Deportados

Pascal Beltrán del Río

Este fin de semana, Donald Trump dio un paso más en sus intenciones de convertir a su país en una fortaleza a prueba de migrantes.

El Presidente estadunidense firmó una orden ejecutiva prohibiendo la entrada de musulmanes con pasaporte de alguno de entre siete países de Asia Central, Oriente Medio y el norte de África, incluso de refugiados de guerra previamente admitidos y de quienes ya fuesen residentes de Estados Unidos.

Días antes, había dado a conocer otro decreto en el que limitaba las excepciones de quienes son considerados deportables.

Dicho documento, que se hizo público en plena visita de una delegación mexicana de alto nivel a Washington, llamó la atención por ordenar el inicio de la construcción del muro fronterizo, pero contemplaba también el reforzamiento de las deportaciones, que el presidente Barack Obama ya había incrementado a niveles sin precedentes.

La Casa Blanca tiene el poder de dirigir los esfuerzos de las autoridades migratorias hacia blancos prioritarios. Tradicionalmente ha tenido que elegir qué tipo de personas son sujetas a la acción de deportación y cuáles no.

Esto es por la sencilla razón de que no existe presupuesto suficiente para perseguir a todas las personas que han entrado en el país sin la documentación necesaria o han permanecido más tiempo que el que tenían autorizado.

Incluso cuando han detenido a algún migrante que no forma parte de su lista de prioridades —personas con antecedentes penales, por ejemplo—, las autoridades solían desistir o dejaban el caso pendiente sin ejercer acción alguna.

Sin embargo, las instrucciones a los agentes migratorios acaban de cambiar drásticamente. La orden ejecutiva de Trump los instruye a detener y deportar a prácticamente cualquier persona sin documentos de estancia en regla.

Incluso aumenta el número de casos en que alguien puede ser detenido para someterlo a la revisión de sus papeles.

Para lograr esto, Trump ordenó la contratación de mayor personal de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Control Migratorio y Aduanas, conocida como ICE, por sus siglas en inglés.

Pero el Presidente estadunidense parece haber olvidado un detalle: los migrantes indocumentados que son detenidos y sometidos a un proceso de deportación deben aparecer ante un juez a menos de que renuncien expresamente a ese derecho.

Ahí es donde los planes de Donald Trump podrían venirse abajo.

Actualmente las cortes de migración —una instancia administrativa que depende del Departamento de Justicia— tienen un rezago que rebasa los 533 mil expedientes.

De éstos, 127 mil corresponden a ciudadanos mexicanos, de acuerdo con datos oficiales.

Este rezago hace que el número promedio de días que toma concluir un juicio sea de 678. En el caso de los mexicanos es aún mayor: 907 días.

En 2002, el número de casos de deportación rezagados en las cortes migratorias era de 166 mil. Ese crecimiento se debe a que los recursos para detener a los migrantes se cuadruplicaron durante ese lapso, mientras que los de las cortes crecieron sólo 74 por ciento. Únicamente hay 296 jueces para atender todos los casos. Se necesitarían 524 para terminar con el rezago en 2023. Y en caso de que no haya más contrataciones, se estima que el número de juicios pendientes llegaría a un millón en 2022.

Además, los migrantes detenidos —diario hay 36 mil, repartidos en 200 centros especiales y cárceles a lo largo del país— cuestan al erario estadunidense cientos de millones de dólares al año.

Los grandes ganadores de esta situación son los contratistas privados, como el GEO Group, que tuvo ingresos por mil 400 millones de dólares en 2014, de los cuales 86% salieron de impuestos.

Los planes de Trump amenazan con poner en jaque a un sistema migratorio que ya está rebasado en sus distintas etapas, particularmente en la de impartición de justicia.

Eso da una ventaja a los migrantes mexicanos, cuyos casos rezagados representan casi la cuarta parte del total.

Si bien es cierto que los trabajadores indocumentados están amenazados, su mejor arma es la defensa legal.

Abogados especialistas como Brian D. Lerner recomiendan a los migrantes detenidos jamás firmar un papel y buscar inmediatamente ayuda legal. Información Excelsior.com.mx