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Por: Francisco Garfias
Esta ley, atorada en el Congreso, pretende dotar de un marco jurídico la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado.
Los militares realizan, desde hace más de una década, tareas propias de las policías.
“El ombudsman ni está allá ni está acá. Hace unas semanas nos pidió que se detuviera la Ley de Seguridad Interior; entonces dijimos: ‘bueno, pues si se detiene, que se retiren los militares’.
“Luego nos dice: ‘No, no, que se retire la Ley de Seguridad, pero que no se retiren los militares’. ¿Pues entonces qué quiere?”, preguntó, irritado, el legislador del PVEM.
Escudero nos dijo que González Pérez tiene que ir al Senado o a la Cámara de Diputados a exponer personalmente su postura frente al delicado tema. “No puede venir un visitador a hablar de eso. Él tiene que asumir esa responsabilidad”, subraya.
Ya encarrerado, rechazó, tajante, que la citada ley constituya un paso para la militarización del país, como afirman sus detractores.
“Al contrario, a lo que obligamos es a que los militares regresen a sus cuarteles y a que los gobernadores asuman sus policías y los capaciten. Nadie está capacitando a sus policías”, puntualizó.
Precisó que la ley va a precisar cuándo, dónde y por cuánto tiempo estarían soldados o marinos en las zonas donde su intervención sea requerida .
Tenemos copia de un ejemplar del periódico poblano Página Negra, que en su primera plana publica que nueve ediles del estado están en la mira de las autoridades por nexos con el robo de combustibles y el crimen organizado.
La nota viene con nombres y apellidos. Hay del PRI, del PRD, del MC y del PVEM.
Fuentes confiables del gobierno poblano, sin embargo, nos hicieron saber que sólo son cinco los que están en capilla. “Los dedos de una mano”, ilustraron.
Por esa razón no copiaremos los nombres ni los municipios que allí aparecen. Sólo confirmamos la existencia de #alcaldeshuachicoleros.
Nos mostraron también fotos de tráileres de conocidas empresas que cargan gasolina de los huachicoleros a orillas de la autopista. Pero sólo en una se puede ver claramente el nombre de la empresa: Restonic, “el colchón de tus sueños”.
Hay que reconocerle a Morena sus rápidos reflejos para neutralizar el daño que les provocó Eva Cadena, alias #ladyrecaudadora.
Sus diputados solicitaron a la Junta de Coordinación Política, órgano de Gobierno en San Lázaro, un periodo extraordinario de sesiones para desaforar a diputada local que recibió dinero dizque para apoyar a López Obrador.
Hay más: Morena fue el único partido que denunció ante la Fepade a su excandidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, recordó el diputado de ese partido, Vidal Llerenas Morales.
A raíz de la denuncia, la Fiscalía solicitó el juicio contra Cadena, quien fuera balconeada, billete en bolsa, en tres diferentes videos.
El PRI, en contraste, boicoteó el desafuero del tesorero de Javier Duarte, Antonio Tarek, con el argumento de que estaba amparado.
Ya hay un antecedente similar. La Cámara de Diputados convocó a periodo extraordinario para desaforar a Lucero Guadalupe Sánchez López, alias La Chapodiputada.
La escena tiene clasificación X. Una escultural bailarina realiza un baile erótico a un cincuentón que, sentado en una silla, constantemente se toca la cara ante los sensuales movimientos de la chica.
En algún momento hasta le muerde la tanga, le agarra el trasero y la mujer le muestra el busto.
El video, grabado aparentemente en un local de Playboy en México, se hizo viral en redes sociales, junto con la cuestionada afirmación de que se trataba del gobernador panista de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis.
El parecido con el hombre del “sexy dance” es real, pero el gobierno de BCS ya desmintió, categórico, que se trate del gobernador de la entidad.
“Es una calumnia”, calificó el vocero del gobierno estatal, Jesús Sobarzo.
El portavoz, además, solicitó una aclaración a la cuenta de Twitter @MéxicoPost, donde apareció por primera vez el video.
“Se trata de un infundio que daña la imagen de @cmendozadavis @JosefinaVM @RicardoAnayaC”, aseguró.
Y exhortó a los medios que difundieron el video y la información, sin verificar si realmente era el gobernador, a aclarar a su público que se trató de un rumor mal intencionado.
“Nos reservamos el derecho que nos asiste para proceder legalmente contra quien o quienes, dolosamente, propagaron esa información”, advirtió.
A las 21 horas revisamos la cuenta de Twitter de @MexicoPost. El video había desaparecido, pero no había aclaración alguna sobre el tema.
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