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CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) –
La Organización Internacional de Gobierno Abierto (OGT) enviará en las próximas semanas un comité a México, integrado por representantes de 11 naciones, para revisar y evaluar de forma independiente los casos de espionaje digital en los que supuestamente ha incurrido el gobierno federal.
“Se hará un grupo de embajadores especiales que se enviará a México para revisar el caso. Bajo la premisa de aclarar la situación y hacer una estrategia de diálogo. Esto sucederá en los siguientes semanas para clarificar la situación y que se finquen responsabilidades para que el comité de OGT pueda tomar una determinación”, dijo en entrevista con Expansión, Alejandro González, integrante del comité directivo de las organizaciones de sociedad civil ante la organización de gobierno abierto.
González explicó que esta será una de las medidas que llevará a cabo OGT en torno al caso de espionaje digital en México. Esta acción quedó decidida tras la reunión de verano de la organización realizada en Washington D.C. el pasado 27 y 28 de junio.
A la par de esta medida OGT creará una política que permita lidiar con casos de espionaje similares en futuras ocasiones. Dicha política se deberá aprobar en septiembre, en la siguiente reunión de OGT, en Nueva York.
“Una de las acciones de esta política será que el gobierno involucrado podría dejar el comité temporalmente, mientras se investiga si violentó o no los derechos. Será una medida de presión para evitar que la presencia activa de un gobierno así en el comité, dañe los principios de transparencia de gobierno abierto”, explicó González.
Sin embargo, en caso de que estas acciones no sean fructíferas González aclaró que no se descarta la posibilidad de que los representantes de la sociedad civil interpongan el recurso de respuesta rápida ante OGT, para que México salga de la organización definitivamente.
Estas acciones vienen después de que en mayo, una decena de organizaciones de la sociedad civil, como SocialTIC y R3D MX, rompieron su relación con el INAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP), con quienes formaban la Alianza Tripartita por el gobierno abierto.
La ruptura se dio después de que la organización Citizen Lab hizo público que el gobierno mexicano había espiado a tres activistas que empujaron la discusión de tasar bebidas azucaradas. La investigación, publicada por el diario New York Times, llevó a la ruptura de las organizaciones con el gobierno.
En las últimas semanas, Citizen Lab, dio a conocer más casos de espionaje por parte del gobierno a periodistas y activistas usando el software Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group.
México debe responder mejor
González informó que durante la reunión en Washington se expuso el caso mexicano ante los 11 gobiernos que integran el comité. A la reunión, asistieron el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, y Guillermo Ruiz de Teresa, representante de SFP, este último leyó una misiva al respecto redactada por Arely Gómez, titular de la SFP.
“A pesar de que era una reunión de trabajo, no ministerial, el INAI decidió mandar al presidente del INAI particularmente el día de la discusión del caso y por primera vez, la secretaria de la Función Pública, a través de Guillermo Ruiz de Teresa que es el titular de la unidad que lleva este tema, presentó una declaración pública”, dijo.
González expresó que “aunque esta respuesta es un buen paso, no es suficiente”.
“Lamentablemente se hizo en Washington y no en México, pero ambas autoridades han reconocido que sí hay algo que puedan hacer, que el INAI puede tener facultades para abrir una investigación y de manera proactiva saber si hubo violación a datos personales. Función Pública dijo que va a hacer todo lo posible por transparentar la información relativa a esto”, dijo.
Esta es la primera vez que el INAI y Función Pública tienen una respuesta directa ante el caso; sin embargo, se espera que en próximos días las autoridades repliquen la respuesta en México.
Las conversaciones de la reunión en Washington se harán públicas durante la próxima semana.
