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Nueva York, Estados Unidos .-El Presidente Donald Trump, en su más reciente reproche a las naciones centroamericanas por lo que dice que es su incapacidad para abordar el tema de la migración, anunció planes para cortar la ayuda a tres naciones: Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidas como el Triángulo del Norte.
Los críticos de los recortes dicen que se cortarían a programas dirigidos a prevenir la violencia, reducir la pobreza extrema y el hambre, y fortalecer el sistema de justicia, los mismos problemas que los residentes de esos países plantean para dejar su hogar y buscar un futuro más estable en otros lugares.
Aunque la Administración ha ofrecido pocos detalles acerca de lo que podría reducirse precisamente, el Departamento de Estado notificó al Congreso el viernes por la noche que desviaría unos 450 millones de dólares de ayuda a la región. Trump también amenazó con sellar la frontera sur de los Estados Unidos con México si ese país no detiene los flujos migratorios.
Entonces, ¿qué está realmente en juego y qué tipo de programas podrían afectar estos recortes en cada nación? La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional describe la Estrategia multianual para América Central, que es responsable de dispersar gran parte de esta ayuda, centrada en los cambios institucionales y los desafíos de desarrollo que impulsan la migración. Los programas que apoya mejoran la seguridad, mejoran la gobernabilidad y promueven la prosperidad.
Estos son algunos ejemplos de programas financiados con dólares estadounidenses en los tres países seleccionados por Trump.
Guatemala
De las naciones del Triángulo del Norte, Guatemala recibe la mayor ayuda de los Estados Unidos. Se utiliza para mejorar el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural y social, según la Oficina de Washington en América Latina, un grupo de investigación de derechos humanos. Según las cifras más recientes del grupo, que son para 2017, se otorgaron más de 78.6 millones de dólares a programas que apoyan esos objetivos. Otros 28.8 millones se destinaron a la fiscalización de fronteras y drogas, 22 millones a la gobernanza y derechos humanos, y 48.2 millones para mejorar la seguridad y la justicia ese año. Información debate.com.mx
