Por Yuriria Sierra
Ya alguien levantó la mano. La semana pasada escribimos aquí sobre la urgencia de que la segunda vuelta electoral formara parte de la agenda, y de paso el voto obligatorio. Preguntamos si habría algún valiente con ganas de empujar lo más posible este asunto, debido a las condiciones en que se ganan las elecciones en nuestro país, con esos mediocres tercios que parecen ser suficientes para los partidos, pero que resultan ineficientes al momento de calificar la gobernabilidad que generan.
Y el primer valiente fue Ricardo Anaya, el presidente de Acción Nacional: “De 1994 a la fecha, ningún candidato presidencial ha contado con el apoyo mayoritario del electorado, es decir, con el respaldo de más de la mitad de la población (…) La experiencia comparada nos lo dice con claridad: alrededor del 70 por ciento de los países que elige directamente a su Presidente contempla la posibilidad de una segunda vuelta en caso de no obtener mayoría absoluta en la primera (…) Este esquema promueve también alianzas electorales para la segunda vuelta, que deberán traducirse en acuerdos estables de gobierno en caso de que el ganador no tenga mayoría en el Legislativo…”, dijo hace un par de días, en medio de la crisis postelectoral en la que su partido abandera la carrera por la anulación de la elección en Coahuila que, bajo un esquema democrático abierto, se pelearía en segunda vuelta, no en tribunales.
Lamentablemente, la mezquindad de los partidos políticos sale a flote cada que aparece un peligro para sus intereses. Ante la propuesta de irse a un periodo legislativo extraordinario para discutir y, en su caso, aprobar la segunda vuelta con la finalidad de aplicarla en la elección presidencial de 2018, de inmediato hubo quienes levantaron la mano… para darle la vuelta a la segunda vuelta. Legisladores del PRI, de Morena y del PT dijeron que ya era demasiado tarde para anotar más pendientes. El coordinador de los priistas en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que el último día para modificar leyes electorales fue el 31 de mayo, y que el PAN sólo busca crear una “cortina de humo” para distraer de los temas que, dice, importan, aunque no se les vea prisa por resolver, como la designación del fiscal Anticorrupción. A lo mejor Gamboa no está tan enterado y no leyó hace un par de semanas a María Amparo Casar, aquí en las páginas de Excélsior, cuando reflexionó sobre la viabilidad y oportunidad de discutir sobre la segunda vuelta y los debidos tiempos: “Este escollo —establecido en el 105 constitucional— se superaría a través de un transitorio que exceptúe, por esta ocasión, la prohibición de modificar las leyes electorales 90 días antes del inicio del proceso electoral. Lo anterior, en el ámbito de la discusión de si todavía se está a tiempo de acoger la segunda vuelta. Tiempo hay. Otro tema es si ‘conviene’ adoptarla….”.
Parece que no les conviene. El PRI y Morena, con distintos pretextos, le sacan a la discusión de la segunda vuelta. Y tan diferentes que se ven unos de otros. Si los priistas dicen que hay otros temas urgentes, los de Morena aseguran que eso afectaría la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, tal vez piensan que el único con derecho a ponerse el pie es él mismo. Pero lo cierto es que no entienden nada. En varios países en el mundo está probado que una segunda vuelta electoral es mucho mejor idea que tener un gobierno que cuente con apenas 30% de apoyo, como ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales en nuestro país, y como ocurrió en Coahuila y en el Estado de México. Celebro que Ricardo Anaya busque poner este tema en la agenda legislativa, porque independientemente de las razones que lo estén motivando a ello, esta figura electoral sí daría nuevos bríos a una democracia nuestra, tan lastimada y tan necesitada de elementos que le abonen legitimidad. Información Excelsior.com.mx