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La Comisión de Derechos humanos emitió una recomendación a la Fiscalía General del Estado por abuso de poder, por parte de agentes de la entonces Policía Ministerial, tras un caso de ‘presunto’ de robo.
Los hechos se derivaron de un “pleito” entre pareja en donde la mujer falsificó firmas para quedarse con los bienes de su marido, en un procedimiento de divorcio ante el juzgado familiar oral.
El afectado José de León indicó que su aún esposa ha fabricado en su contra denuncias penales en el Ministerio Público, pero que las investigaciones comprobarán que son apócrifas.
Añadió que ante la negativa solicitarán ante un juzgado de control que ordene a la Fiscalía que realice las investigaciones de la denuncia que él ha presentado, ya que no ha hecho nada y solicitar al tribunal familiar que detenga el proceso de divorcio hasta que se resuelva este asunto.
La recomendación 1/2018 es extensiva a la Secretaria de Seguridad Pública debido a la Policía Ministerial desapareció para transformarse en la Policía Estatal de Investigación que depende de la SSP para que se cumpla.
En su punto medular, la recomendación ordena que se devuelvan a los quejosos cuatro vehículos que fueron decomisados indebidamente por los entonces policías ministeriales y se ordene el no ejercicio de este asunto, peticiones que la Fiscalía no ha cumplido a pesar de que se ha demostrado no hay datos de prueba y la acusación es falsa.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2015, cuando los agentes ministeriales fuertemente armados irrumpieron en un predio de los quejosos, entre los que estaba una menor de edad, a quienes arrestaron por un presunto robo denunciado por Norma G., en contra de aun cónyuge José de León.
En esos hechos, los policías decomisaron cuatro vehículos, detuvieron a todas las personas que estaban en el lugar, y se llevaron más de 160 mil pesos en efectivo, mientras revisaban toda la casa en busca de las presuntas alhajas robadas.
El afectado informó que su aún esposa promovió procedimiento especial de Divorcio sin Causales, ante el Juzgado Tercero de Oralidad vespertino en Mérida, que quedó con el número 685/2014.
Sin embargo, según la acusación, Norma ha incurrido en fraude procesal y otros hechos posiblemente delictuosos. Ya que con maquinaciones y engaños, logró que no se llegara a una compensación, al disolver la sociedad conyugal, al ahora denunciante sobre el dinero y propiedades que acumularon durante su matrimonio.
El afectado señaló que cuando estaban casados lograron hacerse de propiedades, poner negocios, comercios de venta de bisutería y por ende cuentas bancarias. Pero en contubernio con sus abogados, la mujer inventó documentos y situaciones para aparentar ante el tribunal familiar que todo es de ella, por lo que incurrió en un fraude procesal.
Incluso, el afectado José de León solicitó al Ministerio Público que giré un oficio al juez tercero de lo Familiar Oral para que éste interrumpa ese juicio hasta que se resuelva esta demanda pena a fin de comprobar que lo actuado en ese expediente por Norma es falso.
También solicitó al Ministerio Público que el citado juzgado familiar le remita copias certificadas del expediente de divorcio, a fin de que se puedan realizar peritajes y dictámenes en documentos para acreditarla falsedad de los mismos. Información Sipse.com
