Por Yuriria Sierra
Gran trabajo en el Legislativo. Gran trabajo de la sociedad civil. Posiciones y posturas apenas para la importancia del tema que se discutía. Nadie ganó todo, nadie perdió todo. El ejercicio democrático en más pura esencia: diálogo y consenso. Todas las fuerzas políticas enviaron el dictamen de Guardia Nacional a la Cámara de Diputados. Votación unánime resultado del trabajo político que construye instituciones, que da fuerza al Estado. Los senadores lograron lo que parecía impensable, lo que, incluso, ya se veía como la gran decepción de la nueva administración, la imposición de un mando militar ampliamente criticado, no sólo por opositores y actores de la sociedad civil, sino también por instancias internacionales. Finalmente, el dictamen aprobado dará una Guardia Nacional que “combatirá la inseguridad en el país, salvaguardará la vida, la libertad, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas”. A cargo estará una Coordinación Interinstitucional; tendrá un mando civil —el punto más álgido en esta discusión— y no militar; estará conformada por elementos de la Policía Federal, militar y naval. Al menos 35 mil militares y ocho mil marinos pasarán a sus filas, recibirán formación basada en una “doctrina policial fundada en servicio a la sociedad, disciplina, respeto a los derechos humanos y adiestramiento en labores policiales y uso de la fuerza”. Esta Guardia implica 13 reformas constitucionales.
El punto más importante de todos, decíamos, el mando civil, pero también es que todo el tema de la militarización, la presencia del Ejército en las calles, quedó solamente en artículos transitorios, no entrará al cuerpo de la Constitución, su presencia no será permanente. En el dictamen, que ya queda en manos de los diputados, se plantea que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles máximo cinco años, tiempo que dan para que se establezca la nueva institución que quedará a cargo de la seguridad pública.
El resultado es un triunfo para la democracia de este país. Es un ganar—ganar, el Ejecutivo tiene la presencia militar que quería, con todas la regulaciones que los militares esperaban, pero los castrenses no se van a quedar para siempre a cargo de la seguridad pública, como la oposición y las organizaciones de las sociedad civil criticaban por los enormes riesgos que esto traía. Fue un acuerdo redondo. Es gran triunfo para todos los involucrados. Es un acuerdo sensato para todos. Y esto no habría sido posible sin el trabajo dentro y fuera del Congreso. Se reconoce la labor política con la que Ricardo Monreal (Morena), Mauricio Kuri (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Miguel Ángel Mancera (PRD), Dante Delgado (MC) y Raúl Bolaños Cacho (PVEM) y sus respectivas bancadas. Así como el intenso cabildeo de la sociedad civil, de figuras como María Elena Morera, Alejandro Madrazo, Maité Azuela, Catalina Pérez Correa y colectivos que no cesaron en su lucha para evitar la militarización del país. Lo mismo la voz de Tatiana Clouthier, quien desde el minuto uno en que inició este proceso fomentó el debate urgente dentro de la bancada morenista y, con ello, abrió la puerta para el resto de voces que pedían la revisión del dictamen original enviado por el Ejecutivo.
De eso se trata la democracia: todas las partes, no sólo la mayoría del gobierno, su importante mayoría legislativa, y la sociedad civil se hicieron escuchar. Se respetó la división de Poderes, pese a la advertencia de López Obrador sobre su negativa a aceptar leyes que no resuelvan el problema de inseguridad. El acuerdo alcanzado ayer, es una revitalización de la democracia nacional. Se evitó una innecesaria confrontación, pues los pendientes como los que hay en nuestro país requieren soluciones que sólo pueden darse a través del consenso democrático.
ADDENDUM. Y justo donde parece no haber coincidencia es en lo referente a la austeridad. Al parecer, no todos al interior del gobierno están de acuerdo con aquello de ganar menos que el Presidente. Es el caso de Joaquín Jesús Díaz Mena, delegado federal de Desarrollo Social. En su declaración patrimonial y de intereses afirma que gana 227 mil 155 pesos mensuales, más del doble de lo que recibe López Obrador. No sólo eso, el documento revela que sus 18 años de carrera política, en donde ha fungido como alcalde y diputado local y federal, le han permitido formar un patrimonio de cinco propiedades y cuatro vehículos… más lo que acumule con su nuevo sueldo. Información Excelsior.com.mx