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Por Pascal Beltrán del Rio
“Salario mínimo al Presidente
Pa’ que vea lo que se siente”
Lema de campaña del Partido
Mexicano de los Trabajadores, 1985.
Es muy probable que usted nunca haya escuchado hablar de Margaret Weichert.
Desde hace un par de meses, esta empresaria e inventora es la encargada de despacho de la Oficina de Manejo de Personal, dependencia del gobierno estadunidense que se encarga de fijar los salarios de los servidores públicos federales en Estados Unidos.
La OPM, por sus siglas en inglés, entró en funcionamiento el 1 de enero de 1979, como resultado de la aprobación de la Ley de Reforma al Servicio Civil –promulgada durante la Presidencia de Jimmy Carter– y que sustituyó a la casi centenaria Comisión para el Servicio Civil.
El titular de la OPM es propuesto por el presidente de EU y ratificado por el Senado. Así llegó al cargo, en marzo pasado, Jeff Tien Han Pon, un profesional de los recursos humanos, propuesto por el presidente Donald Trump. Sin embargo, renunció en octubre, quedando en el puesto Weichert como encargada de despacho.
Los únicos salarios que no fija la OPM son los del presidente y vicepresidente. Esos los establece el Congreso mediante una legislación. Todos los demás –incluyendo a los miembros del gabinete, líderes del Congreso y jueces de la Suprema Corte– son facultad de la OPM, que, además, tiene otras funciones como investigar los antecedentes de los empleados federales, cosa que hizo, por ejemplo, en el caso del espía Edward Snowden, luego de que se fugó a Rusia.
El salario del presidente de Estados Unidos fue uno de los primeros temas de discusión luego de la fundación del país.
El primer presidente, George Washington, no deseaba cobrar por sus servicios, pero fue obligado a hacerlo por el Congreso para evitar que se corrompiera. El salario del Ejecutivo se fijó entonces en 25 mil dólares al año.
En los 229 años que han pasado desde la toma de posesión de George Washington, el salario presidencial ha sido incrementado cinco veces por el Congreso. La más reciente fue en 2001 cuando se duplicó. Pasó de 200 mil dólares al año a 400 mil dólares. Por cierto, el salario de Washington equivale a unos 673 mil dólares de hoy.
En México, donde actualmente hay un conflicto político entre Poderes por el monto de las percepciones de los principales servidores públicos, no existen parámetros objetivos ni una institución como la OPM estadunidense para fijar salarios.
La Constitución sólo dice, en su artículo 127, que los servidores públicos “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades”.
Pero ¿qué es adecuado y quién determina dicha proporcionalidad?
Dado que el propio 127 dice que “ningún servidor público podrá recibir remuneración (…) mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, la discusión sobre el salario presidencial es de enorme relevancia.
Tomando como parámetro a Estados Unidos, ¿cuánto debería ganar el Presidente? Actualmente, el salario presidencial en la Unión Americana (400 mil dólares al año) es 6.66 veces superior al ingreso promedio por hogar (59 mil 39 dólares en 2016, según la Oficina del Censo).
Si el ingreso promedio mensual por hogar en México es de 15 mil 507 pesos (de acuerdo con la ENIGH 2016 del Inegi), el salario presidencial en este país –usando el mismo criterio– sería de 103 mil 276 pesos. Esto es muy cercano a lo que ha propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Puede argumentarse, pues, que López Obrador tiene razón en la cantidad, pero no se ha escuchado de su parte un criterio para llegar a los 108 mil pesos mensuales de los que ha hablado luego de ganar la elección. En campaña sólo dijo que ganaría “menos de la mitad de lo que gana el presidente Peña” y luego precisó que se trata de 40% de dicho salario.
Tampoco creo que sea correcto que el Presidente fije su propio salario. Debería ser la Cámara de Diputados –encargada de aprobar el Presupuesto– o una entidad que eche mano de criterios objetivos. En cualquier caso, debe ser la ley la que prive, no el contentillo, como ha sido hasta ahora.
Para salir de este diferendo, podríamos revisar toda la escala salarial de los servidores públicos. Pero también debería ponerse a revisión cuántos funcionarios necesitamos realmente.
Pero no creo que se haga. Lo que está ocurriendo actualmente es una contienda política. Habrá vencedores y vencidos en esta lucha de Poderes, frente a la cual los ciudadanos somos meros espectadores. Información Excelsior.com.mx