Con las manos atadas

Por Pascal Beltrán del Rio

La Cuenca del Papaloapan, región donde colindan los estados de Veracruz y Oaxaca, se ha convertido en una de las regiones más violentas del país.

De Tierra Blanca a San Juan Bautista Valle Nacional y de Loma Bonita a San Felipe Jalapa de Díaz, las ejecuciones se dan a un ritmo de tres por semana.

A finales de 2017, los hechos de sangre llegaron a la anteriormente tranquila comunidad de San José Río Manso, en la ribera izquierda del río Tesechoacán, uno de los afluentes del Papaloapan, en el municipio oaxaqueño de San Juan Lalana. Y desde entonces no han parado.

Con base en información periodística, el pueblo ha sido escenario frecuente de secuestros y ejecuciones, así como persecuciones y enfrentamientos entre grupos delictivos rivales, aparentemente el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El jueves pasado, elementos de la Guardia Nacional pretendieron entrar en San José Río Manso para desarmar a un grupo identificado como de autodefensas. Pero cuando habían colocado retenes en las entradas de la comunidad, el repique de campanas de la iglesia congregó a los pobladores, quienes se confrontaron con los militares.

Sea que se trate de personas desesperadas con la violencia que sucede en su pueblo o de un grupo fachada de alguno de los cárteles enfrentados, el hecho es muy grave.

El sábado se dio otro, de características similares. De acuerdo con el diario La Voz de Michoacán, un grupo de militares también fue agredido luego de capturar a un presunto halcón en el municipio de Los Reyes.

Un video que circula en redes sociales muestra la manera en que los soldados soportan empujones, insultos y amenazas de los civiles.

Situaciones como las anteriores se han repetido en semanas recientes en otros estados, como Hidalgo, Guanajuato, Tlaxcala y Puebla.

Para no ser señalado como represor, el gobierno federal ha permitido que se falte al respeto y se ponga en la indefensión a los militares, que parecen condenados a cargar sus armas como simple adorno. Las instrucciones que tienen son de no usarlas, así sean agredidos y retenidos en el cumplimiento de sus obligaciones, una de las cuales es decomisar las armas que civiles portan sin el permiso correspondiente.

A finales de mayo, en Zicuirán, Michoacán, un grupo de militares fue retenido y desarmado por pobladores, luego de haber decomisado armamento de supuestos autodefensas.

Los sucesos de San José Río Manso y Los Reyes fueron el corolario de una semana de discusión sobre los presuntos intentos del gobierno de dialogar con grupos armados para que renuncien a la violencia.

Como le relaté aquí el viernes, en menos de 48 horas funcionarios federales dieron cuatro versiones distintas sobre dichos contactos, desde que se trataba de pláticas con grupos que habían cometido asesinatos (declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero) hasta que eran diálogos únicamente con “auténticos autodefensas”. Al final, el presidente Andrés Manuel López Obrador desautorizó cualquier negociación con personas armadas.

Poco después de que pronunciara esas palabras –en la conferencia mañanera del jueves–, se conocieron los casos relatados arriba, mostrando lo difícil que será domar a los grupos que recurren a las armas porque a la Guardia Nacional la tienen con las manos atadas.

Ya lo he escrito varias veces en este espacio, pero es momento de repetirlo: la Guardia Nacional es la principal apuesta de seguridad pública del gobierno federal para acabar con la violencia; después de ella no hay nada. Si se permite que se le falte al respeto, en los hechos perderá su utilidad cuando apenas acaba de nacer. Información Excelsior.com.mx