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Por Francisco Garfias
La cara de Andrés Manuel López Obrador reflejaba incomodidad, impaciencia, desaprobación. El gesto de seriedad no se apartó de su rostro. Era evidente que no se sentía a gusto en el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar.
Ni siquiera se quedó a la comida. Algo así como un desaire calculado hacia quienes ha calificado de “deshonestos” por recibir, dice él, salarios de 600 mil pesos mensuales. Los ministros ya le dijeron que “ni remotamente” ganan esa cantidad.
El calificativo de “deshonestos” vino inmediatamente después de que el ministro, Alberto Pérez Dayán, suspendiera la aplicación de la ley que prohíbe a los funcionarios públicos ganar más que el Presidente.
“Deberían quitar el retrato de Juárez”, sugirió AMLO.
La cara del Presidente se transformó apenas abandonó la sede de la Corte. Reapareció la sonrisa. Los actos protocolarios no son lo suyo. Lo suyo es la calle, la terracería, el apapacho a los desamparados.
AMLO, es cierto, aguantó las indirectas, muy directas, de Luis María Aguilar. El presidente de la Corte le dijo, sin tapujos, que “si un juez no goza de independencia se convierte en mandadero”.
“Para el ejercicio digno de nuestra función, lo primero es defender nuestra independencia, real y absoluta”, dijo Aguilar.
El asunto de la baja de salarios en el Poder Judicial ya rebasó fronteras. La Barra Americana de Abogados (ABA), con sede en Washington, metió su cuchara. Considera esa reducción salarial como una “amenaza” directa a la independencia del Poder Judicial en México.
El Relator Especial sobre la Independencia de los Jueces y Abogados de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado que los salarios de los operadores de justicia deben ser acordes con la naturaleza de sus funciones y sus responsabilidades.
“Los operadores de justicia mal pagados son uno de los obstáculos para que puedan desempeñar sus funciones de manera independiente, libre de presiones de actores externos”, dice el documento de ABA.
Y remata: “Hacemos un llamado a las más altas autoridades políticas para preservar la independencia del Poder Judicial como uno de los pilares más importantes del Estado de derecho”.
El primero que bajó la palanca de alerta fue el emblemático Pablo Gómez. “El gobierno debería precisar la ausencia de la fracción VII del artículo 3º de la Constitución en su reciente iniciativa de reformas”, dijo el diputado de Morena.
Se trata de las universidades y su carácter autónomo que la ley les puede conferir. “Es evidente que no es admisible la supresión de ese precepto”, escribió en Twitter.
De inmediato brincaron opositores, académicos y hasta morenos. Pero AMLO calmó la tormenta que se avecinaba. Dijo que se trató de un error de los redactores de la reforma en materia educativa.
“Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad de gobernarse a sí mismas”, corrigió el Presidente.
Vaya sorpresa que se llevó el senador Juan Zepeda. De buenas a primeras le informaron que había sido destituido de la Comisión de Justicia, bajo el argumento de que su partido, el PRD, estaba sobrerrepresentado.
El amarillo sólo tiene cinco senadores. Le alcanza para meter uno en la Comisión. Pero son dos. Él y Miguel Mancera.
Morena aceptó la “sobrerrepresentación” mientras le convino, pero ahora que se va a discutir la terna para sacar al ministro que irá a la SCJN quiere a uno de los suyos en esa comisión.
A Zepeda le pasaron una tarjeta notificándole que ya no pertenecía a la Comisión que habrá de discutir próximamente la terna para elegir al sucesor de José Ramón Cossío en la Suprema Corte.
Ya es del dominio público que en esa terna hay dos mujeres muy vinculadas con Morena. Celia Maya García y Loreta Ortiz Ahl. La primera, incluso, fue candidata de ese partido.
Los morenos ni siquiera notificaron el cese de Zepeda a los coordinadores parlamentarios del PAN, Rafael Moreno Valle; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; el MC, Dante Delgado, y del PRD, Miguel Mancera. Son ellos los que deciden quién los representa en comisiones, de acuerdo con los lugares que les toquen.
El morenista Higinio Martínez salió a defender la destitución de Zepeda. “No es vetar a nadie, es un asunto y la ley lo dice claramente. La integración de las comisiones se hará de acuerdo con la proporcionalidad”.
Pero los morenos quieren la proporcionalidad “en los bueyes de mi compadre”.
El priista Jorge Carlos Ramírez Marín balconeó las comisiones en que los guindas están sobrerrepresentados.
“Se dice aquí que regresar al camino de la legalidad por el tema de la sobrerrepresentación. Pues extraño que sólo sea la Comisión de Justicia”, destacó.
Y preguntó:
¿Sabe la Asamblea cuál es la sobrerrepresentación de Morena en Minería? El 60 por ciento. ¿Sabe cuánto es la sobrerrepresentación en Relaciones Exteriores Asia-Pacífico? El 66 por ciento.
¿Sabe cuánto es su sobrerrepresentación en la Comisión de Reglamento y Prácticas? Del 60 por ciento.
No es un tema de proporcionalidad, sino de ‘conveniencia’.
La unilateral remoción de Zepeda lo único que provocó es que los senadores del PAN, PRI, MC y PRD abandonaran la sesión.
Está claro que Morena equivoca el camino. El “mayoriteo” sólo ha cohesionado a los grupos de oposición. Vienen reformas a la Constitución en varias materias. Los guindas y sus aliados no alcanzan la mayoría calificada requerida (dos tercios.) Polarizar sólo complica las futuras negociaciones. Información Excelsior.com.mx