Por Pascal Beltrán del Rio
Faltan dos meses para la toma de posesión del próximo Gobierno de la República y por ningún lado aparece un plan coherente y detallado para acabar con la violencia criminal que azota al país.
Los integrantes del equipo de transición, incluido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, insisten en que el eje de su estrategia será “atender las causas que originaron la violencia”.
Al hablar de ellas, se refieren casi exclusivamente a la pobreza. Sin poner en duda que ésta pueda ser uno de los componentes de la delincuencia, me pregunto por qué hay tan pocos señalamientos de su parte a la sistemática inobservancia de la ley como causante de la inseguridad que vivimos.
Está muy claro que la violencia en México —donde nuevamente se va a batir el récord de homicidios calificados este año— coincide con la descomposición de los cuerpos municipales de seguridad pública.
Los ayuntamientos y gobiernos estatales encontraron una excusa perfecta para no cumplir con su obligación constitucional de proveer seguridad a los habitantes de sus respectivas demarcaciones: el apoyo de las Fuerzas Armadas en esas tareas.
Hoy nos encontramos en un punto en que lo único que nos separa de una completa anarquía en muchas ciudades del país es el Ejército y la Armada.
No lo digo sólo yo. Lo ha venido reconociendo el propio López Obrador. Este sábado, en Tlatelolco, durante un mitin de su gira de agradecimiento, el Presidente electo repitió que no hay muchas opciones en este rubro. Regresar ahora a los militares a sus cuarteles, dijo, sería dejar a la ciudadanía en la indefensión.
Eso, lo he escrito aquí antes, es una muestra de sensatez por parte del futuro gobierno. En efecto, hay estados del país en los que la participación de los soldados y marinos en tareas de seguridad pública es irremplazable en estos momentos.
Pero no deja de ser un paliativo. Los militares, lo han dicho ellos mismos, no están para eso. Las fallas de los civiles han hecho que el Ejército y la Marina tengan que cargar una losa sobre sus hombros. Habría que retirárselas lo más pronto posible. Y eso sólo se puede hacer con un plan concreto de construcción de cuerpos policiacos confiables.
De eso muy poco han hablado las futuras autoridades. Me pregunto cuánto dinero se destinará a ello en el próximo presupuesto federal.
Durante el mismo mitin en Tlatelolco, se dio a conocer que el próximo gobierno federal ayudará al próximo gobierno capitalino a pagar los programas sociales que se van a poner en marcha.
Me hubiera gustado escuchar que lo ayudará con recursos para reforzar la seguridad pública. La Ciudad de México vive actualmente una escalada criminal, con cerca de 600 asesinatos dolosos en el primer semestre del año, un 20% de aumento respecto del año pasado.
Por ejemplo, ¿qué va a hacer el próximo gobierno para detener la proliferación de armas de fuego en la capital y otras entidades del país?
Tampoco se ha escuchado prácticamente nada al respecto. Las autoridades futuras tienen un extraño enfoque sobre la violencia que se vive: hablan de ella como si México estuviese saliendo de un conflicto armado de corte ideológico y lo que se requiere es pacificar y reconciliar a los bandos en pugna.
El sábado, López Obrador mezcló la conmemoración de la masacre de Tlatelolco con el combate a la inseguridad que vive el país, dos temas diametralmente distintos.
La semana pasada, en este espacio, preví que una cosa semejante ocurriría con motivo del cincuentenario del 2 de octubre de 1968. Y así fue. López Obrador dijo que el Ejército nunca más se usará para reprimir al pueblo, pero en el mismo discurso habló de sumar a los militares en una “fuerza de paz”, mediante la limitación del uso de la fuerza.
“Ahora ellos tienen que ayudarnos sin el uso de la fuerza (…) para garantizar la seguridad interior y la seguridad pública”, dijo.
Y habló de la creación de una “Guardia Civil a nivel nacional”. Ya no se refirió a la Guardia Nacional, como hizo en campaña, pues esa figura está contemplada en la Constitución, pero no con el propósito que él busca. Quizá por los señalamientos que al respecto hicieron algunos constitucionalistas, ahora habla de Guardia Civil.
A dos meses de la toma de posesión, la violencia criminal arrecia en muchos lugares del país y no da la impresión de que esto cambiará automáticamente con la alternancia.
Es evidente que casi nada de lo que se ha hecho en el pasado para contenerla ha funcionado. Pero la solución tampoco parece ser pedirle a soldados y marinos que bajen sus armas frente a los delincuentes que los atacan sin misericordia, sino teniendo un diagnóstico puntual de lo que nos ha llevado a esto. Información Excelsior.com.mx