se ha pasado del desconcierto al franco descontento. La acusación que se presentó contra Cienfuegos, por lo menos basados en lo poco que se ha divulgado, resulta inverosímil, difícil de creer. Ya lo hemos dicho, por qué un secretario de la Defensa con un alto reconocimiento en México y en los propios Estados Unidos, después de una carrera militar de medio siglo, sin problemas económicos, personales o familiares, a dos años de su retiro, se involucraría con un cártel de tercera división, a punto de ser aniquilado y, para colmo, como si no conociera las medidas de seguridad más elementales, se comunicaría por un celular sin encriptar en forma personal con los narcotraficantes, a los que, además, les diría, como para mostrarlo más ingenuo aún, que “les presentaría a otros funcionarios” del mismo gobierno federal. Es un mal guion de una mala serie sobre narcos. Si el día de mañana la DEA muestra algo más sustentado habrá que aceptarlo, pero lo exhibido hasta hoy es inverosímil.
Pero el daño que ha hecho esa detención, sobre todo en las áreas militares, es enorme y se comprende. Estamos hablando de quien fue un respetado secretario de la Defensa con enorme influencia en el sector. Hablamos de quien fue el jefe de toda una generación de militares que ahora están en los principales puestos de mando del Ejército mexicano. De un general que, cuando se supone que ya era investigado por la DEA, era condecorado y homenajeado en Washington por las fuerzas armadas de Estados Unidos. Estamos hablando de una detención de esa magnitud que se hace sin siquiera correrle la cortesía al gobierno federal, no sólo de poder cotejar la información, sino de siquiera informarle antes que a la prensa de su país.
Insistimos, algo está muy dañado en la relación bilateral para que se pueda actuar de esta forma y con tal discrecionalidad. El tratamiento recibido por el gobierno mexicano y por Cienfuegos ha sido igual al que tuvo el prestanombres y operador de Nicolás Maduro, el colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, regresando de Irán.
En ningún otro caso, el gobierno estadunidense había aceptado proceder ante denuncias de la DEA contra militares de ese nivel, y ha habido varias incluyendo los generales Arévalo Gardoqui y Riviello Bazán, en ambos casos, denuncias que no fueron fundadas y que se encontraron con la más firme oposición de distintos gobiernos del país. Es verdad que en el caos que se vive en la Casa Blanca y agencias de seguridad que se manejan con altos grados de autonomía pueden tener mayor discrecionalidad, pero si creemos lo dicho por el embajador Landau, no fue éste el caso: se sabía y se sabía en los más altos niveles del ejecutivo estadunidense. Aquí eso también se rompió.
No deja de ser muy positivo que el propio presidente López Obrador haya modificado su postura inicial que hablaba de una “limpia” en la Defensa por la de una demanda de un debido proceso, de presunción de inocencia y el envío de una nota diplomática. Pero una cosa es cierta: la relación bilateral quedó herida, lastimada. Nada será igual, gane Biden o Trump, con todas las enormes diferencias entre ambos. Información Excelsior.com.mx