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Mérida, Yucatán a 17 de noviembre de 2021.- La coordinación entre los tres poderes del Estado es fundamental para lograr los fines del proceso penal, que incluye no sólo la investigación y el procesamiento de los casos, sino también el acompañamiento legal y emocional, así como la reparación integral del daño a las víctimas de los delitos, coincidieron en expresar representantes de las diversas instituciones que toman parte en el sistema de justicia penal.
Lo anterior se abordó en el marco de la mesa panel “Avances, retos y perspectivas del Sistema Penal Acusatorio en Yucatán”, moderada por el Consejero de la Judicatura Luis Alfredo Solís Montero y en la que participaron la directora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) María Beatriz Zavala Peniche; la jueza de control del Poder Judicial del Estado Blanca Beatriz Bonilla González; el Vicefiscal de delitos electorales y medioambientales de la Fiscalía General del Estado Noé Rodríguez Cervantes y la coordinadora de defensores públicos del Centro de Justicia penal del segundo distrito del Instituto de Defensa Pública de Yucatán Rosa Isabel Castillo Escalante.
La jueza de control del Poder Judicial del Estado, Blanca Beatriz Bonilla González, hizo una remembranza de los desafíos que representó para el Poder Judicial la implantación del sistema acusatorio y oral, ya que Yucatán fue de los primeros 10 estados en ponerlo en marcha.
Expuso dos temas particulares que han sido trascendentales y siguen siendo debate a nivel social: el entendimiento social de la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional en el sistema actual y el reto de los fiscales para justificar ante los jueces la necesidad de la prisión preventiva como medida de cautela.
“En el sistema anterior se podía obtener la libertad bajo caución por delitos que no eran considerados graves; sin embargo sólo quienes tenían recursos accedían a éste porque implicaba depósito de caución y fianza, por tanto, muchas personas tenían que seguir su proceso en prisión, situación que permeó durante años en la sociedad y afianzó la idea de que una persona detenida o señalada debe permanecer en prisión preventiva”.
Sin embargo, cuando iniciamos el sistema, la prisión preventiva ya no operaba como regla, entonces uno de los grandes retos fue hacer entender a la sociedad sobre este nuevo criterio. Las primeras resoluciones de los jueces que dictaron medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva no fueron fácilmente entendibles, incluso se vio un rechazo social porque no se lograba entender la idea de que una persona enfrentara un proceso penal en libertad, explicó.
“Los jueces fueron incluso juzgados socialmente: se habló de que el sistema generaba impunidad, de que había una puerta giratoria y nos vimos ante el reto de hacerlo entender con acciones de información y capacitación. Sin embargo, este reto aún no ha sido superado del todo”.
El otro gran tema, expuso, vino de parte de los representantes de la Fiscalía Estatal, quienes en las primeras audiencias se enfrentaron al reto de fundamentar las solicitudes de prisión preventiva, ya que ahora la ley les imponía exponer ante el juez argumentos válidos y suficientes para justificar la prisión preventiva y de por qué otras medidas no serían suficientes para asegurar los fines del proceso.
En su oportunidad, la Directora de la CEAV, Beatriz Zavala, expresó que uno de los grandes cambios del sistema penal que inició en Yucatán en 2011 y está vigente a la fecha, es que las víctimas de un agravio cuentan ahora con el apoyo del Estado para contar con un asesor jurídico que los acompaña en todo el proceso, desde la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, hasta la judicialización del asunto ante el Poder Judicial, lo que incluye asesoría psicosocial y apoyo emocional para los agraviados de un delito.
Explicó que, dado el número de asesores jurídicos con que cuenta la CEAV, se ve en la necesidad de priorizar los delitos graves. “Contábamos con 14 asesores jurídicos y recientemente se integraron a este organismo 2 asesores jurídicos más, 2 psicólogos y una trabajadora social, lo que permitirá abarcar un poco más y dar cumplimiento a la obligación de estar presentes como asesores jurídicos y psicosociales”, apuntó.
Explicó que la CEAV cuenta con un fideicomiso para el pago de reparación integral de daño cuando los sentenciados no pueden pagarlo y si bien es insuficiente para cubrir todos los gastos considerados en la sentencia, se trabaja de manera interinstitucional para hacerlo de la mejor manera y no dejar desprotegidas a las víctimas.
Por su parte, el Vicefiscal Rodríguez Cervantes dijo que las instituciones tienen grandes riesgos y retos, estos últimos enfocados en favor de la atención a las víctimas, incluyendo las medidas de protección que requieren.
En su momento, la representante del Instituto de Defensa Pública de Yucatán Rosa Isabel Castillo Escalante, abordó la importancia de la comunicación entre fiscales y defensores en los asuntos que se procesan.
Dijo que debe ser abandonada la idea de la prisión como solución a todos los casos, ya que en muchas ocasiones la propia víctima del delito está en disposición de llegar a un arreglo del caso, lo que permite también más eficacia y el descongestionamiento de asuntos en los juzgados y tribunales.
El 15 de noviembre de 2011 Yucatán se convirtió en el décimo estado del país en implantar el actual sistema penal, derivado de reformas constitucionales que se realizaron en 2008. El sistema penal acusatorio y oral se terminó de implementar en el estado el 3 de junio de 2014 y a partir del 22 de septiembre de 2015 entró en vigor en todo el territorio nacional el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
