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“Conceptos básicos de atención de primer contacto a personas en casos de violencia de género” es el curso que se desarrolla en el Poder Judicial del Estado, como parte de una serie de acciones que desde hace varios años realiza la institución para fomentar la perspectiva de género en las servidoras y los servidores judiciales y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
En dicha capacitación, impartida por la Mtra. Annel Rosado Lara, titular de la Unidad de Igualdad y Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Estado, participa personal y titulares de los juzgados familiares con sede en Mérida, así como de los juzgados mixtos del interior del estado.
El objetivo del curso es fortalecer los conocimientos y las habilidades del personal del Poder Judicial en la protección efectiva de los Derechos Humanos con perspectiva de género y proporcionar elementos teóricos y prácticos necesarios para garantizar los derechos a la No Discriminación y a una Vida Libre de Violencia.
Cabe señalar que el Poder Judicial del Estado ha venido realizando, desde hace varios años, numerosas acciones de capacitación y difusión para implantar la perspectiva de género y contribuir a la erradicación de la violencia hacia las mujeres. En 2013 firmó el “Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México” convocado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) coordinadamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), convirtiéndose en el quinto estado del país en firmar dicho compromiso.
En 2014 integró un Comité Estatal en el que participan Tribunales del Estado, como órgano encargado de dar seguimiento al Convenio de Adhesión a dicho Pacto.
En 2016 los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura crearon la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado. Asimismo, se adoptó la aplicación del “Protocolo para juzgar con perspectiva de género” emitido por la SCJN.
Actualmente, el Poder Judicial trabaja en coordinación con las instituciones del Estado en torno a diversas acciones enfocadas en erradicar la violencia hacia las mujeres y continúa reforzando la perspectiva de género en sus sentencias. Así también, los jueces familiares y penales del Poder Judicial han otorgado, en los últimos cuatro años más de 1,000 órdenes de protección para mujeres violentadas o en riesgo de sufrir violencia.
En el curso actual “Conceptos básicos de atención de primer contacto a personas en casos de violencia de género” fueron tres grupos los que se capacitaron en este aspecto, enfocado en la identificación de la violencia, sus causas, ámbitos y dinámicas, así como las formas adecuadas de atención para cumplir debidamente la obligación, como parte del Estado, de garantizar el respeto de los derechos de las mujeres a través del trabajo judicial.
Entre los temas abordados se encuentran los conceptos de violencia de género; violencia contra las mujeres; distinción entre violencia y agresividad; características, tipos y consecuencias de la violencia, así como las falsas creencias a su alrededor, asimismo la técnica de escucha activa para evitar la re-victimización durante la intervención.
Los juzgados familiares 1°, 2°, 3° y 7° del turno vespertino con sede en Mérida fueron el primer grupo de la capacitación los días 16 y 17 de febrero. En las sesiones del 23 y 24 del mismo mes participaron personal auxiliar y titulares de los juzgados 1° y 3° de oralidad, juezas Aurora Noh Estrada y Enna Rosana Alcocer Del Valle, respectivamente. Por su parte, el 2 y 3 de marzo asistieron los juzgados 2°, 3° y 6° del sistema oral familiar.
La Mtra. Rosado Lara hizo hincapié en el trayecto por el cual la perspectiva de género ha ido cobrando visibilidad en México, particularmente con las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), específicamente la del caso González y otras Vs México, también conocida como Campo algodonero, que en 2009 accionó la creación de mecanismos de políticas públicas y medidas legislativas de las que derivan la creación del Instituto Nacional para las Mujeres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
De esta glosa, la ponente expuso la necesidad de reforzar la coordinación de los Poderes del Estado para encausar la efectiva protección de los derechos de las mujeres.
“Debemos continuar con la vinculación del trabajo judicial con otras instancias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia que viven las mujeres, tal como lo dispone el mandato constitucional y convencional en la materia, así como la ley especializada que estipula el papel que corresponde al Poder Judicial; para la atención de primer contacto a las personas que viven violencia de género se requiere sensibilidad, técnicas de entrevista, tener habilidades y preparación para realizar los primeros auxilios psicológicos; la atención integral que logre el empoderamiento de las mujeres es el objetivo de Estado, para lograr cambios en las personas, sus núcleos familiares y se establezcan cambios sociales libres de violencia”, agregó.
Para finalizar, se enfatiza la convicción del Poder Judicial de seguir implementando acciones para alcanzar la igualdad sustancial entre las personas a través de sus resoluciones y sentencias con Perspectiva de Género; incorporando medidas de protección; institucionalizando la cultura organizacional por medio de procedimientos, manuales y protocolos, sin soslayar la importancia de vinculación entre los Poderes y los órdenes de Gobierno mediante la participación en el sistemas para la igualdad entre mujeres y hombres y demás mecanismos de vinculación que dicten las estrategias para la debida atención a la violencia de género contra las mujeres.
