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Los periodistas promoverán el desarrollo de un debate dinámico y sabrán aprovechar la innovación del formato: Consejero Nacif
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de Gabriela Warkentin de la Mora, Leonardo Curzio Gutiérrez y Carlos Puig Soberón como moderadores del Tercer Debate Presidencial, a realizarse el próximo 12 de junio en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, Yucatán, por su probada trayectoria en el ejercicio periodístico o análisis político, experiencia en conducción de programas noticiosos, de debate en medios electrónicos y conocimiento de los temas de la coyuntura nacional.
El presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nacif, aseveró que los tres periodistas propuestos “formarán un buen equipo, con un balance que será atractivo para la audiencia”, y confío que “promoverán el desarrollo de un debate dinámico y que sabrán aprovechar la innovación” del formato, en el que se destaca la inclusión de preguntas ciudadanas por medio de las redes sociales.
El Consejero Nacif aclaró que, en primera instancia, se había propuesto al periodista Javier Alatorre como uno de los moderadores, pero que éste declinó participar en virtud de compromisos profesionales ineludibles, contraídos con anterioridad.
Informó que el próximo lunes se celebrará el sorteo para el Segundo Debate Presidencial, con el propósito de designar el lugar que ocuparán la candidata y los candidatos en la escaleta, cuyo resultado se hará público; así como el correspondiente a los dos moderadores, el cual sí se mantendrá bajo confidencialidad hasta el mismo día del intercambio de propuestas, el próximo 20 de mayo, en Tijuana, Baja California.
Con esta determinación sobre el Tercer Debate Presidencial, consejeras y consejeros buscan que haya un equilibrio en la participación de los moderadores y que la y los candidatos presidenciales tengan oportunidad de interactuar con todas las figuras de moderación y con el público en redes sociales.
Según las reglas básicas del Tercer Debate Presidencial, este acuerdo tiene como objetivo modernizar el formato, incluyendo la flexibilización de los ejercicios democráticos, a fin de marcar una diferencia respecto de la manera en que previamente se han realizado.
El Consejo General aprobó también los lineamientos para reintegrar el remanente no ejercido del financiamiento público otorgado a los partidos políticos nacionales y locales para el desarrollo de sus actividades ordinarias y específicas, aplicable para el ejercicio 2018 y posteriores, en acatamiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y cuyo objetivo es establecer el procedimiento y los plazos para el reintegro al INE y/o a los Organismos Públicos Locales, de los recursos no devengados o no comprobados.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama, estableció los conceptos básicos del acuerdo: uno, la primera devolución de remanentes de financiamiento ordinario y de actividades específicas se dará en el año 2019 y corresponderá a los recursos públicos que hubiesen sido entregados a los actores políticos en el ejercicio fiscal 2018 y que no se hubieran gastado o comprobado; dos, la metodología de cálculo será aplicable a cada partido político nacional en relación con el financiamiento que reciba en el ámbito federal y con un cálculo independiente en lo local.
Tres, que el monto del financiamiento público ordinario será el que resulte de haber deducido todas las multas o sanciones que se apliquen al actor político en el ejercicio fiscal correspondiente. Cuatro, con la posibilidad de que los partidos políticos constituyan fideicomisos para contingencias y obligaciones, en específico para pasivos laborales y para inversiones inmobiliarias.
Cinco, el acuerdo establece la posibilidad de que se generen reservas para afrontar contingencias por pasivos laborales, ya sea para que los partidos políticos tengan recursos para cubrir demandas laborales, y para garantizar a sus trabajadores que les pagarán derechos adquiridos. Por último, el acuerdo especifica que, al concluir el Proceso Electoral en curso, se realizará un análisis integral al Reglamento de Fiscalización, con la finalidad de hacerlo funcional y armónico con estos lineamientos.
En otro punto del orden del día y en virtud de la renuncia de candidatas y candidatos, la autoridad electoral aprobó por unanimidad el acuerdo mediante el cual se sustituyen y registran candidaturas a senadurías y diputaciones federales.
Se trata de dos suplentes de candidaturas a senadurías por el Principio de Mayoría Relativa de la Coalición Todos por México —una en Chiapas y una en Guerrero—; y dos más por el Principio de Representación Proporcional —una por el Partido Verde Ecologista de México y una de Nueva Alianza—, así como ocho sustituciones en diputaciones por el Principio de Mayoría Relativa, dos de Nueva Alianza en la Ciudad de México; tres de la Coalición Por México al Frente en Chiapas y una en Tabasco, y dos más de la Coalición Todos por México, una en Chiapas y otra en el Estado de México.
Finalmente, se sustituyen y registran dos candidaturas a diputaciones por el Principio de Representación Proporcional: una del Partido del Trabajo y una de Nueva Alianza.
Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó por unanimidad el acatamiento a diversas sentencias del TEPJF, mediante las que se establecen sanciones económicas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a candidatos independientes, uno de los cuales pierde el derecho al registro; por irregularidades encontradas durante la revisión de informes de ingresos y gastos para el desarrollo de actividades en la obtención de apoyos ciudadanos.
